Cs pierde la confianza y exige una comisión de investigación de la Faffe

Otro zarandeo más a la legislatura que deja más cerca las elecciones anticipadas en Andalucía. Ayer Ciudadanos anunció que pedirá una comisión de investigación sobre el uso de las tarjetas de la fundación Faffe nada más se reanude la actividad parlamentaria tras el parón de agosto.

Cs apoya en el Parlamento hasta ahora al gobierno socialista, que se opone con uñas y dientes a esta comisión. El consejero de Empleo, Javier Carnero, compareció ayer en la cámara a petición propia para dar explicaciones sobre las tarjetas de la Faffe, usadas para pagar una juerga de 15.000 euros en un burdel hace ocho años. El aliado de legislatura de los socialistas fue tajante: «No nos ha convencido, ni a nosotros ni a nadie», espetó el portavoz de Cs, Juan Marín, tras escuchar cómo Carnero reconocía un gasto irregular de otra tarjeta de 23.000 euros. «Nos dirán que estamos generando inestabilidad, pero es la corrupción la que genera esa inestabilidad», zanjó el portavoz naranja en la rueda de prensa tras la comparecencia parlamentaria.

Esta tarjeta de los 23.000 euros está vinculada a la extinta Caja San Fernando y se solicitó en 2004 a nombre del exdirector de la Faffe, Fernando Villén. «No hemos recibido una respuesta oficial a la solicitud de información sobre esta tarjeta a La Caixa» –entidad que terminó absorbiendo a la antigua caja de ahorros de Sevilla y Jerez–, explicó el consejero.

«Solo información no verificable e inconexa, con el gasto y devolución entre 2005 y 2008 de cantidades por 23.000 euros que entendemos que son compensaciones de usos para temas personales».

Tras justificar los formularios, registros contables e incluso un curso de formación a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que manejaran un programa de contabilidad de la Junta, manifestó que el uso de esas tarjetas –la de 23.000 euros se suma a otra de Unicaja activada en 2009 con la que se pagó en la casa de citas– es «deleznable y nada lo justifica», aunque se reponga el dinero y en las auditorías, como destacó, no se ha detectado menoscabo de dinero público.

Ni al PP, ni a Podemos, ni a IU y, novedad, tampoco a Cs convencieron estas explicaciones. Marín dijo después de la comparecencia que solo sumando 15.000 más 23.000 euros ya estamos «ante algo mucho mayor de lo que se sabía hasta ahora». Los demás grupos también cargaron, con preguntas que coincidían: «¿Cuántas tarjetas de débito se dieron? ¿A quiénes se dio tarjeta? ¿Cómo podemos asegurar que la reposición en metálico de su gasto no provenía también de cuentas públicas? ¿Qué límite de crédito o de gasto tenían? ¿El titular era la persona, el cargo, la institución? ¿Por qué ha habido que pedir los extractos bancarios si las entidades los envían a los titulares? ¿Se pusieron en marcha mecanismos de control o auditorías tras la extinción de la Faffe? ¿No se supo nada entonces, en 2011? Y, sobre todo, planteada por Podemos (Jesús Romero) y la parlamentaria del PP Teresa Ruiz Sillero: los dos diputados preguntaron por los integrantes del «homenaje en un puticlub», un «hecho literalmente asqueroso», como lo calificó la popular, que enfatizó: «¿Cuántos golfos fueron esta vez? ¿Solo cuatro? ¿Alguno de ellos tiene algún cargo del PSOE actualmente, en la Junta, en la provincia, donde sea?». Ruiz Sillero acabó reclamando la «dimisión» de Carnero.

Y fue contestada con igual vehemencia por la parlamentaria socialista María Luisa Bustinduy, que defendió que su partido entrega a la Justicia «más documentos de los que le pide» y no rompe a martillazos los discos duros, en alusión a la actitud del PP en la trama Gürtel.

Otro zarandeo más a la legislatura que deja más cerca las elecciones anticipadas en Andalucía. Ayer Cs anunció que pedirá una comisión de investigación sobre el uso de las tarjetas de la fundación Faffe nada más se reanude la actividad parlamentaria tras el parón de agosto.

Cs apoya en el Parlamento hasta ahora al gobierno socialista, que se opone con uñas y dientes a esta comisión. El consejero de Empleo, Javier Carnero, compareció ayer en la cámara a petición propia para dar explicaciones sobre las tarjetas de la Faffe, usadas para pagar una juerga de 15.000 euros en un burdel hace ocho años. El aliado de legislatura de los socialistas fue tajante: «No nos ha convencido, ni a nosotros ni a nadie», espetó el portavoz de Cs, Juan Marín, tras escuchar cómo Carnero reconocía un gasto irregular de otra tarjeta de 23.000 euros. «Nos dirán que estamos generando inestabilidad, pero es la corrupción la que genera esa inestabilidad», zanjó el portavoz naranja en la rueda de prensa tras la comparecencia parlamentaria.

Esta tarjeta de los 23.000 euros está vinculada a la extinta Caja San Fernando y se solicitó en 2004 a nombre del ex director de la Faffe, Fernando Villén. «No hemos recibido una respuesta oficial a la solicitud de información sobre esta tarjeta a La Caixa» –entidad que terminó absorbiendo a la antigua caja de ahorros de Sevilla y Jerez–, explicó el consejero.

«Solo información no verificable e inconexa, con el gasto y devolución entre 2005 y 2008 de cantidades por 23.000 euros que entendemos que son compensaciones de usos para temas personales».

Tras justificar los formularios, registros contables e incluso un curso de formación a los guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que manejaran un programa de contabilidad de la Junta, manifestó que el uso de esas tarjetas –la de 23.000 euros se suma a otra de Unicaja activada en 2009 con la que se pagó en la casa de citas– es «deleznable y nada lo justifica», aunque se reponga el dinero y en las auditorías, como destacó, no se ha detectado menoscabo de dinero público.

Ni al PP, ni a Podemos, ni a IU y, novedad, tampoco a Cs convencieron estas explicaciones. Marín dijo después de la comparecencia que solo sumando 15.000 más 23.000 euros ya estamos «ante algo mucho mayor de lo que se sabía hasta ahora». Los demás grupos también cargaron, con preguntas que coincidían: «¿Cuántas tarjetas de débito se dieron? ¿A quiénes se dio tarjeta? ¿Cómo podemos asegurar que la reposición en metálico de su gasto no provenía también de cuentas públicas? ¿Qué límite de crédito o de gasto tenían? ¿El titular era la persona, el cargo, la institución? ¿Por qué ha habido que pedir los extractos bancarios si las entidades los envían a los titulares? ¿Se pusieron en marcha mecanismos de control o auditorías tras la extinción de la Faffe? ¿No se supo nada entonces, en 2011? Y sobre todo, planteada por Podemos (Jesús Romero) y la parlamentaria del PP Teresa Ruíz Sillero: Los dos parlamentarios preguntaron por los integrantes del «homenaje en un puticlub», un «hecho literalmente asqueroso», como lo calificó la popular, que enfatizó: «¿Cuántos golfos fueron esta vez? ¿Solo cuatro? ¿Alguno de ellos tiene algún cargo del PSOE actualmente, en la Junta, en la provincia, donde sea?». Ruíz Sillero acabó reclamando la «dimisión» de Carnero.

Y fue contestada con igual vehemencia por la parlamentaria socialista María Luisa Bustinduy, que defendió que su partido entrega a la Justicia «más documentos de los que le pide» y no rompe a martillazos los discos duros, en alusión a la actitud del PP en la trama Gürtel.