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Esquema del mapa actualizado de fosas comunes. El tamaño de los círculos indica el número de fosas en la localidad o comarca. /Junta de Andalucía y Txetxu Rubio -
Restos de represaliados en la fosa común de Cazalla de la Sierra. / Efe
El consejo de gobierno de la Junta de Andalucia presentó ayer la actualización del mapa de fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Agujeros en los cementerios o cunetas donde decenas de miles de andaluces –se estima que 50.000 siguen desaparecidos– fueron arrojados víctimas de la represión o incluso de la violencia absurda por los golpistas de 1936. De hecho, las provincias donde hay más fosas son Sevilla, Cádiz y Huelva, donde apenas hubo combates y donde la guerra se había acabado, como muy tarde, en un mes.
En números, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, presentó un documento cartográfico con 702 enclaves de la represión, 88 más (el 14,33 por ciento más) que en la anterior actualización de un primer mapa elaborado por las entidades memorialistas hace 12 años y que apenas sobrepasaba los 600 puntos.
Por provincias, destacan Sevilla, Huelva y Cádiz con 136, 124 y 118 fosas localizadas, respectivamente. Les siguen Granada con 108, Málaga (99), Córdoba (79), Jaén (27) y Almería (11). La provincia con mayor número de cuerpos en las fosas es Granada, con más de 11.000, aunque Sevilla y Huelva superan los 10.000 cadáveres. La Junta cifra en 48.349 las víctimas desaparecidas de las que se tiene constancia.
Este nuevo mapa se ha realizado en colaboración con asociaciones memorialistas, universidades, corporaciones locales y familiares de víctimas. Su diseño digital interactivo permitirá añadir datos. Por ejemplo, el portavoz del Grupo RMHSA de CGT.A., Cecilio Gordillo, destaca que en el futuro se podrán asociar las identidades de desaparecidos y asesinados rescatadas en el proyecto Todos los nombres a cada fosa común.
Los datos actualizados serán remitidos esta misma semana al Ministerio de Justicia para su inclusión en el mapa estatal.
Andalucía fue la primera comunidad autónoma en comenzar a elaborar un mapa de fosas comunes en el año 2005. En la presente actualización, la dirección general de Memoria Democrática contactó con todos los ayuntamientos andaluces, con el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y con testimonios de testigos, familiares e investigadores locales como fuente de información.
Y es que como apunta el historiador especializado en la represión en la comarca de Morón Miguel Guardado, localizar fosas es muy complicado. «Se va a ciegas, con testigos que hace 80 años que presenciaron los hechos y muchas veces se han edificado barriadas o bloques de nichos sobre las fosas».
Cuando se cumple un año de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica andaluza, la administración autonómica saca pecho: el presupuesto se ha incrementado el 73 por ciento en un año, hasta superar el millón de euros (solo para fosas comunes, 600.000), se anuncian excavaciones para dignificar las fosas en 29 municipios –entre ellas, la inefable de Pico Reja, en Sevilla, donde podrían estar, entre más de mil asesinados, los restos de Blas Infante, la corporación municipal de 1936 y otros personajes relevantes– y se seguirá trabajando en otras 40 donde se han recuperado 450 cuerpos. En los presupuestos generales del Estado, para la memoria histórica hay cero euros –aunque Defensa repatría desde Rusia restos de integrantes de la División Azul–.
Otro historiador con gran bibliografía a sus espaldas, José Luis Gutiérrez, relativiza el esfuerzo de la Junta. «A ese ritmo tardarán 80 años en dignificar todas las fosas». Asimismo, el responsable de la asociación memorialista Archivo Guerra y Exilio, Manuel Velasco, critica que las exhumaciones en España «contravengan el Derecho Internacional, puesto que no se acompaña de denuncia y presencia de un juez como corresponde a los delitos de lesa humanidad».