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Fernando Rodríguez Villalobos. / El Correo
El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ha considerado este viernes que «hace falta con urgencia que todas las fuerzas políticas, sin fisuras, firmemos un Pacto de Estado en torno a la defensa del municipalismo que blinde a los más de 8.000 municipios españoles, 778 andaluces y 105 de la provincia de Sevilla», y abordar «frentes abiertos» y «cuestiones de vital importancia para los miles de ayuntamientos españoles» como una «ley de financiación local justa».
Así lo traslada en un comunicado en el que expresa que «ahora es el momento para seguir abordando con valentía todos los frentes que hay abiertos en torno al municipalismo» con «altura de miras, ya que si el Gobierno central sigue injiriendo en la autonomía local, y poniéndoles piedras en el camino, a corto plazo, los ayuntamientos se colapsarán y, lo que es peor, dejarían de prestar servicios públicos eficientes y de calidad a sus vecinos».
Villalobos se ha congratulado que la inversión de los 7.000 millones de superávit de las entidades locales de España «sea ya una realidad», gracias a la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2017 que ha sido refrendada por todos los partidos políticos, «con el apremio» de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y «del resto de federaciones como la andaluza», pero apunta que «no es justo que las entidades locales, que han hecho bien sus deberes, cada vez más, se vean presionadas y con un estrecho margen de maniobra para decidir cuestiones como la propia inversión de su superávit local».
«Es de recibo recordarle al Ministerio de Hacienda que en 2016, gracias a los ayuntamientos, España cumplió el objetivo de déficit por primera vez en una década, pese a que ninguna de las administraciones alcanzó sus objetivos», ha remarcado Villalobos.
En esa línea, el presidente de la FAMP ha incidido en que «el origen de este superávit en 2016 lo aportan las corporaciones locales más pequeñas», ya que «las urbes con más de 250.000 habitantes empeoraron sus cifras con respecto a años anteriores y redujeron su superávit en torno a un 1,5 por ciento en 2016, hasta los 1.776 millones».
Según Villalobos, «el ‘empujón’ vino del resto de entidades locales, cuyo superávit ascendió un 60 por ciento hasta los 5.594 millones de euros, 2.117 millones más que en 2015», por lo que, según ha insistido, «el crecimiento del superávit del año pasado --que representa un 0,2 por ciento del PIB--, viene de la mano de las entidades locales medianas y pequeñas».
«PACTO DE ESTADO EN DEFENSA DEL MUNICIPALISMO»
«Con estos números como respaldo, no se entiende por qué las administraciones locales ahorran y aportan beneficios al cómputo de las cuentas españolas y, sin embargo, no pueden tomar decisiones autónomas en cuestiones tan obvias como la inversión de su superávit local», abunda Villalobos, justificando en «esta y otras razones de imperante peso» su llamamiento a que «todas las fuerzas políticas refrenden un Pacto de Estado en defensa del municipalismo».
Villalobos entiende que, con este planteamiento, hay que «abordar, sin más dilación en el tiempo, en primer lugar, una ley de financiación local justa que garantice suficiencia económica a las arcas municipales para la prestación eficiente y de calidad de todos los servicios públicos básicos».
También «un marco flexible y autónomo para la inversión del superávit local; con el fin de la Ley de Estabilidad Presupuestaria --que conlleva el techo de gasto--, que está provocando que las entidades locales no puedan gastarse sus ingresos con libertad, ya que esta norma fija que el superávit sólo puede dedicarse a la amortización de deuda, al pago de facturas a proveedores y a inversiones sostenibles, o lo que es lo mismo, que crezcan en los próximos años, para que el dinero finalmente se quede en los bancos o, año tras año, vayan perdiendo capacidad de ejecución de su propio presupuesto», según advierte el presidente de la FAMP.
Villalobos también ha aludido al llamado «impuesto de plusvalía, ya que ahora mismo hay una indefinición de cómo afecta a nivel municipal». Al respecto, avanza que «estaremos muy pendientes de la reacción del Gobierno central ante las propuestas que la FEMP le va a presentar esta semana», apunta el también presidente de la Diputación de Sevilla, que aboga por «una seguridad jurídica inmediata» y pide «agilidad y celeridad al Gobierno para tramitar las reformas legislativas oportunas».