-
-
Uno de los últimos asesinatos de género se produjo en Lepe (Huelva) hace tres semanas. / Julián Pérez (Efe)
Giros dramáticos y, fuera de la discusión jurídica, poco comprensibles, como el sufrido por la granadina Juana Rivas o la madrileña víctima de la Manada, hacen moverse resortes de la sociedad y, siempre con lentitud, el poder legislativo modifica algunas leyes y llega una nueva conquista social.
Es el caso de la reforma de la Ley de Violencia de Género andaluza, que entre otras cosas pasa a considerar víctimas de género a los hijos usados por el agresor para hacer daño a su madre, como ocurrió con el caso Bretón. La norma entró en vigor el jueves después de que se publicara en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA). Al estar ya aprobada en el Parlamento, ni siquiera un repentino adelanto electoral impediría su vigencia.
Aunque a 27 de julio de 2018 el número de víctimas mortales de violencia de género se eleva en Andalucía a seis mujeres, la cifra de afectadas es mucho mayor. Con los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por delante, el número de denuncias interpuestas en 2017 en Andalucía se eleva a 35.398 (166.260 en toda España). Y esta es una cifra que va en aumento. La cifra no recoge todos los casos de agresión –faltan los que no se denuncian– pero ayuda a dar una idea de la dimensión del problema, explica la directora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, Ángeles Sepúlveda.
Esta cifra se disparó el año pasado, frente a la horquilla entre 26.000 y 30.000 denuncias de la década precedente. «Se rompe el silencio y se habla de un asunto que solo cuando se visibiliza se puede comprender y se le pueden poner medios para combatirlo», explica Sepúlveda, que descarta así que esté creciendo el número de casos, sino el de mujeres que se atreven a enfrentarse a la violencia.
La nueva norma, que regulará quiénes tienen derecho a una indemnización por haber padecido una agresión –o toda una vida de sometimiento– de género, explica la Consejería de Justicia e Interior, que la promovió, llega «después de que en toda España las mujeres salieran a la calle [en Sevilla, en una multitudinaria e histórica manifestación] el pasado 8 de marzo». Fue apoyada por todas las fuerzas políticas, salvo IU, que se abstuvo al considerar que la falta de memoria económica la puede dejar en mera declaración de intenciones, como explicó en el último pleno del Parlamento la diputada autonómica Elena Cortés, que considera insuficientes los 360.000 euros que se dedican ya a la lucha contra esta lacra desde la Junta.
Sepúlveda explica que la Ley andaluza contra la Violencia de Género se ha adaptado al Convenio de Estambul, una serie de recomendaciones de la ONU a los estados que, entre otras cosas, obliga a considerar víctimas de violencia de género a los menores, los ancianos o las personas dependientes o discapacitadas que convivan en el entorno violento y a las mujeres cuyos hijos sean asesinados como instrumento para hacerle daño.
También pasan a considerarse víctimas de la violencia de género las víctimas de la violencia sexual, con independencia de la relación con el agresor: así las mujeres violadas pasan a ser consideradas víctimas de género. Parece mentira, pero no entraban en estas estadísticas. También las víctimas de infanticidio y los delitos que estén relacionados con la prostitución y la trata.
El Convenio de Estambul fue firmado por España en 2014 y está en la base del pacto de Estado firmado en 2017, que no llega tan lejos como la ley andaluza y que también tiene en cuenta a las niñas en riesgo de mutilación genital, así como implicar a los hombres y niños en la cultura de la tolerancia, de ahí que la ley andaluza incluya medidas de reeducación y cursos obligatorios para la formación de profesionales.
Denuncia no obligatoria
La reforma de la ley también relaja el requisito de la denuncia para que una víctima sea reconocida como tal: bastarán los certificados de los Servicios Sociales, sanitarios o de centros públicos de atención a las víctimas.