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Concentración en el colegio de las Salesianas de Nervión en Sevilla. / Jesús Barrera
La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, insistió ayer en que la previsión de la planificación escolar que actualmente se está diseñado es que se mantengan los conciertos existentes pero «ningún centro más nuevo sea sujeto a concierto» porque teniendo en cuenta el cálculo de alumnos de nuevo ingreso (de 3 años) «no podemos mantener clases vacías, podemos dejarlas preparadas para cuando vengan más niños pero estamos hablando de dinero público». De la Calle compareció en comisión parlamentaria mientras los centros pertenecientes a la patronal Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) celebraban actos de protesta al considerar este modelo de enseñanza «amenazado» y en defensa de la libertad de elección de las familias. La consejera arremetió contra las «sucesivas protestas de algunos representantes de la patronal» y contra el PP por generar una «alarma injustificada» sobre la base de un «bulo mediático», de «un malentendido que podíamos calificar de manipulación y falsedad». Desde la oposición, IU y Podemos le reclamaron valentía para apostar por la enseñanza pública frente a las «presiones» de un «negocio» mientras que C’s y PP le reclamaron diálogo y abogaron por no cerrar unidades ni públicas ni concertadas y aprovechar el descenso demográfico para reducir la ratio y aumentar la oferta concertada en FP.
El pasado 31 de enero concluyó el plazo para presentar solicitudes por parte de centros de titularidad privada para ser financiados con fondos públicos mediante los conciertos educativos, que toca renovar este año (hasta ahora se hacía cada cuatro años y la Lomce marca ahora que en Primaria se haga para seis y en el resto se mantenga cada cuatro). En estos días se están reuniendo las comisiones de escolarización territorial para planificar la oferta educativa en cada provincia y en Granada y Jaén han anunciado que no se renovará el concierto a una decena de colegios por la falta de demanda. La consejera se reunió ayer, junto con el Grupo de Ciudadanos en el Parlamento, con la patronal Escuelas Católicas de Andalucía (ECA). Se llegó a un principio de acuerdo en dos ideas básicas: no cerrar líneas con demanda y que cualquiera de las que se clausure pueda ser reversible en función de que un cambio en la demografía pueda posibilitar que en años sucesivos repunte la cifra de familias que soliciten plaza en determinados centros.
En este sentido, el secretario general de ECA, Carlos Ruiz, asegura estar «moderadamente satisfecho» al haber visto una «sensibilidad» en la consejería a las demandas lideradas desde la patronal, que espera que se concrete en los dictámenes de las Comisiones Provinciales
El debate en el Parlamento dejó en evidencia dos posturas sobre la política educativa, la apuesta clara de IU y Podemos por avanzar en la oferta pública y echar mano de los conciertos sólo cuando y mientras sea estrictamente necesario y la de PP y C’s que apoyan que la enseñanza pública y la concertada «sean complementarias» y si el alumnado baja se aproveche para reducir la ratio, atender mejor a la diversidad o ampliar la oferta en etapas como la FP donde 40.000 alumnos se han quedado sin plaza este curso. Entre ambas posturas se sitúa el Gobierno socialista. Una posición que De la Calle resumió en planificar la oferta educativa «priorizando la pública y valorando la concertada» y que no convenció ni a unos ni a otros. Ante las críticas al PP por generar alarma, la diputada popular, Marifrán Carazo, respondió que «han sido ustedes los que están alarmando con su silencio y ausencia del diálogo con el sector» que comparó con lo ocurrido con las protestas sanitarias. Carazo también denunció «las declaraciones contradictorias» realizadas por los delegados de Educación en cada provincia.
El PP criticó que «están reduciendo unidades públicas y concertadas» y rechazó que se justifique por el descenso demográfico que «afecta a todo el país» y este problema no está ocurriendo en otras comunidades. De la Calle le recordó el conflicto en Madrid por el cierre de unidades concertadas de FP.
El líder de IU, Antonio Maíllo, le afeó que se sitúe a la «defensiva» cuando «no hay que justificarse por defender la escuela pública». Para Maíllo, la concertada «no tiene que ser complementaria, en todo caso subsidiada». El coordinador de IU señaló que las protestas de ECA responden a la «típica ofensiva de cada cuatro años porque hay intereses económicos muy lucrativos» en juego y advirtió a la consejera de que «para mantener la paz social no se asuman acuerdos de remanguillé» que mantengan conciertos innecesarios. «Si hay centros públicos son los primeros que tienen que cubrir las plazas y mantener a la plantilla», subrayó, al tiempo que reclamó un aumento de la oferta de FP.
Más crítica fue la diputada de Podemos, Libertad Benítez, que interrogó a la consejera si se van a renovar conciertos a centros que incumplan con el porcentaje de alumnado de integración o que «cobren cuotas a las familias de forma sospechosa». Para Podemos, la concertada reivindica la libertad de elección apelando al derecho «cuando es un negocio» y llamó a estos centros «franquicias ideológicas que se financian con fondos públicos».
Desde C’s, Marta Rivera señaló que con el aumento presupuestario previsto en Educación (7.300 millones de euros para 2017, un 3,8 por ciento más que en 2016) «no está justificado que se cierren unidades ni en la pública y en la privada y en el último curso se han cerrado 300» y dejó claro que una «demanda mínima no es 20 alumnos, que esa cifra está cerca de la ratio, sino 10» y si hay algún caso con esa demanda que se compense concertando más unidades de FP Básica «que hace falta».