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Foto: EFE
Murcia es la capital en la que más caro sale pagar el recibo del agua mientras que en León el agua es la más barata de España. Las variaciones tarifarias llegan hasta 746 euros de diferencia de precio al año. En Andalucía, Huelva es la ciudad donde abrir el grifo se paga más caro que en el resto de capitales andaluzas.
Dime cuánto pagas por el agua de grifo y te diré donde vives: Un estudio de FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas del suministro domiciliario de agua en 2019 en las 50 capitales de provincia españolas, además de Santiago de Compostela, Gijón y Melilla, revela que un usuario puede acabar pagando hasta 12 veces más por el agua del grifo dependiendo de la ciudad en la que viva.
Murcia, Huelva, Barcelona, Palma de Mallorca y Alicante son las capitales analizadas en las que más caro sale pagar el agua siempre que se trate de una vivienda con un consumo de 10 metros cúbicos. Frente a los 28,43 euros al mes que paga un murciano por 10 metros cúbicos de agua, un leonés -donde se ha registrado el precio más barato del agua urbana según el citado estudio de FACUA- paga 2,29 euros al mes por esa misma cantidad de agua. En concreto, para una vivienda con un consumo de 10 metros cúbicos mensuales y un calibre de contador de 13 ó 15 milímetros, las variaciones tarifarias suponen hasta 313,80 euros al año de diferencia. Si el consumo alcanza los 20 metros cúbicos mensuales, las variaciones alcanzan los 746 euros al año. Los precios comparados en el estudio de FACUA incluyen los cánones y recargos que se aplican en muchas ciudades, pero no cuentan las tarifas por alquiler y mantenimiento de contadores ni el IVA.
El análisis de FACUA toma como referencia dos modelos: una vivienda con tres habitantes y un consumo mensual de 10 ó 20 metros cúbicos. Tanto los usuarios con contadores de 13 milímetros de diámetro como aquellos con contadores de 15 milímetros pagan ligeramente menos que en 2018: una bajada media de un 1,0% para consumos de 10 m3 y del 0,8% para los de 20 m3.
Con contadores de 13 mm y un consumo de 10 m3, los importes más elevados encontrados por FACUA han sido los de Murcia, con una tarifa de 28,43 euros al mes y Barcelona, 22,90 euros, Palma de Mallorca, 22,50 euros y Huelva, 22,49 euros. En el otro extremo se encuentra León, con un precio de 2,29 euros para un consumo de agua de 10 m3 cúbicos al mes, independiente de si el calibre es de 13 o 15 mm. También es la ciudad más barata para un consumo mensual de 20 m3 independientemente del calibre del contador, con una tarifa de 8,69 euros.
Para un consumo de 10 m3 con un contador de 13 mm le siguen Soria (gestión mixta), 8,38 euros al mes; Oviedo (gestión privada), 8,58 euros; Ourense (gestión privada), 8,67 euros y Guadalajara (gestión privada), 9,64 euros. Para un consumo de 10 m3 con un contador de 15 mm las tarifas más caras mensuales son las que abonan en Murcia (28,43 euros), Huelva (24,18 euros), Barcelona (22,90 euros) y Palma de Mallorca (22,50 euros). Las tarifas más bajas se encuentran igualmente en León (2,29 euros al mes), Soria (8,38 euros), Oviedo (8,58 euros), Ourense (8,67 euros) y San Sebastián (9,94 euros).
A pesar de las enormes diferencias tarifarias entre las 50 capitales de provincia y las otras tres ciudades analizadas, las viviendas con un consumo de 10 m3, ya sea con calibre de 13 o 15 mm, pagaron de media este año 15,64 euros. En aquellas familias con un consumo de 20 m3, sin importar el calibre, el precio medio alcanza los 33,10 euros.
En ocho de las 53 ciudades analizadas por FACUA han aumentado los precios con respecto a 2018. En algunos casos, por modificación de las propias tarifas, mientras que en otros éstas se mantienen pero suben los cánones locales, provinciales o autonómicos que se aplican, como en el caso de Jaén (subida del 3% de media) y Sevilla (0,9% más que en 2018).
Las ciudades que suben sus tarifas en 2019 son: Alicante (0,7%), Bilbao (2,3%), Jaén (1,1%), Pamplona (1%), Salamanca (2,2%), Sevilla (0,1%), Soria (2,3%) y Toledo (3,6%).
Por el contrario, hay tres ciudades que bajan sus tarifas, Cádiz (7,9%), León (24,7%) y San Sebastián (40%), además de una muy ligera bajada en Ciudad Real (0,6%) y Huelva (0,1%). Esto ha supuesto que de media, los precios para los cuatro casos analizados hayan bajado un 0,9% con respecto a los de 2018, de 24,61 euros ahora pasa a 24,41.
