“Los perros de caza, rédalas y animales auxiliares de caza contarán con una regulación propia”. Esa es la propuesta que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados como enmienda a la Ley de Protección Animal que, por primera vez, trataba de igualar a España con el resto de los países civilizados en lo que se refiere a cómo se trata a los animales. En la práctica, si llegase a aprobarse esta enmienda en la futura Ley, los galgos no serían animales sino objetos, a efectos legales. La propuesta del PSOE también deja desprotegidos a otros animales como perros pastores, y perros policías, entre otros casos. La desprotección es tal que juristas, policías, veterinarios, criadores y, por supuesto, organizaciones ecologistas y animalistas, han mostrado su rechazo a este borrón sobre una ley que estaba llamada a cumplir, además, uno de los compromisos de Gobierno entre PSOE y Podemos.
La representante de las organizaciones ecologistas y animalistas que se han agrupado (más de un centenar) para oponerse a esta desprotección, Aida Gascón, afirma que “estamos muy indignados y creemos que es imperdonable que el Partido Socialista se posicione al lado de unos pocos miles de cazadores, escopeta en mano y dando la espalda a millones de perros que sufren a diario el maltrato y a millones de personas que tratamos que España se alinee con los criterios del Unión Europea de respeto a los animales y que deje de ser el país liudar de la UE en abandono y maltrato animal”.
“La enmienda es un auténtico despropósito desde todos los puntos de vista”, explica la abogada experta en defensa animal Lola García. “Desde la perspectiva científica no existe ninguna diferencia entre los perros que se usan para cazas de los perros que viven en las casas”, explica, y añade que “se trata de la misma especie, con las mismas necesidades y por tanto deben tener la llama protección”.
Las asociaciones de juristas, despachos y profesionales del Derecho y la Justicia han dirigido un escrito a las diputadas y diputados en el que explican por qué la enmienda presentada para desproteger a estos animales es contraria al ordenamiento jurídico. En el mismo, las entidades y profesionales firmantes recuerdan que las actividades con perros no estarán prohibidas y que aquellas personas que tengan a sus animales en condiciones adecuadas no deberían sentirse amenazadas por esta ley. Los perros usados para fines humanos suelen, además, estar expuestos a peligros específicos, y en muchos casos a riesgos mayores que los perros de familia, por lo que, en todo caso, necesitarían de una protección mayor, nunca menor. “Excluir a estos perros de la ley es una medida innecesaria y, sobre todo, injustificada, sin argumentos fácticos ni jurídicos que la sustenten“, concluyen. “Si prestan a sus perros la debida atención y cuidados, acorde con las necesidades de su especie, no deberían tener nada que temer“.
Desde el punto de vista ético, resulta una aberración que una norma que pretende la protección de los animales y luchar contra su maltrato excluya al colectivo de animales que más maltrato y abandono sufre, que son los perros usados para la caza, “cuyas condiciones de vida son de absoluta miseria y todos sabemos cuál es el destino de los animales descartados al final de la temporada de caza, por no mencionar la cría incriminada, la falta de asistencia veterinaria, etc”, apostilla la abogada. Para Lola García desde el punto de vista jurídico legal esta excepción carece de fundamento alguno: “En primer lugar porque el convenio europeo de animales de compañía incluye a todos los perros sin excepción, pero también porque nuestro recién reformado Código Civil reconoce en su artículo 333 bis del la sensibilidad de los animales y la obligación de protección por parte de las administraciones con el fin de enviar maltrato, sin excepción”.
En el ámbito regional, ninguna de las 17 normas autonómicas sobre tenencia de animales hace la distinción que ahora quiere incluir el PSOE en la norma nacional. Hasta el Reglamento de Caza deriva a las leyes administrativas de tenencia todo lo que se refiere a las obligaciones de los propietarios de los perros. “No existe ningún argumento para semejante locura que no sea contentar algunos barones del PSOE que siguen anclados en el pasado y aferrados a los votos de los cazadores obstaculizando a millones de españoles que quieren un ordenamiento que ampare los derechos de los animales sin excepción”, concluye la abogada especializada en defensa animal.
Respecto al maltrato animal, este año se ha constituido la PAU (Protectoras Andaluzas Unidas) compuesta por más de 117 entidades que trabajan diariamente en la recogida y cuidado de perros abandonados, la gran parte proveniente de la caza.