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La jueza María Nuñez Bolaños. / EFE
La Fiscalía Anticorrupción ha reprochado a la juez del caso de los ERE, María Núñez Bolaños, el uso de argumentos sociales en sus autos, y lo ha hecho en un recurso que ha presentado contra la decisión de archivar la acusación dirigida a dos sindicalistas, un trabajador y al director de un hotel.
En su recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía pide que sigan imputados en la causa de los ERE dos sindicalistas de CCOO, un trabajador y el director del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), del grupo Rumasa.
Insiste, además, en que en este caso se falsearon datos para cobrar, en algún caso, 96.223 euros de forma ilícita, y hace referencia a una afirmación de la juez en la que criticaba que algunas personas han sido consideradas delincuentes cuando en realidad son víctimas.
«En la causa han sido imputadas personas que, valoradas en este momento sus circunstancias, lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas ‘víctimas’ de una macrocausa en la que, sin duda, por sus dimensiones, ha resultado complicado descender al detalle de cada caso, ayuda o persona», aseguró la juez Núñez.
Tras el auto, Anticorrupción ha lamentado que la juez, como apoyo argumental, hace manifestaciones que carecen de naturaleza jurídica y que, por tanto, «no pueden ser objeto de discusión en este recurso, que por Ley debe ceñirse a la confrontación jurídica de la cuestión litigiosa».
Todo ello, añade la Fiscalía, «sin caer en la exposición, como apoyo de nuestros argumentos, de consideraciones sociales más o menos afortunadas».
En este sentido, fuentes judiciales han explicado a Efe que, a pesar de que el caso de los ERE afecta al ámbito penal, la Justicia tiene que usar numerosa legislación social y contencioso administrativa para tomar sus decisiones.
En el auto del archivo provisional, la juez explicó que ya archivó en diciembre pasado la causa respecto a un trabajador del hotel que fue considerado un intruso, y que en marzo hacía lo mismo con otro empleado que trabajó para distintas empresas del grupo empresarial.
Los dos trabajadores, al estar empleados en distintas empresas del grupo, conservaron la antigüedad y demás derechos adquiridos, precisó la juez para descartar que se les trate como intrusos en el ERE del hotel, un argumento de la juez que la Fiscalía considera «cuando menos discutible».