Cada año llegan al Defensor del Pueblo Andaluz quejas de reclusos (53 en 2015) como las de un enfermo a la espera de una operación de hernia de hiato que reclama «que se le realizaran las oportunas revisiones con más asiduidad» o las de un interno «con muletas al tener un problema serio de cadera» y pese a ver «cada vez más reducida su movilidad y extendiéndose los dolores», los médicos de la cárcel «le informaron que debían esperar la cita del hospital para la cadera y el fémur».
Un preso enfermo es «un paciente» con derecho a la asistencia sanitaria, que en Andalucía presta el SAS, pero como reo, su vigilancia compete a Instituciones Penitenciarias. Una «dualidad» que para el Defensor, Jesús Maeztu, resulta «caduca» y provoca disfunciones como que en prisión el historia clínico no está digitalizado y cuando un interno acude a especialistas externos o es hospitalizado, los facultativos del SAS no tienen acceso a dicho historial.
Son algunas de las conclusiones del informe especial sobre Las unidades de custodia hospitalaria (UCH) presentado ayer por el Defensor en el Parlamento, en el que analiza la atención sanitaria a los 14.000 reclusos en Andalucía. En el mismo se destaca que los medios y recursos técnicos y humanos de las diez UCH existentes en otros tantos hospitales garantizan que reciban el mismo trato que cualquier otro paciente.
El problema es su acceso a las consultas de especialistas y a los hospitales, que requieren de agentes y transporte policial para su traslado, lo que provoca una importante pérdida de citas médicas, con la consiguiente merma en el acceso a tratamientos (incluso de enfermedades más presentes en la cárcel como la hepatitis C) e incluso retrasos de cirugías.
En prisión sólo existe Atención Primaria y pese a que ocho de cada diez reclusos tienen problemas mentales y la mitad toma psicofármacos, no hay psicólogos clínicos, sólo psiquiatras y psicólogos que acuden en días alternos.
El Defensor reclama una integración de la atención sanitaria a presos dentro del SAS, con más presencia de médicos especialistas en las cárceles y prioridad para este colectivo en el acceso a tratamientos de enfermedades más comunes en prisión como la hepatitis o el VIH. Mientras, exige que se reactiven los convenios entre ambas administraciones que llevan más de dos años sin renovarse.
Cada año llegan al Defensor del Pueblo Andaluz quejas de reclusos (53 en 2015) como las de un enfermo a la espera de una operación de hernia de hiato que reclama «que se le realizaran las oportunas revisiones con más asiduidad» o las de un interno «con muletas al tener un problema serio de cadera» y pese a ver «cada vez más reducida su movilidad y extendiéndose los dolores», los médicos de la cárcel «le informaron que debían esperar la cita del hospital para la cadera y el fémur».
Un preso enfermo es «un paciente» con derecho a la asistencia sanitaria, que en Andalucía presta el SAS, pero como reo, su vigilancia compete a Instituciones Penitenciarias. Una «dualidad» que para el Defensor, Jesús Maeztu, resulta «caduca» y provoca disfunciones como que en prisión el historia clínico no está digitalizado y cuando un interno acude a especialistas externos o es hospitalizado, los facultativos del SAS no tienen acceso a dicho historial.
Son algunas de las conclusiones del informe especial sobre Las unidades de custodia hospitalaria (UCH) presentado ayer por el Defensor en el Parlamento, en el que analiza la atención sanitaria a los 14.000 reclusos en Andalucía. En el mismo se destaca que los medios y recursos técnicos y humanos de las diez UCH existentes en otros tantos hospitales garantizan que reciban el mismo trato que cualquier otro paciente.
El problema es su acceso a las consultas especialistas y a los hospitales, que requieren de agentes y transporte policial para su traslado, lo que provoca una importante pérdida de citas médicas, con la consiguiente merma en el acceso a tratamientos (incluso de enfermedades más presentes en la cárcel como la hepatitis C) e incluso retrasos de cirugías.
En prisión sólo existe Atención Primaria y pese a que ocho de cada diez reclusos tiene problemas mentales y la mitad toma psicofármacos, no hay psicólogos clínicos, sólo psiquiatras y psicólogos que acuden en días alternos.
El Defensor reclama una integración de la atención sanitaria a presos dentro del SAS, con más presencia de médicos especialistas en las cárceles y prioridad para este colectivo en el acceso a tratamientos de enfermedades más comunes en prisión como la hepatitis o el VIH. Mientras, exige que se reactiven los convenios entre ambas administraciones que llevan más de dos años sin renovarse.