Dos partidos tan distintos en lo ideológico –Ciudadanos e IU– coincidieron este jueves al llevar su preocupación por la educación a la sesión de control al Gobierno de Susana Díaz. Distintos, porque IU votó junto al PSOE a favor de la anterior legislación educativa (LOE) y de la ley andaluza que emanó de ella (LEA), además hace dos días también coincidieron al votar en el Congreso para que se paralice la LOMCE (Ley de Mejora de la Calidad Educativa) del Gobierno del PP. Ciudadanos, en cambio, evidenció una discrepancia con los socialistas ese mismo día, al abstenerse en contra de la LOMCE.
La coalición de izquierdas, exsocios del Ejecutivo autonómico, instó a la presidenta a que aproveche la caida en la demanda de plazas escolares de este año –auspiciada por el descenso de la natalidad– para rebajar la ratio de alumnos por clase a coste cero. «No supondrá aumento de recursos», dijo el líder de IU, Antonio Maíllo, que propuso que los mínimos legales (20 niños por aula en Infantil, 25 en Primaria, 30 en ESO y 35 en la postobligatoria) sean los máximos, en consecuencia se desdoblarían algunos grupos y el profesor atendería a la mitad de estudiantes por clase. Maíllo también pidió a Díaz que garantizase una planificación de oferta de plazas en las que las aulas públicas siempre sobrevirán a las concertadas, en caso de que la caída de la demanda obligue a prescindir de algunos grupos. La presidenta se comprometió a lo segundo, pero no a lo primero porque, dijo, «el Gobierno central no permite bajar de la horquilla mínima».
Por su parte, Ciudadanos, actual socio del PSOE desde fuera de la Junta, reprochó a Díaz que este curso y el anterior unos 40.000 estudiantes se han quedado sin entrar en FP por falta de plazas. Hubo 90.000 solicitudes en 2014 y 56.000 admitidos, y otras 90.000 en 2015 y sólo entraron 60.000. Su portavoz, Juan Marín, exigió que el 1 de junio, cuando se abra el plazo de matriculación este año, no se repitan estos datos. Díaz anunció que están cambiando la orden de admisión para minimizar lo máximo ese problema, dando prioridad a los más jóvenes que se matriculen en FP. También anunció que el próximo curso se ofertarán 58 nuevos ciclos formativos para especialidades vinculadas al mercado laboral andaluz. La presidenta andaluza también adelantó que «en breve» se aprobará la futura ley de Formación Profesional, que prevé unificar la FP reglada (en los institutos) con la ocupacional, dirigida a parados y empleados de baja cualificación.
Díaz no ahondó demasiado en el grave desequilibrio entre oferta y demanda que sufren los ciclos formativos de grado medio de FP, que dejan fuera a casi el 50 por ciento de los solicitantes. En cambio, destacó la buena salud del modelo de la FP dual, que compagina la formación teórica en el aula con las prácticas en empresas. En dos años, dijo, se ha pasado de 87 empresas andaluzas vinculadas a este programa (que convenian las prácticas con institutos) a casi mil empresas. En los tres cursos en los que la FP dual ha estado vigente, han participado más de 1.500 estudiantes en 77 institutos de Andalucía (110 proyectos de formación). En esta comunidad, según datos de EPA, sólo el 21,7 por ciento de la población juvenil es activa, la mitad que la media europea. El Gobierno andaluz busca reconducir esta situación, pero reconoce que su tejido productivo es «muy débil», porque el 90 por ciento de sus empresas cuenta con menos de diez trabajadores. Esto dificulta el convenio entre empresas e institutos para formar a los jóvenes en prácticas, un proyecto que corre el riesgo de abrir la puerta a la mano de obra barata.