Nadie sabe por qué, pero aquí los delitos que los angloparlantes llaman de ‘cuello blanco’ (White collar crimes) regatean el reproche popular aunque causen tanta alarma social que hasta preocupa a los políticos. La cultura latina hace que el crimen que castiga el Código Penal se asocie con violencia, sangre, intimidación y ese tándem fuerza-vulnerabilidad que el ciudadano constata entre delincuente y víctima.

El ‘cuello blanco’, no nos engañemos, es un delito de salón, tramado entre criminales -por qué no decirlo- que causan ruinas, despidos, fraudes, estafas... Sus víctimas, además de incontables inocentes, atacan la igualdad, la credibilidad del poder y de la autoridad que lo gestiona, la economía y los servicios públicos fundamentalmente. La corrupción y el ‘enchufismo’ hizo que el delincuente se sienta en despachos oficiales y lo ejecuten personas o grupos que comparten cargos o influyen sobre ellos.

Es decir, el mundo al revés. Antes, hace pocas décadas, la policía buscaba entre ‘habituales’ y/o ‘fichados’ a los sospechosos. Ahora, asistimos a redadas y registros en edificios públicos presididos por banderas autonómicas, municipales, la española y la europea.

¿Qué ha pasado?: El ‘cuello blanco’ de corruptos llenó banquillos de acusados que se creen impunes, protegidos por su partido y a salvo de cualquier castigo acaso por su ‘popularidad’, cargo, aforamiento, etc...

Sentado lo anterior viajamos a la autonomía ‘histórica’ más extensa y poblada de las españolas. Y se dice así no porque tenga más antigüedad que otras, sino porque accedió a su autogobierno por la misma vía que Galicia, Euskadi y Catalunya. Nos referimos, obviamente, a Andalucía.

La tierra que gobernó, desde su renacer autonómico, por el mismo partido. El PSOE disfrutó de mayorías absolutas o fue apoyado en la poltrona por IU o el PA, llamativamente partidos que desaparecieron del mapa político.

Para entender el ‘Caso ERE’ que titula este trabajo debemos retroceder hasta los ochenta del siglo pasado. El cambio político desde el franquismo y la provisoria UCD que supuso la irrupción del PSOE con Felipe González al presidir sucesivos gobiernos de mayorías absolutas durante sus tres primeras legislaturas tuvo empatía andaluza. Al incómodo -pero fiel- presidente ‘andalucista’ Rafael Escuredo (1979-1984) lo sustituyó el aparato con José Rodríguez de la Borbolla (1984-1990). A este lo amortizó el partido con quien el exdiputado Felipe Alcaraz llamara ‘candidato a palos’ Manuel Chaves (1990-2009). Al que fuera también Ministro y Vicepresidente del gobierno le sustituyó José Antonio Griñán (2009-2013) que tuvo que irse a Madrid, como Chaves, acosado por sumarios judiciales.

Unos y otros crearon, para no extendernos, con más o menos oficio una red clientelar de militantes, cargos institucionales, del partido y espabilados que merodean el poder a los que desviaban millones de euros ‘perdidos’ finalmente en telarañas societarias o empresas quebradas tras recibir subvenciones o generosos créditos blandos

Pocos saben que el PSOE andaluz aprendió a construir su arquitectura del nepotismo de uno de sus más encarnizados opositores. Nos referimos a Jesús Gil, un exitoso constructor que declaró, en 1991, que le salía más rentable ocupar la Alcaldía de Marbella que seguir pagando comisiones a concejales corruptos del PSOE. Dicho y hecho. Arrasa con el GIL en elecciones locales. Obtiene, además las alcaldías de Estepona y Casares (Málaga), La Línea (Cádiz), mayorías en Ceuta y Melilla y diputados.

La sustancia corrupta del que fuera también presidente del Atlético de Madrid hizo que su capricho, siempre lucrativo, chocara con el control del poder municipal. Sucesivos Secretarios del Ayuntamiento rechazaban las barbaridades que pretendió y ejecutó Gil en su cortijo, con la impagable ayuda de Roca y otros individuos cercanos del ‘capo’ gordinflón.

Las adversidades legales las subsanó Gil creando una empresa, Club Financiero e Inmobiliario, que nutrió del presupuesto municipal. Así evitaba el control de intervención y secretarios, fedatarios de la legalidad. Gil inauguró la ‘administración paralela’. La Junta, Diputación malagueña y el estado hicieron lo que pudieron y hasta donde pudieron contra Gil. El hombre, tras cometer el error de ganar elecciones en Ceuta y Melilla -donde hay tantos intereses ‘silentes’ como en Oriente Medio- fue encarcelado, también, antes de ser Alcalde. Le condenaron tras trágico derrumbe que sepultó a 58 personas en restaurante de Los Ángeles de San Rafael (Segovia) en 1969. Franco le indultó cuando llevaba meses preso.

