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El Gobierno irá al Constitucional si la Junta amplía los regadíos en Doñana

El Ejecutivo insiste en que la proposición de ley «hace peligrar el cumplimiento de los objetivos ambientales obligados por la Directiva Marco del Agua» y también «el mantenimiento de la integridad del ecosistema»

05 mar 2022 / 04:00 h - Actualizado: 05 mar 2022 / 04:00 h.
"Medio ambiente","Doñana","Regadío","Comisión Europea","Agua"
  • Regadíos. / EFE
    Regadíos. / EFE

El Gobierno ha remitido una carta a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea en la que recuerda que la Junta de Andalucía carece de competencias para ampliar «unilateralmente» los regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana y avisa de que presentará recurso de inconstitucionalidad si continúa adelante.

La misiva fue remitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que previamente recabó información técnica del Ministerio para la Transición Ecológica tras la alarma generada en las instituciones europeas por la reciente aprobación el pasado 9 de febrero en el parlamento autonómico andaluz de una proposición de ley que ampliaría las hectáreas de regadío en el entorno de Doñana.

La iniciativa, que salió adelante con los votos del PP, Cs y Vox y la abstención del PSOE, insta a tramitar por la vía de urgencia la regulación de unas 1.500 nuevas hectáreas de cultivos en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado -todos ellos en la provincia de Huelva- para «poner orden y amparar jurídicamente con todas las garantías» la actividad agrícola en la zona, según el gobierno tripartito andaluz.

Sin embargo, la propuesta contó desde el primer momento con la oposición de la vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como la de los responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHE).

Ahora, la carta del ejecutivo insiste en que esta proposición de ley «hace peligrar el cumplimiento de los objetivos ambientales obligados por la Directiva Marco del Agua» y también «el mantenimiento de la integridad del ecosistema» según lo previsto en la Directiva Hábitats, desvirtuando además las medidas contempladas en el proyecto de revisión del plan hidrológico del Guadalquivir para el tercer ciclo -de 2022 a 2027-.

El ejecutivo advierte de que la Dirección General del Agua y la CHE «están definiendo, comprometiendo y destinando los recursos técnicos y económicas necesarios» para cumplir los requisitos exigidos por las autoridades europeas y en este caso la legislación de aguas españolas y en particular el plan hidrológico del Guadalquivir «no dan opción alguna al incremento de extracciones de agua subterránea para el regadío en el entorno de Doñana».

Por todo ello, considera que la propuesta es una «vulneración de la competencia reservada en exclusiva al Estado» que no solo «interfiere de forma palmaria», sino que además genera «una falsa expectativa introduciendo un ficticio futuro de ampliación de la superficie de riego» que no se podrá llevar a cabo.

La carta concluye avisando de que, si finalmente se materializa la proposición de ley, «el Gobierno promoverá un recurso de inconstitucionalidad para la inmediata suspensión de su aplicación e instando su anulación por el Tribunal Constitucional».


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