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Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero tras ellos. / Efe
La pieza por el conocido como procedimiento específico de los ERE no deja de dar sorpresas, pese a que ya se encuentra en juicio. La última novedad, a menos de una semana de que se retome la vista para conocer la resolución de las cuestiones previas, es que el PP, que ejerce la acusación popular ha vuelto a reclamar los 741 millones de euros, en los que la Fiscalía cifra el fraude, a los ex altos cargos sentados en el banquillo, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El motivo no es otro que el hecho de que la Junta de Andalucía no lo haya hecho, pues se retiró como acusación pero reservándose una futura acción civil para reclamar los fondos públicos lapidados. Anticorrupción tampoco reclama esta cuantía.
En su escrito a la Sección Primera de la Audiencia el PP, representado por los abogados Luis Navarro y Lourdes Fuster, solicita «ejercer con todas sus consecuencias la acción civil derivada de los delitos que son objeto de la acusación en defensa de los derechos de la Hacienda Pública andaluza y los andaluces en general», rectificando así su escrito de acusación en el que no incluía la responsabilidad civil de los procesados.
Los populares, que estimaban que el fraude ascendía a 1.200 millones de euros, piden ahora que «con modificación del importe exigible», tenga por ejercitada la acción civil ex delito contra todos los acusados, que «deberán responder de manera solidaria de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Andaluza, en la cantidad total de 741.596.575 euros, fijada en su día por el Ministerio Fiscal, que se corresponde con el importe total de las transferencias de financiación realizadas al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) con cargo a los programas presupuestarios 22E y 31L».
Esta petición supone un giro en las cuestiones planteadas tanto por el PP como por la Fiscalía Anticorrupción, que planteó entre sus cuestiones previas «dejar sin efecto» su petición de responsabilidades civiles a los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz. Por su parte, el letrado del PP expresó su renuncia a pedir la reclamación de la responsabilidad civil de los acusados, pues según dijo entonces, «la acusación pública y la particular «no estamos legitimados».
El abogado justifica ahora que no había tenido acceso a la pieza de responsabilidad civil incoada por el Juzgado de Instrucción número 6, pese a haberlo solicitado. Además, alega que ante la «imposibilidad» de interrogar a la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, al ser rechazada su propuesta de que fuera citada como testigo, «sobre la actuación de los letrados de la Junta de Andalucía en el presente procedimiento, especialmente sobre la supuesta reserva de acciones civiles ex delito».
El escrito recuerda que «no consta en las actuaciones» el escrito «que se dice fue presentado por los letrados de la Junta de Andalucía reservándose expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente». Para el PP, este planteamiento sería «contrario a la doctrina del Tribunal Supremo que precisa que la renuncia de derechos tiene que ser personal, clara, inequívoca, sin condición alguna con expresión concluyente de su voluntad terminante, lo que en el caso de la Administración Pública se ha de verificar mediante un acto administrativo expreso y motivado dictado por el órgano competente en la materia, que no consta en las actuaciones».