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Arade Gina Caraghin, la mujer afectada. / El Correo
Parece difícil de contar, de resumir incluso, pero una familia vecina de Lepe ha tenido que pelear dos años contra el banco propietario de la casa donde viven, a pesar de que no han fallado ni un solo mes en el pago de las cuotas acordadas en el alquiler con la entidad bancaria cuando se mudaron a la casa y firmaron el contrato.
Ha sido la odisea que ha pasado esta familia, que ha conseguido tras dos años de gestiones que la Caixa firme con ellos un contrato de alquiler de tres años, con lo que han evitado ser desahuciados de la casa en la que viven el matrimonio y sus tres hijos, uno de ellos con un 78 % de discapacidad certificada. Éste es gemelo de una niña de 12 años, y tienen además un hermano de 13.
Una historia que arranca en 2017, cuando Juan Javier Contreras Cruz (46 años), Arade Gina Caraghin (36 años) comenzaron a tramitar seguir en el piso en el que se encontraban, en el que pagaban un alquiler de 258,27 euros mensuales, ante el ultimátum de la entidad propietaria del inmueble de que tenían que abandonarlo.
Les amenazó con un “desahucio express”
La entidad bancaria les advirtió en varias ocasiones de que iban a proceder contra ellos con un “desahucio express”, quedándose de esta forma en la calle, según ha señalado Caraghin, que recuerda que en el piso “vivía una prima de mi marido, que cuando falleció la familia decidió darnos las llaves antes de que fuese ocupado ilegalmente”.
En el momento en que comenzaron a vivir en el inmueble, ubicado en la avenida de Andalucía de la localidad onubense, se dirigieron al banco propietario de la casa, “y negociamos con ellos un contrato de alquiler de tres años, que cumplía el pasado febrero”.
El problema, explica, surge cuando la promoción de viviendas es adquirida por la inmobiliaria Limara, que inicialmente se negaba a renovar los contratos de alquiler, y comenzó a enviar cartas avisando del desalojo de las viviendas con el fin del contrato.
Ayuda al alcalde de Lepe
Además de negociar con el banco una solución, que en principio no era viable, la pareja envió una carta el pasado 5 de diciembre al alcalde de Lepe, el popular Juan Manuel González, en la que le pedía que les ayudase, “y su intervención fue fundamental, ya que gracias a sus trámites y gestiones el banco accedió a firmar un nuevo contrato, y finalmente se paralizó la orden de desahucio”.
Mediante las últimas gestiones, el pasado 26 de febrero el contrato les fue prorrogado otros tres años, hasta 2022, pagando prácticamente la misma cantidad, “algo que es primordial para nosotros, porque los dos estamos parados, mi marido tiene hernias que le impiden trabajar, y yo sólo recibo el dinero por mi hijo como dependiente”.