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Antonio Fernández, a su llegada ayer a la Audiencia./ Carlos Márquez (Efe)
El exconsejero de Empleo se ha acogido a su derecho a no declarar tras el sorpresivo interrogatorio de ayer por encontrarse «tenso, asustado y aturdido». Después del ‘tercer grado’ al que sometió el presidente del tribunal ayer al exconsejero Antonio Fernández este ha comenzado la jornada de hoy indicándole que se acogía a su «derecho a no declarar» por encontrarse «asustado y aturdido» después de que ayer contestara a diversas preguntas del magistrado Juan Antonio Calle Peña, que le reformuló diversas preguntas de Alaya.
«Me aturdí, me sentía asustado porque no entendía el sentido de las preguntas», ha asegurado Fernández, quien no se ha sentido capaz de «asumir mis declaraciones de ayer». «Hoy me encuentro igual, no me hallo en condiciones de declarar. Con el debido respeto me acojo a mi derecho a no declarar», alegando que las contradicciones que puedan existir con respecto a la declaración realizada ante la jueza Mercedes Alaya están ya aclaradas después del amplio interrogatorio al que ha sido sometido en las tres últimas semanas entre la Fiscalía y su abogado. «Me siento igual, tenso, aturdido y hasta asustado», ha añadido, tras lo que el juez le ha pedido que vuelva al banquillo.
Ha sido entonces cuando la abogada Lourdes Fuster, que ejerce la acusación popular en representación del PP, ha solicitado al tribunal que se leyera un escrito presentado por el abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, dentro de la causa abierta por la pieza separada de la Faja Pirítica de Huelva que investiga la jueza María Núñez Bolaños. Con esta petición la letrada intentaba «acreditar» lo declarado por Fernández sobre la orden ministerial de 1995 por la que el Ministerio de Trabajo también otorgaba ayudas similares a las de la Junta. De hecho, en el caso de este ERE fueron ambas administraciones las que se hicieron cargo del pago.
Sin embargo, el presidente ha rechazado que dicho escrito sea leído en la sala, pues ha considerado que se trata de «manifestaciones del abogado, pero no del acusado». Además, ha recordado que se trataría de «una prueba extemporánea» y señalado que la misma debe ser considerada, en todo caso, como prueba documental.