La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, confirmó ayer la ratificación del acuerdo de la Junta con los sindicatos por el que la jornada de 37,5 horas semanales de los empleados públicos tendrá media hora al día de desempeño fuera del puesto de trabajo, en casa.
El consejo de gobierno informó la semana pasada al Tribunal Constitucional de este acuerdo entre la Hacienda andaluza y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, que permitirá cumplir el fallo del máximo tribunal que anula la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos andaluces que había aprobado la Junta hace 11 meses.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de gobierno, Montero señaló que este acuerdo incluye 35 horas presenciales de la jornada laboral y dos horas y media más cada semana para la preparación, organización de tareas, consulta e información de materias relacionadas con la actividad laboral, además de a la formación para el perfeccionamiento y desarrollo profesional.
Esto, explicó, se basa en «las plenas competencias» de la Junta para organizar la jornada, reconocida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía (artículo 76.2 letras a y b), así como en el Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 47), que dispone que las administraciones públicas establecerán la jornada general de trabajo de sus funcionarios.
Además, apuntó que su consejería es «la responsable» de hacer el seguimiento del cumplimiento de la jornada al completo, tanto la presencial como la no presencial.
«El lunes de la semana pasada [día 18] se alcanzó un acuerdo con los sindicatos y una vez ha sido remitido al Tribunal Constitucional, se ha ratificado en el Consejo de Gobierno», indicó Montero, quien destacó en que la Junta ha dado las máximas garantías de que se acata esta sentencia, lo que es, a su juicio, «compatible con la defensa de los derechos de los empleados públicos».
De esta manera, volvió a insistir en que el Gobierno central recupere en los próximos presupuestos generales del Estado las 35 horas para los empleados públicos en el conjunto del Estado. «Si no lo hace, deberá explicar por qué ha aprovechado los años de la crisis para liquidar derechos a los empleados públicos», advirtió.
Preguntada sobre el sistema para realizar el seguimiento del cumplimiento de la jornada, la consejera explicó que eso dependerá de cada sector y se realizará de manera anual. Al hilo de esto, detalló diferencias entre el control horario en el sector educativo, con horas lectivas y no lectivas; en el sanitario y en la administración general. «En cada sector se hará un seguimiento de la jornada no presencial con un control similar a la presencial», señaló.
Además, explicó que la Junta trabaja en un catálogo abierto de tareas y elementos de formación que pueden computar a efecto de la jornada, que se irá actualizando y estará disponible el 8 de enero de 2018, el primer día de horario habitual después de los días festivos en Navidades, en el que se aplicará la jornada de 37,5 horas.
La consejera también destacó que esta ampliación de jornada no supone un mayor salario: «Son negociaciones separadas», y recordó que, a pesar de esta modificación, «no se han producido despidos de ningún trabajador de los contratados por la aplicación de las 35 horas semanales en la administración de la Junta de Andalucía».
En el ámbito sanitario, se mantendrán los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria. Respecto al personal docente, se reorganizarán las tareas de la jornada para mantener las 20 horas lectivas y se considera como tal una hora de guardia este curso y dos en el 2018-2019. Por su parte, el horario de no obligada permanencia pasa de cinco a 7,5 horas.
La ratificación del acuerdo, de hecho, se produce una vez que concretado el sistema de seguimiento del cumplimiento de la jornada no presencial, y será la Consejería de Hacienda y Administración Pública la responsable de hacerlo, a través de los responsables directos de personal de cada departamento.
La consejera subrayó que la fórmula acordada con los sindicatos garantiza el mantenimiento del empleo para asegurar el nivel de calidad de los servicios públicos, de modo que no habrá despidos ni se rescindirán los contratos realizados durante los 11 meses de vigencia de las 35 horas semanales en la Junta de Andalucía.
Montero destacó que se remitió el contenido de este acuerdo al Constitucional para que haya «absoluta transparencia» y las «máximas garantías» de que se cumple la sentencia.