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Los dos expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en primera fila, saludan al inicio del juicio al exconsejero de Empleo, José Antonio Viera. / Raúl Caro (Efe)
La batalla política del Parlamento andaluz se introdujo ayer en la sala donde se juzga el procedimiento específico de la causa de los ERE cuando el PP, que ejerce la acusación popular, solicitó la comparecencia como testigo de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Junto a ella los populares solicitaron al tribunal que cite al actual consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, y a la que fuera también responsable del ramo Mar Moreno.
Este martes arrancaba la cuarta jornada del juicio contra los dos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos de la Junta, después del parón navideño y tras tres jornadas en las que solo hubo lugar para la lectura de los informes de acusación y defensa. La jornada se preveía más o menos tranquila con el planteamiento de las cuestiones previas, aunque la de las acusaciones eran toda una incógnita y ahí surgió la sorpresa. El PP logró eclipsar el titular a la Fiscalía Anticorrupción cuando su letrado, Luis García Navarro, tras leer un montón de documentación que solicitó que se adjuntase como prueba nombró a Díaz. Un murmullo se apoderó entonces de la sala, pues a todos les había parecido oír que pedía su declaración como testigo, pero todos se mostraron algo incrédulos a la vez que sorprendidos.
Y no habían oído mal. El abogado reclamó a la tribunal que juzga el caso que la cite a declarar como testigo por el «conocimiento de los hechos demostrado en sus comparecencias en el Parlamento andaluz y en sus actos públicos» y añadió que en su etapa como consejera de Presidencia se aprobó y tramitó «el decreto de medidas extraordinarias y urgentes de protección social para trabajadores y extrabajadores afectados por procesos de regulación de empresas que vino a convalidar parte de las subvenciones otorgadas» en el periodo investigado en el caso ERE.
Junto a Díaz, el PP quiere que se cite como testigo al actual consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, debido a que su etapa como alcalde de Chiclana (Cádiz) este Ayuntamiento «recibió ayudas sociolaborales» con cargo a la partida de los ERE. Su planteamiento incluye la comparecencia de la exconsejera de Presidencia, Mar Moreno, debido igualmente al conocimiento demostrado de los hechos, principalmente por una «rueda de prensa que ofreció sobre los intrusos tras un Consejo de Gobierno», y por el hecho de haber estado imputada en la causa, hasta que el Tribunal Supremo decretó el archivo para ella.
La incertidumbre del fiscal
En sus cuestiones previas el PP también reclamó la declaración como testigos de tres de los cuatro imputados que resultaron exculpados después de que se abriera juicio oral contra ellos en esta causa del procedimiento específico. Es decir, del ex director general de Trabajo Daniel Rivera, el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas, el exdirector de la Agencia IDEA Antonio Valverde. Una petición que también expuso la Fiscalía Anticorrupción.
Asimismo, el letrado del PP reclamó además de numerosa documentación, que declaren como testigos tanto los funcionarios de la Consejería de Empleo que realizaron el informe con información reservada, así como a la dos autoras del informe de la Cámara de Cuentas sobre Fiscalización de las Ayudas Sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Junta.
Al PP le precedió en sus cuestiones previas la Fiscalía Anticorrupción que solicitó al tribunal que delimite cuáles son los hechos que se van a juzgar. Es decir, los fiscales quieren que se aclare si también se van a incluir la responsabilidad penal en la concesión de las 270 ayudas que se otorgaron supuestamente de forma irregular en esta rama del caso.
En su exposición, el fiscal Juan Enrique Egocheaga destacó la necesidad de delimitar los hechos que ahora se va a juzgar para evitar «indefensión» a los acusados y posibles futuras «nulidades», ante «disparidad de criterio» que se ha venido dando en diversos autos tanto de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargada de resolver los recursos, y del propio Juzgado de Instrucción número 6.
En concreto, hizo referencia al auto de la Audiencia que estimó la petición del exconsejero de Empleo Antonio Fernández para evitar ser juzgado varias veces por los mismos hechos. Un argumento que fue asumido en parte por la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, que archivo la causa para determinados acusados en otras piezas. Pero, también recordó que hay acusados que siguen teniendo la consideración de investigados en otras piezas. El fiscal puntualizó que en el caso ERE se cuestionan 270 ayudas por las que está previsto que se abra una causa por cada una de ellas, aunque en la actualidad en el juzgado solo hay abiertas 104 piezas y de ellas solo se han iniciado diligencias en 35.
Para el fiscal hay dos opciones. La primera suspender el juicio y retrotraer la causa al momento que se envía a juicio la causa para «no crear indefensión» y manteniendo el «principio de contención» y que esta rama «no se vea afectada por los pronunciamientos de otras piezas». La segunda, si se asume el criterio de la Sección Séptima, sería necesario incorporar nuevos testigos y documentales del resto de piezas que se están investigando para juzgar en esta vista a los acusados. «Saber hasta dónde se puede preguntar», indicó el fiscal.