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Algunos de los asistentes a la manifestación de agricultores y ganaderos convocada por las organizaciones COAG, Asaja y UPA, frente al Ministerio de Agricultura de Madrid (España). / Europa Press
La organización Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, también implicada en las movilizaciones previstas para finales de este mes en Andalucía, ha insistido, tras las declaraciones del ministro Luis Planas sobre la revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria, en que para que de verdad esta funcione “ha de ser profunda y no solo impidiendo la venta a pérdidas”. En este sentido, señalan que el verdadero problema de la cadena alimentaria es la concentración de empresas entre industria y distribución. Concretamente, apuntan, el sector de la alimentación en España “está en manos de seis grandes grupos: Mercadona, Grupo Carrefour, Grupo Día, Grupo Eroski, Lidl y Grupo Auchan, que juntos suponen un 54,4% del volumen de ventas a nivel estatal”. “Concentraciones de este calibre”, recuerdan en la organización, “desembocaron en la directiva 2005/29/CE contra Prácticas Desleales en la cadena alimentaria, en un nulo poder real de negociación por parte de los productores”.
Unión de Uniones explica que “los problemas del campo están enquistados desde hace años y que ya han provocado que la organización se manifestara frente el Ministerio en marzo de 2015, septiembre de 2017 y noviembre de 2018” y que “a esta situación se ha llegado por un tema estructural, un mal funcionamiento de la cadena alimentaria y poca voluntad política por querer resolver el problema sin enfadar a la industria y la distribución”.
La venta a pérdidas, según la organización, que se usa como reclamo por la distribución, “no ayuda para nada a un reparto más justo de los beneficios de la cadena alimentaria; pero prohibirla, sin poner coto a las prácticas abusivas y al reparto del sector de la alimentación no resolverá el problema y puede, por el contrario, agravarlo”.
Como muestra de “la desconexión en la cadena que hay que corregir”, Unión de Uniones, cuya representante en Andalucía es la Asociación de Agricultores, Ganaderos y Manchoneros del Bajo Guadalquivir (Agama), con sede en Los Palacios y Villafranca, señala que en los años 2018 y 2019 los precios pagados a los agricultores solo subieron un 0,6%, mientras que los precios de la alimentación al consumidor aumentaron 4,7 veces más, y los precios a la exportación, 2,8 veces más.
Se precisa “un mensaje claro”
En este sentido, consideran que el Gobierno “tiene que mandar un mensaje claro a la cadena alimentaria de que tiene voluntad, no de intervenirla, sino de equilibrarla, y ese mensaje no llega con poco control o sanciones meramente testimoniales o que no se pagan”. La organización destaca la multa impuesta de 80,6 millones de euros por parte de la CNMC a industrias lácteas por conductas anticompetitivas en una reducción del precio que pagaban a los ganaderos por la leche cruda de vaca durante 10 años y por las que obtuvieron “un beneficio ilícito de 685 millones de euros”. En este contexto, dicen, “a quien incumple le compensa seguir con ese tipo de conductas, perjudicando no sólo a los agricultores y ganaderos y a los consumidores, sino también a toda la parte de la industria y la distribución que respetan las normas”.
Subidas exponenciales
Los productos agrícolas multiplicaron en enero su precio por más de cuatro desde su producción en el campo hasta su venta en el supermercado y los derivados de la ganadería (lácteos, huevos, leche) los triplicaron, según datos de COAG. El mayor abuso se da en las patatas, que se cotizan a 0,17 euros el kilo en origen y se venden a una media de 1,25 euros. Pero también las cebollas multiplicaron su precio por más de siete, al comercializarse a una media de 1,44 en los lineales frente a 0,20 euros en origen, mientras que los ajos, el repollo, las mandarinas y las naranjas multiplicaron por más de seis su cotización del campo a la mesa de los consumidores.
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, por su parte, han convocado un paro agrario una jornada de tractoradas y protestas el próximo 25 de febrero en la A-49, la A-92 y la AP-4, en defensa del futuro del campo, dada la "grave situación de falta de rentabilidad que atraviesan" sus explotaciones y el "hartazgo ante los ataques" al sector.