La llegada del coronavirus a España hace tres meses inició una situación caótica para los trabajadores de todos los hospitales del país que tenían que enfrentar una avalancha de contagios por la nueva enfermedad. El Gobierno dispuso rápidamente proporcionar a los profesionales los equipos de protección pertinentes para desarrollar su labor, aunque durante el primer mes de la crisis olvidó incluir a los celadores en el grupo de trabajadores que debían ir equipados.
Esta semana, tras haber trabajado durante un mes en una situación de genuino riesgo para su salud con equipos fabricados por ellos mismos, mientras enfrentaban las dificultades derivadas de una gestión de la crisis marcada por las imprecisiones, estos trabajadores se concentran en la Asociación Andaluza de Celadores con casi 1.000 asociados.
La situación crítica ha sido, de alguna forma, un empujón para el nacimiento de una asociación que se preocupara por los intereses y la situación del colectivo, cuya actividad laboral sigue regulada por el Estatuto de Personal no Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, Orden del Ministerio de trabajo de 5 de julio de 1971, un texto elaborado antes de la llegada de la democracia al país.
Este texto es fruto de su tiempo y refleja una realidad para este cuerpo de trabajadores muy distinta a la actual, casi 50 años después, como evidencia el artículo 11 «Vigilarán el comportamiento de los enfermos y de los visitantes, evitando que estos últimos fumen en las habitaciones...». Tanto es así, que el texto fue redactado considerando que los celadores solo podían ser hombres «realizarán excepcionalmente aquellas labores de limpieza que se les encomiende cuando su realización por el personal femenino no sea idónea o decorosa».