Este martes 28 de julio se cumple una década desde que la ONU declaró el agua como un derecho humano esencial. Desde finales del siglo XX el Banco Mundial apoyó la privatización del agua para beneficiar a multinacionales y oligopolios y ha sido la ciudadanía la que ha defendido el agua como un bien público en contra del concepto de negocio.
A finales del siglo XX el Banco Mundial promovió la privatización del agua al imponerla en los procesos de negociación de la deuda con los países. Pero no todos los países permanecieron impasibles ante esta acción que beneficiaba a las grandes multinacionales y oligopolios. En Bolivia, la oposición ciudadana a la privatización de su agua desembocó en la ‘guerra del agua’, una gran revuelta popular en la que se registraron varios muertos y centenares de detenidos, como se relata en la película ‘Y también la lluvia’, de Itziar Bollaín.
Los movimientos en contra de la privatización del agua se siguieron gestando en Iberoamérica en los años siguientes. El 31 de octubre de 2004 Uruguay aprobó una reforma constitucional por la que se prohíbe la privatización del agua. Un avance legislativo al que se sumará Ecuador, vetando en su país que el agua pueda estar en manos privadas, y que anima también a otros Estados a empezar una lucha legal para rescatar las concesiones de agua que tuvieron que vender en su día y que quieren que vuelvan a ser públicas.
El movimiento internacional en contra de las privatizaciones del agua es tal que en 2006 se celebra en México el primer Foro Mundial del Agua. En este encuentro al que acuden gobiernos de todo el mundo, empresas y ONGs se habla por primera vez del agua como un derecho humano. Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Uruguay, Venezuela y a 400 organizaciones logran consensuar una iniciativa en este sentido, pero no sale adelante ante la presión de las multinacionales y los oligopolios que ven peligrar el gran negocio que les aporta mantener el agua como una mercancía. El siguiente foro mundial del agua, que se celebró en Estambul tres años después tampoco logra aprobar que el agua se considere un derecho humano, pero el movimiento ha crecido sumando a 20 países más a la defensa pública del agua.
La catarata popular y de gobiernos a favor del agua pública desemboca en la ONU. El 28 de julio de 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce en su resolución A/res/64/292 que el derecho humano al agua potable y al saneamiento es un factor esencial para la vida. Casi de inmediato, el Ayuntamiento de París inicia el rescate de sus servicios de agua, que durante 25 años habían estado en manos privadas. En París se revelan entonces los graves problemas de la privatización de este servicio básico esencial: durante más de dos décadas el agua ha sido de todo menos transparente, con opacidad financiera, pérdida de control técnico y de la gobernabilidad del sistema. Una vez remunicipalizada (un concepto del que los privatizadores no quieren a día de hoy ni oír hablar), Aguas de París reduce las facturas del agua hasta un 8%.
Tras la declaración de la ONU y el ejemplo de París, se suceden los movimientos en Europa en contra de la privatización del agua. Italia celebra un referendum popular en 2011 y sus 25 millones de habitantes votan en contra de la privatización del agua.
En 2012 decenas de colectivos entre los que estaba la ONG española AEOPAS (Asociación Española de OPeradores Públicos de Agua y Saneamiento, que agrupa a las empresas municipales públicas del agua que apoyan el derecho humano al agua) y la Asociación de Operadores Públicos Europeos (APE), con la Federacioìn Europea de Sindicatos de Servicios Puìblicos al frente, emprenden la primera iniciativa popular europea contra la privatización del agua.
Tras reunir más de 1,7 millones de firmas, Derecho al agua logró que la Comisión Europea validase en 2014 esta primera iniciativa ciudadana europea para que el acceso al agua y al saneamiento fuera reconocido como un derecho humano. La primera medida de la UE ha sido revisar la Directiva Marco sobre el agua potable.
Mínimo vital de agua
En nuestro país AEOPAS desde sus inicios propuso el “mínimo vital” como un mecanismos urgente para implementar parte del derecho humano al agua. “Se trata de garantizar un mínimo vital de 100 litros de agua por persona y día, con el fin de evitar el ‘desahucio hídrico’ de las personas y sectores vulnerables, así como la prohibición de realizar cortes de suministro”, explica el gerente de AEOPAS; Luis Babiano, que apunta los pasos dados en este sentido: “Comenzamos su aplicación con el Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz) y la práctica se extendió por Córdoba a través de la empresa pública de la ciudad (Emacsa) y de la provincia (Emproacsa), Aguas de Cádiz, EMASESA en Sevilla y su área metropolitana y otras ciudades como Palma de Mallorca, Zaragoza, Valladolid y A Coruña que disponen de fondos de emergencia social para impedir el corte del suministro a personas en riesgo de exclusión social".
Actualmente, Andalucía es la única comunidad española que ha reconocido por ley el derecho humano al agua para garantizar un “mínimo vital” de suministro a las personas que carecen de recursos económicos para pagarlo. Ese derecho está recogido en una disposición adicional de la Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético, aprobada por el Parlamento andaluz el pasado mes de octubre, sin embargo, aún no se ha desarrollado.
“La actual pandemia pone en evidencia la necesidad de gestionar el agua como un derecho”, asevera Babiano. En efecto, detrás del agua de grifo que nos permite beber, está también la posibilidad esencial en la lucha contra el COVID-19 como que nos lavemos las manos, pongamos una lavadora o limpiemos nuestra vivienda. Los operadores públicos del agua son los responsables y garantes de mantener toda una red de infraestructuras imprescindibles para que el agua de grifo continúe llegando a nuestros hogares con la certeza de que es sana y segura, y pueda ser después devuelta a la naturaleza en las condiciones de calidad necesarias para proteger nuestro medio ambiente.
La crisis sanitaria mundial causada por el Coronavirus pone en evidencia más que nunca la importancia de los valores colectivos de los operadores públicos de agua: la solidaridad, la cohesión y la cooperación. La crisis está provocando un hundimiento económico sin precedentes, lo que exige respuestas inéditas. Por eso, la mayoría de los operadores públicos decidieron, mucho antes que el Gobierno central lo estableciera, suspender, con carácter inmediato, cualquier procedimiento de corte del suministro a sus usuarios. Además, los operadores públicos han asignado fondos para paliar las dificultades económicas de familias, autónomos y Pymes. Fondos que son una contribución significativa de los operadores en la recuperación económica y social de sus municipios.
El COVID-19 puede ser el punto de no retorno antes del colapso como especie, y la apuesta por el agua como un derecho es una de sus ‘vacunas’. Para ello los gobiernos deberían adoptar reformas radicales, revirtiendo la dirección política que ha prevalecido en las últimas cuatro décadas. Los gobiernos europeos tendrían defender abiertamente los valores de lo público, impulsar su reforma y aceptar un papel más activo en la economía. “Desde AEOPAS apelamos al consenso y creemos que es ineludible que el gobierno impulse un gran Pacto Social por el Agua”, sostiene Luis Babiano. “Un pacto sincero y sin exclusiones que debe de tener, al menos, cuatro ejes básicos: Aplicación del derecho humano al agua; financiación de nuevas infraestructuras que garanticen respuestas exitosas frente a un escenario de cambio climático; innovación y digitalización; y mayor regulación de ciclo integral urbano del agua para la creación de sistemas de gestión más eficaces, resilientes y transparentes. El futuro de nuestros pueblos y ciudades dependerá de este pacto”, explica.