Casi 453.000 andaluces se beneficiarán hasta final de año del incremento del 15% en el IMV y las pensiones no contributivas, entre las 357.180 personas perceptoras del IMV y las 95.302 personas que cobran una pensión no contributiva de invalidez y de jubilación, que experimentarán una subida de unos 60 euros al mes.
Son algunas de las medidas contempladas en el Real Decreto-ley 11/2022 aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado 25 de junio y que comenzó a aplicarse ayer viernes 1 de julio, según ha indicado el Gobierno en un comunicado.
La normativa prorroga hasta diciembre el paquete de medidas del mes de marzo (Real Decreto-ley 6/2022) para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, y amplía con nuevas medidas la protección social especialmente para los hogares más vulnerables.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado que se trata de una normativa que "está enfocada en amortiguar la crisis derivada de la guerra en Ucrania, en beneficio de toda la sociedad pero muy especialmente para aquellas familias que están pasando por mayores dificultades a la hora de afrontar la factura de la luz y del encarecimiento de los precios en general".
Para Fernández, "se trata de una prueba más de que la prioridad del Gobierno de España es atajar la inflación sin que sea a costa de nadie, es decir, de una manera justa, sin que ninguna familia se quede atrás en el camino de la recuperación", ha precisado.
Otras de las medidas que se prorrogan son la bonificación extraordinaria de 20 céntimos por litro de combustible que empezó a funcionar el 1 de abril y que se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2022. La bonificación beneficia principalmente a los transportistas, pero también al resto de usuarios, que, en Andalucía tiene un impacto directo para más de 4,9 millones de usuarios.
También se prorroga la limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, impidiendo subidas superiores al 2%. Dicha limitación atiende a la necesidad de que la evolución del IPC por la guerra no se traslade al precio del alquiler. En Andalucía el número de hogares que viven en régimen de alquiler asciende a 3.257.700.
El Gobierno mantiene la prohibición de cortar el suministro eléctrico a consumidores en situación de vulnerabilidad y prorroga los descuentos extraordinarios vigentes del bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, situados en el 60% y el 70% de la tarifa regulada (PVPC), respectivamente. Asimismo, el Gobierno amplía hasta el 31 de diciembre de 2022 la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables.
La norma contempla la renovación automática del bono social eléctrico, que en Andalucía repercute sobre 238.377 personas. Los descuentos del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos se mantendrán hasta final de año.