FACUA reclama a los ayuntamientos que adopten un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes, de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa. Los consumos elevados en hogares en los que residen pocas personas podrían reflejar un despilfarro de agua que debería ser penalizado y resultar más caro que el consumo elevado de un hogar en el que residen muchas personas. Un sistema tarifario que contemple este tipo de cuestiones es más equitativo para la ciudadanía y asimismo permite premiar el ahorro con tarifas más asequibles.
De esta manera, los hogares con mayor número de habitantes y por lo tanto mayor consumo, podrán demostrar que no derrochan agua y no se verán penalizados por ello. Un precio unitario, sin considerar el número de personas por domicilio, impide conocer quién está realmente ahorrando en el consumo, valora FACUA.
Asimismo, la asociación considera imprescindible una regulación garantista frente al corte o suspensión del servicio, que defina y regule la situación de personas vulnerables de especial protección y que asegure un mínimo vital como un derecho de los usuarios. En este sentido, FACUA recuerda que la ONU ha reconocido el agua como un derecho humano y establece un cálculo (informe 35 sobre Derecho al Agua) que puede servir de referencia para establecer el mínimo vital. Así, la asociación recomienda que éste quede en cien litros por persona al día.
Para ello, es necesario potenciar la visión del ciclo integral del agua y abordarla desde una nueva regulación integral que garantice el acceso al suministro a toda la población, unos precios justos y razonables, que reconozca su dimensión como derecho humano y recurso esencial para la vida, que respete el carácter renovable del recurso, garantice su uso sostenible, gestione la demanda para conseguir su uso eficiente y la calidad adecuada y los valores ambientales asociados al medio hídrico.
FACUA considera que el concepto de ahorro o despilfarro no puede desvincularse del número de residentes de la vivienda. Por ello, la asociación cree que debe avanzarse en la facturación por habitante, así como en la aplicación de tarifas progresivas donde se penalicen los consumos excesivos.
En 23 municipios se tiene en cuenta si los titulares del suministro en las viviendas donde residen más de tres personas conforman una familia o vivienda numerosa con el fin de aplicarles tarifas más reducidas, mientras que algunas ciudades aplica tarifas distintas a partir de cuatro miembros o más en el núcleo familiar, como A Coruña y Barcelona.
La asociación señala que, en algunos casos, estos precios más bajos se aplican a todas las familias numerosas, mientras que en otros están vinculados a renta o a situaciones como aquéllas en las que todos sus miembros se encuentren en paro o pensionistas con bajos ingresos. FACUA reivindica que se incluya en la estructura tarifaria tarifas de carácter social que tengan en consideración colectivos desfavorecidos.
Más de la mitad de las ciudades analizadas en el estudio cuentan con bonificaciones o exenciones para determinados perfiles de consumidores, en su mayoría para familias numerosas, jubilados o pensionistas y domicilios con todos sus habitantes en situación de desempleo. Tan sólo 17 ciudades no cuentan con ningún tipo de rebaja o bonificación.
Además, algunas ciudades (Alicante, Barcelona, Huelva, y Málaga) cuentan con un fondo social o fondo de solidaridad para ayudar con el pago de sus facturas a familias en situación de dificultad económica. También hay descuentos por niveles bajos de renta, como en el caso de A Coruña, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, Madrid, Palma de Mallorca y Santander.
En España, el suministro domiciliario de agua es competencia de los ayuntamientos, que lo gestionan desde el propio ente, consorcios o mancomunidades, o a través del otorgamiento de las concesiones de servicio a empresas públicas, privadas o mixtas. Son estas entidades las que deciden las tarifas con carácter anual. Por ello, FACUA reclama que los ayuntamientos y entidades gestoras den participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar las tarifas y aprobarlas. Además, la asociación insiste en demandar una norma marco que regule aspectos básicos del servicio; estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio, reclamaciones, contratación y participación. FACUA considera que no puede hablarse de una gestión eficiente y eficaz del recurso si no se aborda dicha gestión de forma unitaria e integral, en todas sus fases, desde la captación hasta la depuración, en lo que se viene denominando Ciclo Integral del Agua (abastecimiento, saneamiento y depuración). “La regulación debe garantizar los principios de unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, descentralización, coordinación, eficacia, participación de los usuarios y transparencia en la gestión del agua, rendición de cuentas de las entidades prestadoras de servicios de agua, garantía de calidad en los servicios públicos y corresponsabilidad de los usuarios en la prestación de dichos servicios públicos”, asegura la asociación de consumidores.