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Chatarra electrónica. / EFE
La responsabilidad del reciclaje de un aparato electrónico es del fabricante, que debe tratar el residuo ya que cobró por ello en la venta del equipo. El consumidor puede solicitar que se lo retiren, llevarlo a puntos limpios (sólo en Andalucía hay 190) o entregarlo en la tienda, dependiendo del caso, pero debe exigir que se recicle para evitar que forme parte de la red del mercado negro de electrodomésticos.
Los aparatos eléctricos y electrónicos son aquellos que necesitan para funcionar corriente eléctrica o campos electromagnéticos, destinados a ser utilizados con una tensión nominal no superior a 1.000 vatios (en corriente alterna) y 1.500 vatios (en corriente continua), y los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos. Para entendernos y simplificando: todas aquellas cosas que tenemos en nuestro hogar que funcionen con pilas o enchufados a la corriente; abarcan desde pequeños a grandes electrodomésticos, lámparas y luminarias, pasando por baterías y pilas, entre otros componentes. En el momento en que el consumidor decide deshacerse de ellos, se convierten en RAEE y ambientalmente es esencial que sean tratados de manera independiente como residuos para garantizar que no se producen daños a la naturaleza, ya que muchos de los componentes que contienen son altamente contaminantes.
Por ejemplo, un tubo fluorescente o una lámpara de bajo consumo contienen una serie de elementos tóxicos como el mercurio que con poca cantidad pueden contaminar miles de litros de agua (superficiales o subieraneas). Pero tal vez el caso más representativo sea el de los frigoríficos cuyo gas refrigerante suele estar basado en el Cloro-Flúor-Carbono que es muy dañino para la capa de ozono. Según los expertos, un frigorífico que no se recicla adecuadamente contamina igual que un coche recorriendo 16.000 kilómetros.
La Comunidad Valenciana es la que más toneladas de residuos electrónicos recicla, con 3374 toneladas anuales. Por detrás está Andalucía que genera al año generado 3.026 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), según datos de European Recycling Platform España (ERP España). Por detrás de Andalucía los que más reciclan son la Comunidad de Madrid y País Vasco, con 2.118 y 1.825 toneladas respectivamente.
Los grandes electrodomésticos, dado su peso, son los que suponen la mayor cifra de las toneladas totales recicladas. En esta categoría encontramos aparatos como frigoríficos, congeladores, lavadoras o aires acondicionados. El resto se reparte entre lo que denominan en este sector del reciclaje como PAE, pequeñas aplicaciones electrodomésticas, que son equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y juguetes o equipos deportivos y de ocio.
La obligación de tratar estos residuos de un modo especial viene dada por el Real Decreto 110/2015, que marca las obligaciones y responsabilidades de todos los agentes implicados, entre los se encuentran los fabricantes e importadores, comerciantes, administraciones (local, regional y nacional), recicladores y, por supuesto, también los consumidores, que forman parte de esta cadena. Sin embargo, la responsabilidad principal es del fabricante, ya que estos cargan en el precio de venta el coste estimado para su reciclaje. El consumidor ya paga al comprar el electrodoméstico una cuota que sirve para financiar su posterior reciclado, por lo que la empresa está obligada a reciclarlo; no se trata de un favor que le hacen a los consumidores. Es más, el consumidor puede pedir explicaciones a la empresa que retira el viejo electrodoméstico para que le garanticen que se va a reciclar adecuadamente.
De hecho, existe todo un mercado negro con los electrodomésticos que se desechan en Europa. Aunque la Convención de Basilea prohíbe expresamente la exportación de residuos, el valor de esta chatarra hace que las piezas acaben en países de África o Asia, donde los controles de calidad no existen o son ínfimos. La manera que se utiliza para saltarse los controles es aducir que se trata de aparatos de segunda mano y no de chatarra, así se superan las fronteras europeas. Incluso, las empresas dedicadas a esta exportación ilegal declaran que se trata de donaciones, con lo que incluso eluden el pago de tasas arancelarias, aunque después se lucren con la venta de las piezas al llegar a destino. Los últimos datos del sector cifran en un 15 por ciento de los residuos que se generan en Europa se exportan ilegalmente.
El Real Decreto 110/2015 determina las vías de recuperación de los RAEE a través de la red de puntos limpios que en Andalucía alcanza los 190 espacios, repartidos por todas las provincias y gestionados por los municipios titulares. Además de los puntos limpios, las tiendas, cuando venden un aparato eléctrico o electrónico están obligadas a aceptar, sin coste para el usuario, el aparato viejo de funciones equivalentes que sustituyen. Para ello, la industria ha creado los sistemas colectivos, que son las entidades sin ánimo de lucro que los fabricantes e importadores de estos aparatos utilizan para cumplir con su obligación de financiar su gestión medioambiental una vez se conviertan en residuos.
En el caso de Andalucía, la gestión de estos residuos viene marcada además por un convenio firmado entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y nueve sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor en la región (ERP, Ecolec, Ambilamp, Ecotic, Ecolum, ECO-RAEEs, Ecofimática, Ecoasimelec y Tragamovil).
El convenio marco establece una serie de compromisos para mejorar los objetivos legales de la recogida selectiva, reutilización, reciclado y valorización y para promover el desarrollo de sistemas de recogida selectiva realizando las operaciones de traslado de forma que pueda lograrse la mejor descontaminación, reutilización y reciclado. Con este convenio se persigue un doble objetivo: por un lado, minimizar los riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas de una gestión inadecuada de estos residuos; y por otro, aumentar la actividad económica del sector, que en Andalucía emplea 23.000 personas y factura en torno a 2.200 millones de euros.