El pleito lo lideran los exalcaldes de IU Julio Anguita y Andrés Ocaña. «Se ha usurpado un bien de la ciudad» y el Ayuntamiento «no ha estado a la altura», declaró Anguita.
En plena polémica por la propuesta electoral de Podemos de recuperar la titularidad pública de la Giralda de Sevilla o la Mezquita de Córdoba, que ya protagonizó un litigio entre la Junta y el Obispado cordobés, el excoordinador general de IU y exalcalde de Córdoba, Julio Anguita, abrió ayer un nuevo frente respecto a otro bien inmatriculado por la Iglesia tras la reforma de Ley Hipotecaria de 1998. Anguita encabeza una demanda judicial firmada por 205 personas –entre ellas el también exalcalde cordobés Andrés Ocaña–, contra el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y el actual regidor, José Antonio Nieto (PP) por la inmatriculación de la Plaza del Triunfo de San Rafael en abril de 2011.
«Se ha usurpado un bien de la ciudad» y el Ayuntamiento «no ha estado a la altura, porque tenía que haber defendido el patrimonio municipal que es de los cordobeses», declaró ayer Anguita al presentar la denuncia en los juzgados. De ahí que ésta vaya contra el obispo y el alcalde, «uno por supuesta usurpación y el otro por consentimiento expreso o tácito».
Anguita recordó que en 1983 –siendo él alcalde– el Ayuntamiento restauró el monumento de la plaza que «no se habría restaurado si no hubiese sido propiedad municipal». Para Anguita, todas las inmatriculaciones de la Iglesia «se han hecho de manera ilegal y casi con nocturnidad y alevosía».
La denuncia presentada detalla que «la escritura no justifica el método de adquisición de la propiedad, señalando únicamente algunos datos históricos sobre su origen» y obvia que constaba como bien público en inventario municipal vigente entonces. Señala que es un inmueble destinado «al culto católico y la caridad» para ampararse en la reforma de la Ley Hipotecaria, lo que a su juicio podría incurrir en «un delito de usurpación y de falsedad en documento público».
El inventario de bienes del Ayuntamiento de 2011 se aprobó el 17 de abril de 2012, omitiendo desde entonces el mencionado monumento, una supresión que «debería haberse llevado a cabo mediante un acuerdo del Pleno». Por tanto es «más que probable» que el consistorio conociera la actuación del Obispado y quitarlo del inventario municipal «podría constituir un delito de prevaricación».
Tras saltar la noticia y al aprobarse las cuentas municipales de 2013, «se presentó una denuncia ciudadana en el trámite de información pública que motivó que el 6 de octubre de 2014» el consistorio solicitase a su Asesoría Jurídica un informe pero, como recordó ayer Nieto, fue contrario a reclamar la titularidad. Por ello acusó a Anguita de «llegar tarde» y le instó a que si conoce algún título que permita al Consistorio reclamar la propiedad que inicie el expediente de recuperación «o lo traslade al Ayuntamiento y lo haríamos nosotros encantados».