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La conocida popularmente como hucha de las pensiones ha sufrido un drástico recorte de ingresos desde el inicio de la crisis económica. / El Correo
El avance incesante de la longevidad, la reducción de ingresos ante la merma de cotizantes debido a la crisis económica y el consiguiente aumento del gasto que ha dejado en los huesos la hucha de las pensiones obligan a las fuerzas políticas a un esfuerzo para encontrar una solución a uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta la sociedad española a medio plazo: el sostenimiento de las pensiones.
Mientras el número de pensionistas ha crecido un 13 por ciento desde 2008, los afiliados han menguado un 8. No hay ámbito en el que sea más urgente un acuerdo entre los partidos y agentes sociales. El Pacto de Toledo parece el foro propicio para consensuar una nueva fórmula que garantice el sostenimiento del sistema para las generaciones venideras. La comisión de seguimiento del pacto inició sus trabajos el pasado otoño con la intención de contar con una propuesta para comienzos de la primavera. La urgencia es tal que el Gobierno se ha comprometido a incluir algunas de esas recomendaciones ya en los Presupuestos de 2017. La partida destinada al pago de las pensiones crece a tasas del 3% anual y, según los Presupuestos Generales del Estado para este año sumarán nada menos que 135.000 millones de euros. Casi 4 de cada 10 euros de lo que gasta el Estado va dirigido a esta partida.
Las dos últimas reformas (una del PSOE en 2011 y otra del PP en 2013) contaron con la negativa del que era el principal partido de la oposición en ese momento. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, propuso en su comparecencia que las reducciones que ahora se aplican en las cotizaciones sociales se financien con cargo a los Presupuestos y así ahorrar 1.900 millones en el balance de las cuentas de la Seguridad Social. De este modo, estas reducciones pasarían a ser bonificaciones. Y como tales se financiarían a través del Servicio Público de Empleo (SEPE). Las cuentas públicas, por tanto, saldrían al rescate de los casi 2.000 millones que se dejan de ingresar anualmente por subvencionar la contratación. Las bonificaciones en las cuentas de la Seguridad Social no son el único lastre que el Gobierno valora restar al sistema. También se estudia que las prestaciones no contributivas sean abonadas desde los Presupuestos, como una política social más. Entre ellas, las pensiones de orfandad o los 2,3 millones de prestaciones de viudedad. Esta medida permitiría ajustar el déficit a corto plazo, ya que permitiría ahorrar a la Seguridad Social algo más de 20.000 millones de euros. Sin embargo, tanto Podemos como el PSOE pretenden vetar esta posibilidad. Las dos formaciones quieren mantener a toda costa estas pensiones, que son contributivas dentro del Sistema de la Seguridad Social.
El PP tiene más fácil convencer a Ciudadanos para adoptar esta medida, ya que ambos acordaron, en su pacto de investidura “estudiar la reordenación de las fuentes de financiación del sistema público de pensiones, en especial en lo relativo a aquellas prestaciones que no tengan un carácter netamente contributivas
Compatibilizar al 100 por ciento el salario con el cobro de una pensión. Mejorar la contribución de los autónomos: ahora el 90 cotiza por la base mínima. Continuar con la lucha contra los empleos fraudulentos y las empresas ficticias son también algunas propuestas que ha puesto sobre la mesa el Gobierno. El PSOE considera «poco serio» la propuesta de permitir el cobro íntegro de la pensión de jubilación para aquellos mayores de 65 años que trabajen.
En el acuerdo de gobierno que Podemos propuso al PSOE después de las elecciones de diciembre de 2015, el partido morado propuso recuperar la edad de jubilación a los 65 años (actualmente está en los 67). Además, planteaba recuperar la indexación de las pensiones a los precios (IPC) y derogar la regulación del llamado Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones.
Partido Popular
-Consolidar los cambios introducidos en el sistema de pensiones de jubilación en la anterior legislatura (Ley 23/2013):
•Mínimo de revalorización anual de las pensiones del 0,25%.
•Introducción del factor de sostenibilidad a partir del 2019.
-Aumentar la cantidad que da derecho a deducción en el IRPF por las aportaciones a sistemas de previsión social, en los casos en que las aportaciones se realicen conjuntamente por el empleador y el trabajador.
-Revisar la forma de cálculo del IRPF cuando se rescaten las pensiones de jubilación.
-Favorecer el envejecimiento activo y la prolongación voluntaria de la vida laboral, realizar una exención del IRPF para aquellas personas que trabajen más allá de la edad legal de jubilación y fomentar una mayor compatibilidad entre percepción de la pensión y percepción del salario por actividad laboral.
-Políticas laborales de gestión de la edad y programas específicos para la reincorporación laboral de los mayores de 55 años.
PSOE
-Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones.
-Derogar los cambios introducidos por el PP en esta legislatura y recuperar el Pacto de Toledo. Dichos cambios son:
-La regulación de la jubilación anticipada.
-La Ley 23/2013.
-La regulación de las Mutuas. Recuperar el Pacto de Toledo.
-Creación de un recargo en todos los impuestos destinado a la financiación de las pensiones.
-Elevación gradual de la base máxima de cotización y de la mejora progresiva de las bases mínimas (vinculada al incremento del SMI), y las cotizaciones de los autónomos según sus rentas.
-Reforzar el Fondo de Reserva a través de una mejora de su regulación.
-Incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 que no reciban otra pensión pública hasta alcanzar el 60%. Además, incrementar también la pensión de orfandad, en especial para familias con menores rentas.
-Reconocer a todas las mujeres un ‘bonus’ de dos años de cotización por cada hijo (nacido o adoptado) a efectos del cálculo de las pensiones.
Unidos-Podemos
- La derogación de las dos últimas reformas del PSOE y PP, por lo que se restablecería la edad de jubilación a los 65 años, así como la recuperación de la indexación de las pensiones al IPC.
-Eliminar los beneficios fiscales en la previsión complementaria individual, como en el caso de los planes de pensiones privados.
-Introducción progresiva de la financiación por vía impositiva.
-Revisión y progresiva supresión de los regímenes especiales de cotización para nuevas afiliaciones.
-Eliminar el tope máximo a las cotizaciones, sin tener que incrementar la pensión máxima en similar proporción.
-Revalorizar la pensión mínima en los siguientes casos:
•La pensión de jubilación personal o con cónyuge no a cargo, será equivalente al SMI anual.
•La pensión de jubilación con cónyuge a cargo será equivalente al 110% del SMI anual.
-Aumento progresivo de las pensiones no contributivas.
Ciudadanos
-Modernizar el sistema pensiones en España y hacerlo sostenible con un sistema similar al que existe en otros países europeos.
-Garantizar pensiones de jubilación adecuadas y periódicamente actualizadas, evitando situaciones de pobreza.
-Reabrir el Pacto de Toledo y consensuar entre todos los partidos políticos una nueva reforma del sistema público de pensiones.
-Flexibilidad para decidir a qué edad jubilarse en función de las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral.
-Transparencia para que los cotizantes sepan la futura cantidad de las pensiones de jubilación pública que recibirán.