-
Los expresidentes de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chaves en una imagen de archivo en el Parlamento de Andalucía. / Reuters
Listo para el banquillo. El juez de instrucción Álvaro Martín ha emitido el auto de apertura de juicio oral por presunta prevaricación, asociación ilícita y en algunos casos malversación de caudales públicos contra 26 ex altos cargos que ocuparon las más altas responsabilidades del Gobierno andaluz en las últimas dos décadas. Es el último paso que quedaba de la fase de investigación que inició hace un lustro la jueza Mercedes Alaya por el presunto fraude en los más de 800 millones de euros en ayudas sociolabores que durante una década repartió la Junta, según su tesis compartida por el juez Martín, siguiendo un procedimiento ideado ex profeso para eludir controles.
A partir de ahora, la pieza política del caso ERE llegará a la Audiencia Provincial de Sevilla, competente por la tipología de los delitos y las penas solicitadas por la Fiscalía y las acusaciones particulares del PP y Manos Limpias. La Junta, pese a ejercer también la acusación, pidió el archivo de la causa.
Será la Audiencia la que pondrá fecha, aún tardará meses, a un juicio que sentará en el banquillo de los acusados a los mismísimos expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a seis exconsejeros de la Junta, a un exinterventor general o a tres exdirectores generales de Empleo, entre otros.
Chaves y otros siete imputados por prevaricación y asociación ilícita (acusación esta última introducida sólo por el PP) se enfrentan a penas de inhabilitación y de dos años de cárcel, que al no tener antecedentes penales, difícilmente les llevará a prisión. Sin embargo, Griñán y otros 17 imputados también por malversación de fondos públicos afrontan penas de prisión de como mínimo seis años.
En el auto de apertura del juicio oral, el juez Martín añade además las fianzas que los imputados por malversación deberán pagar en el plazo de un mes «para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes, decretándose el embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar dichas responsabilidades» en caso de que no las paguen. En función del tiempo en el que cada uno estuvo en el cargo, el magistrado fija que Griñán y la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo deben abonar 4,2 millones de euros, mientras los exconsejeros de Empleo e Innovación José Antonio Viera y Francisco Vallejo respectivamente deben pagar 6,2 millones. Para el resto de los imputados por malversación ordena adjuntar a esta pieza otros procedimientos que tienen abiertos por el caso ERE en los que se fija su responsabilidad civil. En esta situación están 14 imputados, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández –que llegó a estar encarcelado durante casi cuatro meses antes de salir tras pagar 450.000 euros–, o el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, y sus dos sucesores.
El caso ERE y sus implicaciones políticas supuso el fin de la carrera de pesos pesados del PSOE andaluz como los propios Chaves y Griñán, que se vieron obligados a dejar sus escaños en las Cortes –donde se refugiaron tras abandonar Andalucía ya acosados por esta investigación judicial– e incluso la militancia en el Partido Socialista. Y es desde hace años el principal argumento de la oposición contra el Gobierno andaluz. Pese a ello, el juez Martín trata en el auto de desmarcar su decisión del efecto político y en la opinión pública que enviar a juicio a quienes dirigieron Andalucía durante 20 años. «El Auto de apertura de juicio oral, conviene precisar que sólo sirve para permitir que el procedimiento siga adelante. Su finalidad es valorar la consistencia de la acusación con el fin de impedir imputaciones infundadas y, con ello, la llamada pena de banquillo, actuando en este caso el juez en funciones de garantía jurisdiccional pero no de acusación».
Esa pena de banquillo es la que durante años denunciaron los imputados, y sus abogados defensores, sobre todo cuando la jueza Alaya dirigía la instrucción y les citaba a declarar haciéndoles esperar en los pasillos del juzgado durante horas. Y en los distintos recursos de las defensas, es un argumento aún recurrente.
Su sucesor, ante el que aceptaron comparecer varios de los que se negaron a declarar ante Alaya (Chaves y Griñán lo hicieron ante el Supremo al estar entonces aforados y cuatro exconsejeros ante el TSJA porque eran parlamentarios andaluces), insiste en que este auto supone «un juicio de racionalidad sobre la existencia de motivos suficientes para el enjuiciamiento» de los imputados «pero ni tiene naturaleza inculpatoria ni tiene el alcance de conformar positivamente los términos fácticos y jurídicos de plenario, pues eso es función de las acusaciones». En definitiva, el juez eleva el caso a la Audiencia porque considera que hay indicios suficientes para juzgar a los investigados pero se limita a trasladar las penas solicitadas por las partes. De hecho, tanto en el auto inicial de procesamiento como en el escrito de la Fiscalía sólo se atribuían los delitos de prevaricación a los 26 imputados (castigado con 10 años de inhabilitación) y de malversación a 18 de ellos (con penas pedidas de entre 6 y 8 años de cárcel y 20 años más de inhabilitación). Fue la acusación del PP la que introdujo también el delito de asociación ilícita para los 26 imputados, con una petición de dos años de cárcel para cada uno de ellos.
Además de las fianzas fijadas por el juez para cubrir la posible responsabilidad civil, la Fiscalía en su petición de penas también reclama a los imputados la devolución a la Hacienda pública de en total de 741,59 millones de euros, en distinta cuantía para cada uno según el tiempo durante el que ejercieron sus cargos y devengando las cantidades que la Junta recupere en los procedimientos administrativos que inicie para el reintegro de las ayudas así como las que exija retornar el Tribunal de Cuentas o a raíz de sentencias condenatorias de otras piezas de los ERE (la sucesora de Alaya dividió la macrocausa en una pieza para cada una de las 200 empresas que recibieron subvenciones).
También el PP reclama que quienes resulten condenados respondan solidariamente de la devolución a las arcas públicas del total de los créditos destinados a estas ayudas entre 2000 y 2011. Unas ayudas que, según el juez, repartió de manera «discrecional» la Dirección General de Trabajo, cuyo responsable durante la mayor parte de ese tiempo, Javier Guerrero, llegó a decir que se manejaba el presupuesto para ello como un «fondo de reptiles». El destino era financiar ERE de empresas en crisis en los que llegaron a prejubilarse personas que nunca trabajaron en esas empresas, muchos vinculados al PSOE.