Si decíamos que Escuredo y Borbolla fueron ‘incómodos’ fue porque no retornaron lo suficiente al partido que les dio la batuta andaluza. ‘Pepote’ Borbolla fue, no obstante, el configurador del clientelismo del poder. Órganos como la Cámara de Cuentas y Consejerías de Hacienda, Presidencia, Obras Públicas, Educación y Salud se fidelizaron con directivos-comisarios a las órdenes del ‘politburó’ socialista. Desde Madrid actuó, implacable, el Vicepresidente Alfonso Guerra. El que repetía estar de ‘oyente’ en el gobierno y que ‘quien se movía, no salía en la foto’.

Chaves y Griñán siguieron ese guión por lo constatado. Los funcionarios vocacionales, los técnicos que aprobaron oposiciones aplicando talento y esfuerzo vieron, desde los noventa del pasado siglo, recibían órdenes de cargos de origen digital, de confianza, contratados con urgencia o compartían dependencias de incontables interinos a los que ’creaban’ plazas. Digamos que esto siempre pasó, el nepotismo, pero de cuatro ballenas pasamos a cientos, miles de cachalotes.

La judicialización de procesos selectivos de empleo donde méritos y antigüedades acreditadas pesaban menos que otros atributos ligados al enchufismo, perder la Junta incontables contenciosos de opositores agraviados, sindicatos ajenos al circuito ‘oficial’ y pleitos de proveedores, contribuyentes etc... creó un sistema para hacer igual pero lejos del control normativo. Lejos de ser neutral, transparencia o ser objetivo.

Ahí fue cuando se construyó una ingeniería ‘corporativa’ de organismos, observatorios, fundaciones, agencias, empresas públicas o participadas y demás chiringuitos nutridos de fondos públicos. Se emuló al antaño enemigo Jesús Gil. Y ahí nacieron los ERE, Invercaria, fondos de formación, subvenciones, créditos ‘perdidos’. Y hasta allí llegó el clientelismo ordenado por el partido haciendo que despilfarro llegara a donde debía llegar. Una mínima parte iba al fin noble que se pretendía.

El juicio

La vista oral del ‘Caso ERE’ duró 1 año y 4 días en 152 sesiones. Se ventilaba el destino casi 1.000 millones de euros adjudicados son control oficial admitido por quienes lo distribuyeron. Los interventores, llamados a supervisar el buen fin de las partidas, se fragmentaron en sus testimonios. En el banquillo, además de los Ex presidentes Chaves y Griñán, se sentó una época de hacer política en Andalucía con más soberbia que razón.

Los delitos que se juzgaron fueron prevaricación (dictar -dolosamente- resolución administrativa a sabiendas de su injusticia o contraria a la ley) y malversación (autorizar desvío de fondos públicos adjudicados).

Quienes analizamos el fenómeno delictivo desde óptica distinta al jurista no obviamos que este caso acusa a los políticos por su incapacidad de admitir un mínimo de culpa o pedir perdón al ciudadano, pues además de ser acusados de los peores cargos por ser autoridad son, o han sido, cargos electos que deben explicar a los votantes qué han hecho con la neutralidad y objetividad que debe guiar su conducta oficial. Más humildad y disculpas lo hubieran agradecido los administrados tras pagar incontables impuestos.

La primera instructora del ‘Caso ERE’ Mercedes Alaya sufrió toda clase de contratiempos, obstáculos y descalificaciones por parte de los artífices de esa ingeniería emanada del poder andaluz para repartirse fondos en redes clientelares. Su sucesora, María Núñez Bolaños, ha enmendado en lo posible a Alaya con nuevas piezas del ‘caso ERE’, pero fue recusada por ser familiar de una directiva de ‘IDEA’, entidad que sustituye al sustituto del antiguo IFA-Instituto de Fomento de Andalucía.

Pilar Ordóñez, sustituta de Núñez Bolaños, ha desvelado un fraude por el mismo sistema que los ERE que cuadruplica el fraude y se reparte en varias Consejerías de la Junta. Este tema escandaliza más porque se está silenciando quizá para no calentar la interinidad del gobierno andaluz durante los últimos años pues no disfruta de amplias mayorías de antaño.

En un año habrá sentencia del ‘Caso ERE’, en un no sabremos qué pasará con los nuevos saqueos desvelados por una Juez tenaz a la que no sabemos si se le dirigirán tantos atasques como a su antecesora Alaya. Da que pensar descalificar al instructor judicial desde instancias políticas. Es más grave que esos ataques se originaran en sede parlamentaria. La división e independencia del poder ha estallado en suelo andaluz.

Post Data: Durante la vista oral del ‘Caso ERE’ el ceutí Ex Presidente Chaves, hijo de Coronel, replicó a las acusaciones que lo que quedó visto para sentencia ‘no correspondía a su ámbito de decisión’. Su sucesor Griñán, Ex Inspector de Trabajo madrileño, se sabe de carretilla alineaciones históricas del Atleti, su equipo, pero dijo no saber nada del tema ERE. La Ex Presidente Díaz repitió que su gobierno ‘no tiene mancha’. Ella vive de cargos del PSOE desde los 18 años. Bochornoso.