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María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Meritxell Batet, de Política Territorial. / Luca Piergiovanni (Efe)
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó ayer los nuevos objetivos de estabilidad para el próximo año con el voto a favor de las autonomías gobernadas por el PSOE, excepto Valencia, que se abstuvo y la oposición de las que tienen gobiernos del PP y Canarias.
Según informaron a la agencia Efe fuentes presentes en la reunión del CPFF, la primera que presiden la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Política Territorial, Meritxell Batet, la propuesta salió adelante en un encuentro con muchas críticas.
Votaron a favor Andalucía, Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón y Cantabria, mientras que sus compañeros socialistas valencianos se abstuvieron, y votaron en contra Madrid, Castilla y León, La Rioja, Galicia y Murcia, además de Canarias. Cataluña no acudió y el País Vasco y Navarra se rigen por su propio régimen foral.
De esta forma, las comunidades tendrán en 2019 un objetivo de déficit del 0,3 por ciento, y no del 0,1, lo que supone contar con 2.400 millones de euros más para endeudarse.
En la reunión se ha acordado además crear grupos de trabajo políticos para impulsar la reforma de la financiación autonómica y otro para estudiar la armonización tributaria de las autonomías, pero sólo de los impuestos cedidos.
Muchos de los consejeros que asistieron este jueves al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), presidido por la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, habían reclamado al Gobierno central que abordara la reforma de la financiación autonómica y señalaron la necesidad de disponer de más recursos para políticas sociales.
En representación de la Junta de Andalucía, el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, indicó que la financiación debe «garantizar los servicios públicos de las comunidades y también la igualdad entre todos los españoles».
El consejero acudió con «un posicionamiento con las mismas reclamaciones que el gobierno andaluz ha mantenido estos cuatro años de manera nítida y clara».
El consejero aclaró que acude también en representación del Parlamento de Andalucía y de su planteamiento sobre la reforma de la financiación autonómica. Una propuesta que es «ampliamente» respaldada por la cámara (todos los partidos, salvo Cs) y por la sociedad civil andaluza, que coincide en que es necesario «plantearse un nuevo modelo de financiación».
Sin embargo, apuntó que, a la vez que se aborda una nueva financiación hay que hacer un «diagnóstico de la urgencia de trabajar para resolver asuntos inmediatos» como el déficit o la regla de gasto. Estos dos asuntos «tienen que ver con el aumento de recursos» para que las autonomías puedan «prestar como es debido los servicios que tienen asignados legalmente»: las políticas sociales.
Preguntado sobre la posibilidad de que el Gobierno inicie un diálogo bilateral con Cataluña sobre financiación, Arellano dijo que no considera «correcta» la vía bilateral para «negociar esta cuestión». «Todo el mundo debe estar sentado para hablar de lo que es fundamental en la estructura política de nuestro país», zanjó.