La abogada Encarnación Molino, que ejerce la defensa del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha asegurado que si el interventor delegado en la Consejería de Empleo hubiese fiscalizado los expedientes administrativos de las ayudas y los hubiese reparado "muchas cosas y muchos dolores de cabeza se hubieran evitado".
Así lo ha expuesto la letrada en su informe final, cuya exposición ha continuado en la sesión de este miércoles, que ha comenzado con una llamada del presidente del tribunal de la Sección Primera, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, a las defensas para que no invoquen jurisprudencia sobre el tipo delictivo que "ya conocen" los miembros de la Sala y no reiteren sentencias "en aras de no dilatar el proceso".
Molino ha defendido que el interventor delegado en Empleo "no sólo podía, sino que debía haber fiscalizado" los expedientes administrativos de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo, pues, como han indicado testigos y peritos, se podía haber fiscalizado los expedientes de las transferencias de financiación de fondos del programa presupuestario 31L desde Empleo hasta el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para materializar las ayudas, que sí se fiscalizaron, pero también los expedientes de concesión de ayudas, que en este caso no se realizaron.
Frente a las tesis de las acusaciones y de la Intervención General de la Administración del Estado de (IGAE) que no se podía fiscalizar las ayudas "por la falta de crédito" al haberse fiscalizado las transferencias de financiación, Molino ha insistido en que sí se podían fiscalizar y por esa falta de crédito se debían haberse reparado.
Tras exponer el recorrido de los convenios particulares para la concesión y pago de las ayudas firmados entre la Dirección General de Trabajo e IFA/IDEA, en virtud del convenio marco de 2001, y todos los cargos por los que eran vistos y analizados por el ente público, entre ellos, la asesoría jurídica y la financiera, la abogada se ha preguntado "por cuántas manos pasaban los convenios o cómo se puede hablar de opacidad si los convenios los veía todo el mundo", cuestionando: "¿Se prevaricaba con luz y taquígrafos".
En este sentido, ha afirmado que fueron "muchos los funcionarios que los vieron y no detectaron irregularidades ni resoluciones prevaricadoras" en IFA/IDEA, cuya presidencia asumió Vallejo durante su tiempo como consejero de Innovación, desde 2004.
Además, ha añadido el control de las ayudas era del interventor delegado en Empleo y el interventor delegado en el Control Financiero Permanente de IFA/IDEA "y no hicieron recomendación alguna", por eso "sorprende" que el ex interventor general Manuel Gómez, encausado en este procedimiento, dijera que "Vallejo pudo y debió paralizar el pago de los convenios".
En este sentido, ha asegurado que los convenios, "meras órdenes de pago, no son resoluciones administrativas prevaricadoras", ni hay irregularidades en ellos. Ha negado que en los presupuestos de IFA/IDEA existieran "gastos falsos o ficticios" como aseguró Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de auxilio judicial pertenecientes a la IGAE, como consecuencia del envío de fondos de las transferencias de financiación y consignarlos como ingresos, teniendo que equilibrar las cuentas del ente.
"Aquí no se juzga un delito de falsedad", por lo que estas acusaciones son "insostenibles". Para Molino, lo que existe es "un desajuste entre presupuestación y contabilización" y ha asegurado que "lo que se hacía era pagar".
Precisamente sobre las transferencias de financiación, "materia oscura, polémica y controvertida", ha señalado que las acusaciones parten, "sin explicación", de "una verdad absoluta" y es que sólo se podían usar para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de los entes públicos, en base al artículo 18 de la ley de acompañamiento para el presupuesto andaluz de 2002; así como que el uso de este instrumento para pagar las ayudas era por una "ilícita y fraudulenta presupuestación para llevar al engaño al Parlamento".