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José Antonio Griñán, este miércoles en el juicio. / EFE
El ex presidente de la Junta de Andalucía y exconsejero de Economía y Hacienda José Antonio Griñán ha admitido a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción que «no conocía el programa 31L», es decir, la partida presupuestaria de la Consejería de Empleo con el que se financiaban las ayudas sociolaborales de los ERE. Griñán, que es interrogado por su papel en la elaboración de los Presupuestos andaluces en su etapa al frente de Hacienda, ha justificado que en la Junta había «más de 250.000 funcionarios y multitud de programas, no se puede conocer al detalle, la menos a nivel del consejero». Griñán ha asegurado que «nunca jamás le han trasladado un informe que pida la intervención directa del consejero de Hacienda», tras ser cuestionado por los informes sobre la fiscalización permanente de la Intervención sobre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que era el que pagaba las ayudas concedidas por Empleo.
La declaración de Griñán ha arrancado pasadas las 10.30 horas, después de semanas esperando a que llegara su turno en el juicio por la rama política del caso ERE y después de que el exconsejero Antonio Fernández se haya acogido a su derecho a no declarar a las preguntas del tribunal, debido a su «estado de temor» que le impidieron «comprender» las cuestiones que le planteaban. El fiscal Manuel Fernández Guerra centró parte de su interrogatorio en la elaboración del presupuesto de la Junta del año 2005, siendo él consejero de Hacienda. Griñán ha explicado que era la Dirección General del Presupuesto la que asumía la elaboración del anteproyecto.
«Lo más importante» en este apartado era «equilibrar los gastos y los ingresos», es decir, se ajustaba en todo lo posible las peticiones de los centros de trabajo a lo que se ingresaba. El expresidente y el exconsejero ha indicado que él llevaba a cabo «reuniones con todos los consejeros», no solo con el de Empleo como le preguntaba el fiscal. «Empleo tenía la obsesión con el SAE porque lo estaba desarrollando», ha señalado tras reconocer que siempre intentaba dar prioridad a Educación, las demás «atusando». Sobre estas reuniones también ha dicho que «ya estaba prácticamente cerrado el presupuesto» y no había lugar a más cambios.
Ahí es cuando el fiscal le ha preguntado por la 31L y él ha dicho: «Tengo que reconocer que el programa 31L no lo conocía hasta esta causa». «Son más de 250.000 funcionarios y multitud de programas, no se puede conocer a ese detalle, al menos a nivel del consejero». El fiscal le ha mostrado entonces un documento en el que se especificaba que este programa suponía un 45 por ciento del presupuesto de Empleo. Griñán le ha contestado entonces que «eso es una parte insignificante de la Consejería de Empleo», donde era el SAE el que se llevaba la mayor parte. «Si le quita el SAE le quita todo. Es como si a Salud se le quita el SAS, se le quita todo», ha añadido.
El fiscal le ha mostrado también su comparecencia en la comisión para presentar el presupuesto, en la que hace referencia a un incremento del programa destinado a prevención de riesgos labores, mucho menor. Griñán ha justificado en este caso el conocimiento detallado del mismo porque su intervención fue a raíz «de una pregunta concreta».
La otra parte del interrogatorio a Griñán, que se está mostrando muy tranquilo, se ha centrado en las órdenes ministeriales de 1994 y 1995, que él mismo firmó como Ministro de Trabajo. Griñán se ha remontado incluso a órdenes anteriores que ha dicho «son el origen de todo» y que se dictaron tras la entrada de España en la Unión Europea, etapa «de reconversión empresarial» y de cambios para el país. «Son consecuencia de una larga reconversión industrial», ha señalado. Así indicado que en primer lugar hubo una orden en 1982, que fue modificada en 1986, en la que ya se conceden competencias a las comunidades autónomas. En ese momento se estaba llevando a cabo una reforma laboral «en la que se regulan los expedientes de regulación de empleo y es ahí cuando se contemplan los planes sociales que se negocian con sindicatos y empresarios».
Sobre las memorias del control financiero permanente de la Intervención General, en la que exponía reparos a la forma de financiación de las ayudas, Griñán ha asegurado que no estaban dirigidas a él como consejero de Hacienda. De hecho, ha dicho que no las conocía “hasta esta causa” y que entonces preguntó a Carmen Martínez Aguayo, que era su viceconsejera por qué no les fue trasladado y le dijo «exactamente que no les había sido remitido porque no requerían de ninguna actuación del consejero».