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El exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. / Raúl Caro (Efe)
Otra pieza más de los ERE está ya lista para ser juzgada. Se trata de la que investiga las ayudas que supuestamente el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Francisco Trujillo, el que fuera su chófer, se gastaron en cocaína. Ambos tendrán que responder a fianzas que rondan los dos millones de euros. Además. Además, junto a ellos se sentaran en el banquillo dos personas más, un mediador de una aseguradora y el que fuera socio de Trujillo.
Después de que las acusaciones –Fiscalía, Junta de Andalucía y PP– presentasen sus escritos de acusación, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que abre juicio oral contra Guerrero y su exchófer por delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Asimismo, la instructora sienta en el banquillo al administrador de una de las empresas del exchófer, Isidoro Ruz Espigares, al que impone una fianza de 585.000 euros, y contra el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín, que deberá hacer frente a una fianza de 158.000 euros. En el juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial, ambos se enfrentarán a delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita.
Además, la magistrada impone una fianza de 77.000 euros a la mujer del exchófer, Juana Gallego Rico, como beneficiaria a título lucrativo de las ayudas que recibió su marido, advirtiendo a todos los acusados de que deberán abonar la fianza en el plazo de un día, «con el apercibimiento de que de no prestarla se les embargarán bienes en cantidad suficiente».
En su escrito de acusación, la Fiscalía solicita 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros para Guerrero y su exchófer, mientras que ha solicitado seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares y seis años de prisión para Albarracín.
Según la Fiscalía, las subvenciones se tramitaron a través de tres empresas creadas solo para lograr el dinero y «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». Tres de las ayudas fueron de 450.000 euros para evitar que se tuvieran que aprobar por los órganos legales. El chófer, con el dinero recibido, no ejecutó ninguno de los proyectos para los que se entregó la ayuda, por ello, es «evidente que en ningún caso las tres sociedades se constituyeron para iniciar una actividad empresarial, sino para canalizar para disposición de los encausados fondos públicos de la Junta de Andalucía». Así fue como el chófer financió compras de inmuebles y fincas rústicas. El ex director general, por su parte, recibió de su chófer entregas de efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína.
La Junta pide 5 años y 6 meses de prisión para Guerrero y una multa de 1,9 millones de euros y 27 años de inhabilitación. Al chófer, le solicita la misma multa y 5 años y 9 meses de prisión.