La Cámara decidirá si levanta el veto de la Junta a una iniciativa ciudadana

El Parlamento andaluz tendrá que decidir si levanta el «veto» del Gobierno de Susana Díaz a la iniciativa legislativa popular (ILP) para la Renta Básica, después de que ayer, la plataforma ciudadana que impulsó esta medida –previa recogida de 42.000 firmas– se reuniera con el presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, para expresar su protesta y pedirle que retome la tramitación en el pleno y que sea debatida por todos los grupos.

El martes pasado, el Consejo de Gobierno frenó la tramitación parlamentaria de una ILP para crear una ley andaluza de Renta Básica que había sido registrada en la Cámara por una plataforma cívica donde se integran sindicatos y diversas organizaciones sociales. Juntos lograron reunir las 42.000 firmas necesarias para que cualquier ciudadano logre introducir una propuesta de ley en el Parlamento. Ese colectivo decidió presentar su propio diseño de Renta Básica a finales de la legislatura pasada, después de que el anterior gobierno de PSOE e IU no se pusiera de acuerdo para sacarla adelante. El compromiso de ambas fuerzas, al firmar el pacto de gobierno, se limitaba a crear un grupo de trabajo en el Parlamento para estudiar la legislación vigente sobre esta materia, dentro y fuera de España, y proponer una fórmula para Andalucía. Se trataba de garantizar por ley unos ingresos mínimos para cualquier andaluz con independencia de su nivel de renta. El grupo de trabajo presentó un voluminoso informe final que daría pie al diseño de una ley posterior, pero el adelanto electoral interrumpió el proceso.

El Consejo de Gobierno de esta semana metió en un cajón la iniciativa legislativa popular alegando que no hay suficiencia presupuestaria para abordar un gasto de esta magnitud, y acto seguido anunció que la Junta llevará al Parlamento su propio modelo de ley de Renta Básica en el segundo periodo de sesiones, tras el verano.

El secretario general de CCOO, Francisco Carbonero, miembro de la plataforma ciudadana, trasladó ayer a Durán su «indignación mayúscula» por el «veto» de la Junta a la ILP. «El rechazo del Gobierno a esta iniciativa es una burla a la opción que el Parlamento y la propia Junta vendieron a bombo y platillo, defendiendo que el escaño 110 permitiría a todos los ciudadanos acudir a la Cámara a defender sus intereses», dijo. La presidenta de la plataforma promotora de la iniciativa, Soledad Ruiz, consideró que el plazo que se ha dado la Junta para tramitar su propia ley significa postergar la puesta en vigor de la medida a 2017, «demasiado tarde», subrayó, habida cuenta de que «existe una urgencia social de atender a 280.000 familias que carecen de recursos».

El siguiente paso es que la Mesa del Parlamento, órgano rector de la Cámara, reconsidere el «veto» de la Junta y permita llevar al pleno un debate de los grupos en torno a esta iniciativa popular. Existen dudas, según fuentes jurídicas, de que el Gobierno pueda frenar una ILP antes de que ésta llegue al pleno del Parlamento y se someta al debate de los grupos. El artículo 124.4 del reglamento de la Cámara advierte de que «si no existiese coincidencia de interpretación entre el Consejo de Gobierno y la Mesa del Parlamento respecto a si una proposición de ley, de aprobarse, supone o no aumento de los créditos o disminución de los ingresos del presupuesto en vigor, el Pleno decidirá tras un debate en el que intervendrán los distintos Grupos parlamentarios en un único turno de diez minutos». Para que la Cámara recupere la ILP de Renta Básica, o bien el presidente del Parlamento o bien algún grupo debe llevar este asunto a la Mesa. Llegado a ese punto, habría un conflicto de criterios entre Gobierno y Parlamento que, según apuntan fuentes jurídicas, se inclinaría a favor del poder ejecutivo frente al legislativo.

El Parlamento tendrá que decidir si levanta el «veto» del Gobierno de Susana Díaz a la iniciativa legislativa popular para la Renta Básica, después de que ayer, la plataforma ciudadana que impulsó esta medida –previa recogida de 42.000 firmas– se reuniera con el presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, para pedirle que retome la tramitación en el pleno.