El resultado en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre sería distinto en el conjunto de España, y no solo en Andalucía, de haberse conocido antes de abrir las urnas la primera sentencia de los ERE corrompidos. La campaña, los debates, los mítines, las entrevistas, las tertulias, las redes sociales, no hubieran sido iguales a tenor de la contundencia de este fallo judicial, el más severo que sufre el PSOE desde el juicio por el caso GAL en 1998. Aunque los hechos enjuiciados ocurrieron en el primer decenio del siglo, y todos los ahora condenados llevan entre ocho y cuatro años fuera de juego de la gobernanza autonómica o partidista, es evidente que una novedad de este calibre incide en muchas personas a la hora de movilizarse o no para votar, y para decantarse o no por el 'voto a los míos', por el 'voto útil' o por el 'voto de cabreo'. Si el Tribunal Supremo ratifica el criterio de los magistrados de la Audiencia de Sevilla, e ingresan en prisión diez ex dirigentes del Gobierno autonómico, algunos tan relevantes como el ex presidente José Antonio Griñán, se prolongará durante años en la opinión pública andaluza la influencia electoral de unas decisiones de rancio pasado que, por acción o por omisión, representan la cara oculta de la 'paz social' y el ejemplo más evidente de que Andalucía podía haber progresado mucho más para acercarse al promedio europeo de renta y empleo si ingentes cantidades de dinero público se hubieran gestionado con ejemplaridad y eficiencia.
Los jueces Juan Antonio Calle, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, que integraron el tribunal y han redactado la sentencia, y la jueza Mercedes Alaya, que realizó la investigación e instrucción superando múltiples trabas, concluyendo esa labor el juez Álvaro Martín, serán citados en los libros de Historia como protagonistas del fortalecimiento del Estado de Derecho en la Andalucía democrática. Porque su labor como servidores públicos ha fundamentado que desde el poder ejecutivo no cabe pretextar razones de interés social para manejar con arbitrariedad e impunidad el dinero de todos los contribuyentes. La sentencia de los ERE marca tendencia para considerar reprobable no solo moral y políticamente, sino también penalmente, un modelo político de corrupción social en el que sus responsables gubernativos no se lucraban directamente, pero lo utilizaban para mantener el clientelismo que les perpetuara como partido con más adeptos en las urnas y con más poltronas que repartirse.
Una de las paradojas más fuertes de este caso es que las condenas han penalizado tanto o más a quienes no urdieron el modelo respecto a quienes manejaban la Administración andaluza como si fuera suya y de sus compadres. El talante político y personal de José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, y su cualificación técnica, eran muy distintos a los de Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y otros mandos a los que Manuel Chaves les encargaba controlar Andalucía a través del PSOE y de la Junta. Sin embargo, por la configuración del organigrama y del reparto de competencias, cuando el interventor general de la Junta, Manuel Gómez, comenzó en 2006 a emitir informes señalando las irregularidades que se estaban cometiendo desde la Consejería de Empleo desde el 2001, tenía que enviarlos sí o sí a la Consejería de Economía y Hacienda, donde Griñán y Martínez Aguayo habían llegado en 2004 como consejero y viceconsejera. Ambos cometieron el que puede ser el mayor error de sus vidas al no atender esos informes. Podían haber frenado y replanteado los procedimientos que habían impulsado José Antonio Viera y Antonio Fernández bajo el concepto de ayudas sociolaborales. Porque no era inevitable repartir de esa manera el dinero, es obvio que existen procedimientos administrativos donde agilidad y fiscalización no son conceptos antagónicos. Pero cuando se está inmerso en una dirigencia de partido sin alternancia, se pierde el sentido de la realidad, falta la autocrítica, se desoye a las pocas voces cercanas que te alertan y se cae en la inercia de imaginar que todo lo que uno hace está bien 'porque yo lo valgo', y si hay sapos que tragarse tampoco deparará malas consecuencias. Griñán y Aguayo no hicieron nada, y la responsabilidad 'in vigilando' recae ahora sobre ellos con penas de prisión, mientras que Chaves y Zarrías solo son condenados a inhabilitación que, a estas alturas de su biografía, solo equivale a desprestigio.
Los sectores progresistas de la sociedad andaluza y los militantes socialistas con más memoria histórica sobre los sacrificios que ha comportado alcanzar un sistema constitucional de derechos y libertades son los que tenían que haber exigido con más ahínco la impecable rendición de cuentas, la evaluación de las políticas públicas de economía y empleo, la meritocracia en el nombramiento de altos cargos. Ha sido clamoroso su silencio ante revelaciones indiscutibles como la vergonzosa forma de gestionar la Dirección General de Trabajo por parte de Francisco Javier Guerrero. O como las decenas de millones de euros que cobraban indebidamente en comisiones de intermediación los directivos de empresas privadas que mediaban para tramitar las pólizas de prejubilación, y que huyeron de España. Al igual que han estado callados durante muchos años sindicalistas, empresarios, catedráticos, periodistas, científicos, académicos y todo tipo de representantes de estamentos e instituciones donde mantras como 'vamos a llevarnos bien' y 'no nos señalemos' ponían en común a 'rancios' y 'progres', a simpatizantes del PP, del PA, del PSOE y de IU para estar a la expectativa de las posibles concesiones otorgadas desde la Junta o desde cualquier organismo controlado por el partido hegemónico en Andalucía.
Cuando numerosas personas honorables se han callado y, en cambio, en público o en privado se quejaban de que muchos jóvenes, e incluso sus propios hijos, tenían que emigrar por falta de oportunidades, no han correlacionado que ese diferencial de exceso de paro y de pobreza que padece la región más poblada de España tiene mucho que ver con el pésimo uso que durante décadas se ha hecho de cuantiosas partidas presupuestarias con las que tenía que haberse vertebrado el desarrollo de Andalucía. Porque todos los emprendedores emblemáticos de la Andalucía contemporánea se han abierto camino en la economía global y generan empleo de calidad en su tierra a pesar de ser sufridores de las Administraciones Públicas, que les han causado múltiples perjuicios por inoperancia, por indiferencia y por dedazos. Otro gallo cantaría, en todos los pueblos y ciudades andaluces, si se hubiera apostado por ellos en lugar de por los 'conseguidores' tipo Juan Lanzas.
La erradicación de cualquier modelo de corrupción, ya sea el de los ERE en Andalucía, o el del insaciable pujolismo en Cataluña, o el del caso Gürtel y la caja B del PP sobre todo en Madrid y Valencia, se conseguiría en mayor medida y a su debido tiempo si la Administración de Justicia fuera una prioridad en los Presupuestos Generales del Estado y tuviera al menos el promedio de recursos humanos y materiales que en los países principales de la Unión Europea. Ahora todos los partidos, en el embarrado terreno de las negociaciones para conformar una mayoría parlamentaria, van a jugar con renovada intensidad a echarse en cara las sentencias judiciales que condenan a los demás. Pero cuando llegue el momento de enjaretar el Presupuesto 2020, se olvidarán una vez más de la Justicia. Recuérdenlo: El convenio que abrió camino a la arbitrariedad en la gestión de fondos públicos para los ERE se firmó el 17 de julio de 2001. Todavía estaban en pie las Torres Gemelas en Nueva York, Felipe de Borbón aún bebía los vientos por la noruega Eva Sannum, el Sevilla acababa de retornar a Primera División. No existían las redes sociales desde las que muchos de ustedes leen este artículo. Si alguien perpetra en 2019 una trama semejante, ¿hay que esperar al 2037 para esclarecerla?
