La Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía ha localizado y desmantelado cuatro talleres de mecánica de coches que funcionaban ilegalmente en la provincia de Huelva, dentro de una serie de labores de vigilancia en torno a esta actividad ilegal.
A través de sus redes sociales oficiales, la Policía ha informado de que los talleres fueron localizados durante este semana, comprobando que incumplían varias normativas, como las relativas a la gestión de residuos, garantías de seguridad establecidas por Industria o no estar dados de alta como actividad empresarial en los ayuntamientos donde operaban.
Además, ha recordado que la competencia desleal “es una seria amenaza al sector y no ofrece garantía alguna al particular”, al no estar avaladas las operaciones por ningún tipo de garantía.
La norma que los regula
La actividad legal de este tipo de establecimientos en Andalucía está recogida en el Decreto 9/2003 de 28 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y se articulan derechos de los consumidores y usuarios.
La normativa vigila, entre otras cosas, que se ofrezca un adecuado servicio técnico y que existan repuestos durante un plazo determinado y razonable; que los precios de los repuestos, mano de obra, traslado y visita estén ajustados a la legalidad, y que se entreguen presupuestos previos clara y debidamente explicados.
A quién afecta
La Ley debe ser cumplida por todo el sector, desde talleres genéricos o independientes (los que no están vinculados a ninguna marca, que implique especial tratamiento o responsabilidad acreditada por aquélla), hasta los talleres de marca, vinculados a empresas fabricantes de vehículos automóviles o de equipos o componentes nacionales o extranjeros, en los términos que se establezcan en autorización escrita.
Las personas que gestionen este tipo de talleres sin control se enfrentan a una serie de sanciones. Entre ellas, se tiene en cuenta el volumen de facturación, la situación de predominio del infractor en un sector del mercado, la cuantía del beneficio ilícito obtenido como consecuencia directa o indirecta de la infracción, el efecto perjudicial que la infracción haya podido producir sobre los precios, el consumo o el uso de un determinado producto o servicios sobre el propio sector productivo o el grado de intencionalidad y la reincidencia.