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El exconsejero de Empleo Antonio Fernández a su salida de los juzgados de Sevilla. EFE/ Raúl Caro
El exconsejero de Empleo de 2004 a 2010 Antonio Fernández, investigado judicialmente por las presuntas irregularidades en las subvenciones a la formación, compareció hoy en la comisión de investigación creada en el Parlamento para dirimir las responsabilidades políticas en la gestión de estas ayudas, una cita que esgrimió la semana pasada para no acudir a declarar como imputado en el juzgado hasta pasar por la Cámara pero ante la que hoy mostró su “disconformidad” al considerar que se centra en cuestiones de justificación y gestión de las ayudas que no eran su competencia e incluso llamar “patético” y “ridículo” que se indague en supuestas órdenes para flexibilizar los controles. Advirtió que sólo respondería a preguntas sobre su mandato y pidió “amparo” al presidente de la comisión, el diputado de C’s, Julio Díaz, para que velara por su “derecho al honor” o se marcharía.
Durante toda la comparecencia, que se retrasó 40 minutos como viene siendo habitual en las sesiones pero que Fernández criticó porque “uno también tiene su tiempo”, la tensión entre Fernández y los diputados de los grupos fue constante, negándose a responder al PP. La diputada de C’s Marta Bosquet tildó de “altanero” y a la “defensiva” el tono de Fernández, quien respondió si quería que viniera “pidiendo perdón”. Cuando Fernández criticó que a “algunos les viene muy bien que Andalucía aparezca como una comunidad corrupta para ganar un puñado de votos”. “Aquí no estamos atacando a Andalucía sino a la mierda de gestores que ha tenido Andalucía”, le replicó el diputado de Podemos Juan Moreno Yagüe, si bien a continuación pidió “disculpas” por unas palabas “desafortunadas” que retiró y solicitó que no constaran en acta. Pero el momento más tenso se produjo cuando, tras negarse a responder al PP y hacer la diputada popular Teresa Ruiz Sillero sus preguntas, Fernández le explicó que “no le contesto porque el PP no me merece ningún respeto. Su presidente me dijo que no me preocupara y me dio un beso y a los diez minutos estaba pidiendo mi ingreso en prisión y estuve 122 días privado de libertad”, en alusión a su encarcelamiento dictado por la jueza Mercedes Alaya al inicio de la instrucción de los ERE siendo entonces líder del PP-A Javier Arenas. “Tengo un daño personal”, reconoció.
Fernández criticó que a partir de 2011 se haya “puesto en cuestión de todo el sistema” en un caso que considera “un bluf” fruto de que “le entra unos nervios a los interventores que no les han entrado nunca por una presión social y mediática fortísima a raíz de la ausencia de informe de actuación en los ERE”-caso en el que también está imputado judicialmente- y “todo lo que era legal deja de serlo”.
Al igual que su antecesor en el cargo y en las comparecencias en la comisión José Antonio Viera, Fernández se mostró “orgulloso” del funcionamiento de la formación para el empleo en Andalucía durante su mandato y defendió que “toda la gestión de la formación para el empleo se ajustó sin fisura alguno a lo dispuesto en las leyes” estatales y andaluzas. Fernández señaló que la formación estaba regulada por hasta 25 normas vigentes durante años sin que “nadie las recurriera” y que hacían “imposible” dictar órdenes contra los controles. “Si alguien se ha aprovechado de alguna falla del sistema normativo no ha sido con la colaboración de la Junta sino extramuros”, subrayó, tras lamentar estar “pagando por ello” y llevar seis años “apartado de la vieja y la nueva política” ya que por el “sello social marcado no me dejan ni acercarme a los partidos políticos”. Aseguró que resultaba “imposible” con las leyes de formación ningún “trato de favor” al conceder las ayudas ni flexibilizar los controles, aunque sí reconoció las dificultades para justificar en tiempo y forma por falta de personal ante las restricciones del resto de grupos parlamentarios y del Gobierno al aumento del presupuesto en recursos humanos. A ello atribuyó la decisión de la presidenta Susana Díaz de parar las subvenciones hasta retomarlas este año. “Yo también lo hubiera decretado por el atasco en la gestión”, admitió.
La intervención de la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero en la que señaló que durante el mandato de Fernández se concentra “el mayor fraude de dinero público que ha habido en España con el fraude de los ERE y las ayudas a la formación y se extiende hasta Susana Díaz por no haberlo parado” provocó en enfrentamiento entre ésta y la diputada socialista Marisa Bustinduy que criticó el “consentimiento” del presidente de la comisión a que llamara “ladrones” a todos los socialistas “desde el primero hasta la presidenta”. El cruce de intervenciones “por alusiones” entre ambas, y las advertencias del presidente de la comisión por la “imagen” que daban, fueron seguidas por el exconsejero entre sonrisas y amagos de marcharse.
Como ante la comparecencia de Viera, la diputada de IU Elena Cortés centró sus preguntas en el “beneficio” de los empresarios y aludió a las declaraciones de un compareciente que dijo haberse quedado con el 20 por ciento de las ayudas de los cursos. “Es una declaración de un señor que no les dio ninguna prueba”, respondió Fernández, para quien “o ha mentido” o ha confundido el concepto con el 20 por ciento de gastos imputables a las subvenciones.
Fernández rehusó contestar a más preguntas alegando problemas de salud que no concretó en un segundo turno al que los grupos, a la vista de ello, renunciaron.