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Juan Pablo Durán recibe de Jesús Maeztu el informe del Defensor del Menor 2015. / E.P.
El Defensor del Menor, a la sazón Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, acusa al Gobierno autonómico de “silenciar” el problema del acoso escolar, y denuncia que la Consejería de Educación “oculta” deliberadamente las cifras de un problema que “está creciendo significativamente”, a tenor del aumento de las quejas que recibe en su oficina. “Hay que sacar el acoso escolar del silencio. No sé si este tema vende mucho o poco, pero tiene que estar en la agenda de los medios de comunicación. Pido ayuda y sensibilidad”, ha dicho Maeztu, tras reprochar la falta de colaboración de la Administración educativa. “La actitud es: mientras menos registro de acoso escolar tienes, eres mejor región, y no es verdad. Si no sale en prensa, los casos siguen. El escándalo dentro se soporta, y fuera no”, recalca. El Defensor ha recordado que hace un año ya denunció los casos de acoso escolar en una entrevista en Canal Sur, y minutos después la centralita de su oficina se colapsó de gente pidiendo información.
Maeztu ha visto incrementar el número de quejas y consultas sobre acoso escolar, tanto de padres de víctimas como de profesores que desconocían el protocolo de actuación de la consejería para estos casos: 21 quejas y 51 consultas en 2013; nueve quejas y 28 consultas en 2014; 30 quejas y 38 consultas en 2015, y 21 quejas y 29 consultas en lo que va de año. “La Junta no toma conciencia de lo que está pasando porque todavía no son cifras alarmantes, pero el acoso escolar debe atajarse ahora, porque más tarde degenerará en una actitud de dominación del macho a la hembra en la adolescencia, y luego en violencia de género en la edad adulta”, ha dicho el Defensor. Más allá de las cifras, a Maeztu le preocupa que el problema no aflore y que los responsables públicos no ayuden a denunciarlo y prevenirlo, de ahí que haya encargado un informe específico sobre acoso escolar que presentará a final de año.
El Defensor ha presentado este jueves el informe del Menor de 2015 en el Parlamento, que se debatirá en pleno ya en septiembre. Sin embargo, ha dedicado más tiempo a exponer una demoledora crítica contra la Administración educativa, los colegios y las familias por no saber o no querer abordar el problema del acoso escolar de frente. Las palabras del Defensor han ido subiendo de tono hasta el punto de terminar acusando a la Junta de Andalucía y a los colegios de estar invisibilizando la violencia escolar, “igual que hace 30 años se ocultaba la violencia de género”. “Los profesores no quieren que el colegio tenga una tacha por haber tenido un caso de acoso escolar, porque creen que eso les va a estigmatizar y van a perder alumnos. Y debe ser justo al revés: el centro que lo denuncia públicamente y aborda el problema es el que pone la solución. Los colegios se resisten a tener una actitud frontal”, se ha quejado.
Desde 2012, y en el marco del decreto de convivencia escolar, la Consejería de Educación desarrolla un protocolo de actuación en caso de acoso escolar. Cuando un niño es agredido física o psicológicamente por otro, debe comunicarlo primero el tutor, luego el director del centro, más tarde interviene la inspección educativa que cita en el centro a los padres del acosador y del acosado. En 2015, a raíz de la aprobación de la Ley de Transexualidad, Educación diseñó a petición del Defensor un protocolo de actuación específico para casos de acoso homofóbico. Los niños homosexuales sufren este problema doblemente porque también son reacios a hablar de su identidad sexual a tan temprana edad.
La medida más leve que recoge el protocolo es cambiar a uno de los dos de clase, pero si el problema persiste, la norma permite trasladar de centro escolar a la víctima. Normalmente esto se hace a petición de los padres, que quieren así atajar el problema cuanto antes. Pero el Defensor cree que esto es un error, porque se “premia al agresor”. Maeztu ha mostrado su irritación al hablar de la falta de transparencia de la Consejería de Educación. Se ha quejado de no conocer cómo están funcionando los protocolos, no tener datos concluyentes de acoso (pese a los registrados en el sistema informático Séneca, de la consejería), no tener datos por edades, por etapas y por colegios públicos y privados. Su homóloga en Galicia ha presentado recientemente un informe en el que concluye que el 80 por ciento de los casos de acoso escolar en aquella comunidad tienen un componente homófobo, pero Maeztu no puede contrastar esa realidad en las escuelas andaluzas porque la Administración no le proporciona la información que requiere. En los casos que ha podido analizar también ha detectado “falta de coordinación y de control” al abordar los casos de acoso. “He analizado protocolos concretos de colegios que han tomado medidas un mes y medio después de producirse el acoso, porque han esperado a que se resuelva de otra forma. ¿Qué clase de seguimiento se le hace a estos protocolos?”, explica.
El acoso escolar es más físico entre niños y más psicológico entre niñas, y tiene efectos en el rendimiento académico, pero sobre todo en la autoestima de las víctimas. Es difícil de detectar, porque a veces ni siquiera los perjudicados saben explicar qué les ocurre, piensan que están exagerando una pelea. Tampoco todos los profesores son capaces de ver y solucionar el problema, y para algunas familias, según Maeztu, es un deshonor hacerlo público, y optar por ningunearlo o cambiar a su hijo de escuela. El Defensor ha ejemplificado con el caso de un niño víctima de acoso, perseguido por sus compañeros, que le grababan con los móviles y le enviaban esas grabaciones a todas horas, no sólo en el colegio, también cuando salía de su casa. “Me dijo: la única alternativa que tengo es ser invisible. Y no es verdad. El acoso se puede desactivar muy bien ahora”, advierte.