Dentro de la finca La Corchuela, en la zona más cercana a Sevilla y Dos Hermanas, sobre una extensión de unas doce hectáreas, de un total de catorce dedicadas al futuro refugio, fueron construidos los alojamientos. Los sesenta millones de pesetas recibidos del Instituto Nacional de la Vivienda fueron aplicados con riguroso control. Las cuentas finales fueron las siguientes: 30.167.262 pesetas, coste de los mil alojamientos; 15.520.122 pesetas, coste de las urbanizaciones necesarias; 7.666.037 pesetas, coste de los equipos complementarios; 1.108.316 pesetas, coste de la revisión de precios; 7.719.260 pesetas, importe del quince por ciento de beneficio industrial; 819.000 pesetas, importe de los honorarios de los facultativos. El exceso que se produjo en el total del gasto, unos tres millones de pesetas, fue reducido voluntariamente por la empresa del porcentaje de beneficio industrial.
En octubre de 1969, en plena crisis provocada por las dificultades surgidas a la primera empresa constructora que se hizo cargo del proyecto, la Secretaría de Viviendas y Refugios tuvo que utilizar los primeros alojamientos. Fue una situación difícil de superar, pues por una parte había que atender a varias familias con los muebles en plena calle, y por otra los alojamientos de La Corchuela no tenían terminada la impermeabilización de los tejados y algunas viviendas presentaban goteras y humedades. Además, todavía estaban sin terminar los accesos y los vehículos normales se quedaban atascados en el barro.
Gregorio Cabeza solicitó y recibió autorización para que la Secretaría de Viviendas y Refugios adjudicara el primer alojamiento de La Corchuela a la familia compuesta por Emilio López Bolaño, su mujer y dos hijos, procedentes de un desahucio laboral en la calle Ulía, número 11, en la barriada de El Plantinar. Esta primera adjudicación fue el día 14 de octubre de 1969.
Ese mismo mes de octubre se adjudicaron otros cinco alojamientos, todos por extrema necesidad, pues se trataba de familias sin hogar y sin plaza en los locales abiertos por la Secretaría de Viviendas y Refugios. De manera que La Corchuela, aún antes de estar terminados los alojamientos proyectados y las obras complementarias, cumplió perentorias funciones sociales.
Los nuevos vecinos de La Corchuela fueron cinco familias en octubre y tres en noviembre, según el siguiente orden de antigüedad:
–José Rubio Bolsico, esposa y seis hijos, procedentes de la vivienda en ruina de la calle Atanagildo, número 1, en el Campo de los Mártires (23 de octubre).
–Andrés Cabello Castro, esposa y dos hijos, procedentes de la vivienda en ruina de la calle Pagés del Corro, número 78, en Triana (25 de octubre).
–Francisca Consuelo Castro Geva, señora sola, procedente de la vivienda en ruina de la calle Pagés del Corro, número 78, en Triana (25 octubre).
–Manuel Consejero Castillo, esposa y tres hijos, procedentes del desalojo forzoso de la calle Azorín, número 15, en la barriada de la Plata (28 de octubre).
–Juan Ponce Almellones, esposa y un hijo, procedentes de desahucio judicial de la vivienda número 1 de Huerta del Hierro, junto al Retiro Obrero (29 de octubre).
–Manuel Lucas Irene, esposa y tres sobrinos, procedentes de la vivienda en ruina de la calle Ave María, número 4, en la Puerta Osario (7 de noviembre).
–Antonio Ruiz García, esposa y siete hijos, procedentes de la vivienda en ruina de la calle San Hermenegildo, número 4, junto a la Ronda de Capuchino (12 de noviembre). Y,
–Antonio Lorence Gómez, esposa y tres hijos, procedentes de la vivienda en ruina de la calle Central, número 22, en La Negrilla (12 de noviembre).
Durante el resto del mes de noviembre y diciembre de 1969, aún sin terminar parte de los accesos y otras obras de infraestructuras, tuvieron que ser adjudicados otros veintitrés alojamientos a familias procedentes de viviendas en ruina, algunas de ellas acogidas de urgencia en los almacenes municipales de la carretera de Alcalá de Guadaíra y en la parroquia de la calle Santiago. Las calles de procedencia indicaban la generalización del problema de las viviendas ruinosas diseminadas por toda la geografía urbana, desde los barrios más antiguos del casco antiguo hasta las zonas periféricas. Los periódicos informaban sobre los desahucios y evacuaciones de urgencia en las calles Baños, 17; Lisboa, 106; Doña María Coronel, 37; Santiago, 33; Troya, 6; Lérida, 9; Rodrigo de Triana, 15; Alameda de Hércules, 23; Virgen de Gracia y Esperanza, 2; Juan Pérez de Montalbán, 1; plaza del Cristo de Burgos, 17, etc., etc. Informaciones acompañadas de fotografías que mostraban la desolación de las familias afectadas, la mayoría con hijos pequeños, en plena calle con sus muebles y enseres a la intemperie en espera de ser recogidos por vecinos y amigos hasta encontrar plaza en los refugios.
El drama sufrido por los sevillanos desde la catástrofe provocada por el Tamarguillo hasta mediado los años setenta, es un episodio ciudadano de trascendencia histórica que la sociedad no debería desconocer, que tendría que ser explicada en las escuelas y en los institutos, como formación cívica básica para poder valorar justamente el enorme esfuerzo realizado durante casi veinte años para erradicar el caserío ruinoso. A la situación de emergencia causada por la riada de 1961, creando un déficit de casi treinta mil viviendas, fue sumándose durante los años siguientes el envejecimiento del restante caserío antiguo, afectado por las riadas, los temporales y los terremotos de 1964 y 1969.