Fernández recuerda que Zoido firmó las ayudas para la Faja Pirítica de Huelva

Como los dos lunes anteriores, el juicio por la rama política de los ERE se retomó con el interrogatorio del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que contestó a las preguntas de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo. Fernández quiso dejar claro que las ayudas que concedía la Junta eran «iguales» que las que otorgó el Gobierno central en virtud de la orden ministerial de 1995, y que en el caso de la Faja Pirítica de Huelva fueron firmadas por Juan Ignacio Zoido como delegado del Gobierno de Andalucía; que las ayudas contaban con el «consentimiento unánime» del Parlamento y del Estado; o que el 15 por ciento de lo fondos que se consideran malversado fueron para la Seguridad Social, entre otros. Este martes continuará respondiendo a su abogado, mientras el expresidente José Antonio Griñán aguarda con cierta impaciencia ya turno.

El interrogatorio de su letrado estaba minuciosamente preparado, daba cuenta de ello el tocho de papeles que manejó en su puesto durante el mismo, para que Fernández aclarase todos los puntos que durante los siete años de instrucción se han malinterpretado a su juicio. Martínez del Hoyo solicitó la exhibición del documentos en el que se cerraba el acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Administración central para hacer frente al pago de las ayudas de los trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva. La rúbrica en nombre del Estado la hizo Juan Ignacio Zoido. Según explicó Fernández, preguntado por el compromiso de financiación de este ERE, «se inicia un acuerdo entre las dos administraciones y los sindicatos. El importe era el mismo, la misma finalidad, eran iguales». Tras la respuesta, el abogado solicitó la exposición del escrito de personación como acusación del PP en este caso, firmado tanto por Zoido como por Antonio Sanz, entonces como secretario general de los populares en Andalucía. «Los abogados representaban al señor Zoido y el señor Sanz en representación del PP», indicó sobre el documento.

El exconsejero de Empleo destacó que entre los 6.300 trabajadores que recibieron ayudas de la Junta hay «800 con ayudas confirmadas por ambas administraciones, que asumimos el compromiso de pago porque era un montante muy importante». Pero, según explicó, no es el único conflicto en el que se dio esta colaboración» por lo que «para bien o para mal hay que responsabilizar a las dos administraciones».

Sobre la intervención estatal en estas ayuda añadió que «nunca» tuvieron «crítica en ningún periodo, nunca se nos ha cuestionado la norma que hemos utilizábamos y en muchos de lo conflictos hemos colaborado». En este sentido, afirmó que el Gobierno conocía el sistema de ayudas, sino que también lo conocía el Parlamento andaluz y los servicios técnicos. «Nunca recibí ninguna crítica política ni de los servicios jurídicos del Parlamento, había un consentimiento unánime a estas ayudas», cuyo objetivo repitió varias veces era que estos «6.300 trabajadores percibieran un complemento para poder percibir las prestaciones por jubilación más o menos lo mismo que hubiera percibido como si hubiera seguido trabajando», así como «amortiguar el impacto socio económico».

Fernández también precisó que no todo el montante, es decir, los 741 millones de euros que según la Fiscalía Anticorrupción se dilapidaron con los ERE se fue en el pago de las ayudas, sino que «entre un 15 y un 18 por ciento del total de lo ayudado fue para la Seguridad Social en concepto de cotización de estos trabajadores». Es decir, que «unos 140 o 150 millones de euros fueron abonados a la Seguridad Social» de eso 741 millones de euros.

Una de las cuestiones en las que más se extendió este lunes Antonio Fernández fue en los intrusos detectados en los ERE. El exconsejero de Empleo definió este término como «una invención social y mediática para referirse a las personas que disfrutan una póliza pese a no pertenecer a la empresa que hace el ERE». Siempre he dicho que no hay ningún ERE irregular en Andalucía», añadió para precisar que las crisis «no afectaba solo a una empresa, tenía también consecuencias negativas para trabajadores de empresas de un mismo grupo o auxiliares». «Esos trabajadores entraban en el ERE porque formaban parte de la misma causa», señaló. El exconsejero de Empleo sostuvo además, que la Junta siguió el mismo procedimiento que el Estado» y que estos trabajadores «sufrían las mismas consecuencias».

El exconsejero defendió no solo que «no son intrusos», sino también que sigan cobrando las ayudas. En este sentido, indicó que «la Administración andaluza los ha considerado como personas que tenían derecho» y así se ha recogido en el Decreto Ley 04/2012, que según Fernández «actualiza los pagos», «los ha mantenido». Todo ello después de que se haya revisado el listado de intrusos, que recogía 70 nombres según la jueza Mercedes Alaya, y «la gran mayoría ha pasado a ser personas con derecho». Solo unos 15 ó 20 son los verdaderos intrusos, es decir, «un 0,3 por ciento de los 6.300 trabajadores beneficiados», dijo ratificando así lo que declaró ante el Tribunal Supremo. Asimismo, sobre el convenio marco de 2001 firmado por Empleo y el IFA dijo que las ayudas en cuestión se otorgaban «antes del convenio. Nada nace con el convenio».