-
A la izquierda, Francisco Javier Guerrero. / EFE
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 14 años de prisión para el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y su chófer Juan Francisco Trujillo por haberse apropiado de algo más de 1,3 millones de euros del fondo de los ERE, cuya devolución les reclama. El fiscal les acusa de que «un porcentaje importante» de ese dinero se destinó a «cocaína» y a la compra de «antigüedades» y otros objetos para el ex alto cargo. Además, les pide 30 años de inhabilitación, acusa a ambos de los delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos; y solicita seis años de cárcel para un socio de Trujillo y un mediador de una aseguradora.
Guerrero, uno de los principales acusados en los ERE que además estuvo dos veces en prisión por esta causa, concedió en 2004 las ayudas «sin tener competencia para ello». La Fiscalía destaca en su escrito de acusación que las subvenciones se tramitaron a través de tres empresas creadas solo para recibir el dinero y «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». Estas ayudas se otorgaron «sin la aplicación de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión de subvenciones y sin que se acreditare el carácter excepcional de las ayudas». Igualmente, dice el fiscal que se dictaron «resoluciones motivadas de la concesión de las ayudas ni de los requisitos exigidos a las sociedades beneficiarias», como tampoco «se sometieron a ningún tipo de fiscalización de la Intervención», ni se hizo «ningún tipo de seguimiento» de la aplicación de estos fondos.
Tres de las ayudas se aprobaron el 5 de febrero de 2004 y fueron de 450.000 euros como máximo para evitar que se tuvieran que aprobar por los órganos legales, recoge el escrito. El chófer, con el dinero recibido, no ejecutó ninguno de los proyectos de inversión ni contrató al personal previsto en las memorias, que «se aportaron para, de forma engañosa, justificar la concesión de las ayudas».
Por ello, la Fiscalía considera «evidente que en ningún caso las tres sociedades se constituyeron para iniciar una actividad empresarial, sino para canalizar para disposición de los encausados fondos públicos de la Junta de Andalucía». Y así fue como el chófer de Guerrero financió compras de inmuebles y fincas rústicas con fines especulativos, y entregó a su esposa 24.000 euros para que comprara una finca de Llanos del Sotillo (Jaén).
El ex director general, por su parte, recibió de su chófer entregas de efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína. Aunque estos gastos no se han podido cuantificar, el fiscal afirma que se destinó «un porcentaje importante».
La Junta por su parte, según el escrito de acusación al que tuvo acceso Efe, pide 5 años y 6 meses de prisión para Guerrero y le pide una multa de 1,9 millones de euros y 27 años de inhabilitación. Al chófer, le solicita la misma multa y 5 años y 9 meses de prisión.