El derecho de los animales

España está viviendo un momento importante de grandes cambios y reformas legislativas que afectan a los animales: la reforma del Código Civil, ya en vigor, ha logrado que los animales dejen de ser considerados como objetos, para ser lo que siempre han sido: seres vivos que sienten, que tienen conciencia de si mismos e intereses particulares como nosotros. El Anteproyecto de ley sobre derechos de los Animales, cuya tramitación está en marcha, y otras reformas que están por llegar y que previsiblemente le darán cobertura jurídica a los animales en España.

“Sin duda, como sociedad hemos subido el primer peldaño de la escalera de una sociedad empática con los animales”, explica Lola García, presidenta de la Asociación Abogacia Andaluza por la Defensa Animal (AADA), organizadora del III Congreso Andaluz sobre Derechos de los Animales que se ha celebrado en Sevilla. “Pero no nos podemos quedar ahí, es necesario continuar la marcha y ascender, no podemos conformarnos en regular solo los intereses de las personas hacia sus animales”, explica esta abogada pionera en derecho animal en Andalucía.

Según la letrada, es esencial “transcender” a un Estado donde regulemos para reconocer y amparar los propios intereses de los animales. “De nada van a servir regulaciones nuevas, los reconocimientos de derechos para los animales si no se produce una urgente y profunda reforma en el sistema judicial, me refiero sobretodo en la jurisdicción penal”, asevera Lola García.

La sociedad ha avanzado y sigue avanzando el favor de los derechos de los animales, en empatía y concienciación pero en efecto, en los juzgados de la jurisdicción penal se sigue anlclado en un tiempo en el que maltratar animales no era delito en este país. “Siento mucho decir, que en este país no hay justicia para los animales”, se lamenta la abogada animalista. “No la hay -recalca- ya que el maltratador de animales en este país sale absuelto y su delito queda impune, dejando un reguero de víctimas”. La primera y principal, el animal que sufre golpes, abandono o indiferencia; pero según esta abogada también hay otras víctimas: las protectoras de animales que se dejan la vida la salvarlos, los veterinarios comprometidos y los abogados animalistas “que somos maltratados en los juzgados, por el menos precio de un sistema judicial al que le estorbamos”.

En la inmensa mayoría, por no decir prácticamente la totalidad de juzgados de nuestro país, no se aplica nunca el artículo 337 del Código Penal, que castiga a “el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, a un animal doméstico o amansado”. Su aplicación ha quedado relegado exclusivamente a aquellos casos gravísimos, de una crueldad máxima donde no hay excusa posible para no aplicarlo. “En la mayoría de los casos de maltrato o crueldad contra los animales solo hay impunidad y abogados animalistas extenuados ante tanta injusticia”, explica Lola Garcia.

La jueza Pilar de Lara define el maltrato animal institucional así: “Cuando quien ostentando la responsabilidad de proteger a alguien, en este caso, a un animal, no sólo no lo hace, sino que tolera o consiente ese maltrato”. Y es que en los casos de maltrato animal hay oportunidad de obtener una sentencia justa solo cuando una asociación animalista se persona y su abogado lucha contra un sistema judicial al que no le interesan los animales, salvo contadas excepciones como la jueza Pilar de Lara.

En efecto, como se ha puesto de manifiesto en los dos días de jornadas del Congreso Andaluz sobre Derechos de los Animales, el actual sistema judicial no está formado en derecho animal y no es capaz de entender la gravedad del problema. El propio sistema judicial trata a los abogados animalistas y a sus clientes, como ciudadanos de segunda, según se desprende de los testimonios e intervenciones expresados en el congreso. Por eso la celebración de congresos de este tipo se han convertido en una herramienta profesional y social esencial para que nuestro ordenamiento jurídico incluya lo antes posible, de forma clara e inequívoca, el reconocimiento de los derechos de todos los animales sin excepción, así como su condición de víctima en los delitos de maltrato animal, como ha señalado su organizadora.