La gestión del agua también se ha visto afectada por la crisis del COVID-19. Mientras la patronal privada aboga por cortes de suministro a quien no la pueda pagar, las operadoras públicas del agua ponen el foco en el derecho humano al agua, sin perder de vista que será necesaria una reforma que afiance que el agua es pública en todos sus aspectos.
-¿Por qué ha sido esencial el sector del agua en la gestión de la lucha contra la propagación del COVID-19?
-Por desgracia, España ha sido uno de los países que antes ha sufrido, y con mayor intensidad, el impacto del coronavirus Covid-19. El agua es esencial en nuestras vidas. Y lo es aún más en estos momentos para combatir la propagación del Coronavirus. El confinamiento obligatorio, decretado en España y en muchas otras partes del planeta, incrementa la necesidad de infalibilidad de estos servicios para las personas confinadas en sus hogares. La seguridad de los trabajadores de los prestadores de dichos servicios, así como la de los usuarios, se convierte a partir de ese momento en una prioridad vital.
-Esta crisis ha agudizado la vulnerabilidad social. Mucha gente ha perdido sus empleo o han visto reducidos sus ingresos y eso les hace temer no poder hacer frente a recibos esenciales como el del agua.
-En efecto, el confinamiento está suponiendo una ausencia de ingresos especialmente dramática para las personas con menos recursos. La vulnerabilidad social se está incrementando de forma exponencial. Las medidas sociales durante la pandemia se convierten en más necesarias que nunca. Los operadores públicos nos debemos a los ciudadanos y hemos gestionado la pandemia bajo el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.
-Dicho así, parece que los operadores públicos de agua son un salvavidas social.
-Pues sí. Los operadores públicos somos un instrumento claro para rescatar a las personas, pero en breve necesitaremos financiación para poder afrontar con garantías la intensa crisis económica que se otea. La Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia crucial de lo público, pero también se ha manifestado que el modelo necesita nuevas formas de financiación, impulsar y aprovechar la transformación digital y una menor burocratización.
-¿ y qué es lo más urgente?
- Se ha producido una reducción del consumo de agua entre un 6% y 15% en términos generales, fundamentalmente por el desplome de la industria y el turismo, y el aumento exponencial de la población en situación de vulnerabilidad, y eso puede generar problemas transitorios de tesorería en los operadores del agua. En un horizonte no muy lejano habrá problemas serios que irán solucionándose a medida que nuestros pueblos y ciudades se recuperen.
-Los operadores privados lo tienen claro: la solución es subir las tarifas. ¿Los operadores públicos no opinan igual, verdad?
-Ante la bajada en la facturación, la solución fácil sería incrementar las tarifas, pero supondría un saqueo en las maltrechas economías familiares. Esa no es la solución. Esta nueva era requerirá un nuevo diseño económico, un marco con mayor participación de las comunidades autónomas y del Gobierno central. Además los sistemas de gestión de públicos tenemos que pensar en reformas que garanticen que el sistema público se sitúa en condiciones de liderar la recuperación y el futuro de nuestro país. Para hacerlo, esta crisis constituye una nueva ventana de oportunidad.
-El agua también es el vehículo de la naturaleza, no solo un recurso social.
-Así es. Y esta crisis no es solamente sanitaria o social. El coronavirus también tiene una dimensión ambiental. Lo que nos está ocurriendo se deriva del cambio climático, del que han venido advirtiendo los investigadores. La actividad humana ha generado estas pandemias porque hemos alterado el ciclo del agua y los ecosistemas que mantienen el equilibrio en el planeta. Lo prioritario es construir las infraestructuras que nos permitan vivir de una manera diferente. Debemos ser conscientes que las administraciones públicas deben diseñar un plan de choque que contribuya a la transformación socioeconómica de nuestros municipios en el sentido del New Green Deal. Los operadores públicos debemos crear alianzas con nuestras universidades y con nuestros empresarios para abordar con éxito esta nueva era. Si no lo hacemos, habrá más pandemias y desastres naturales.
-¿Cómo valora la respuesta de los operadores públicos ante la pandemia?
-Los operadores públicos de agua no solo han estado garantizando el suministro en las condiciones establecidas en ambos decretos ley, sino que se han adelantado a su aplicación puesto que su compromiso con el derecho humano al agua mandaba que garanticen el acceso de todos y todas al agua potable y al saneamiento.
-¿Los valores del agua como servicio público sólo se pueden defender desde la gestión pública?
-Esta crisis pone en evidencia más que nunca la importancia de los valores colectivos de nuestro modelo público de gestión del agua: la solidaridad, la cohesión y la cooperación. La crisis ha provocado un hundimiento económico sin precedentes, lo que exige de nosotros respuestas inéditas. Por eso la mayoría de operadores públicos decidieron, mucho antes que el gobierno, suspender, con carácter inmediato, cualquier procedimiento de corte del suministro a sus usuarios. Además, los operadores públicos de ciudades como Valladolid (Aquavall), Sevilla y su área metropolitana (EMASESA), Córdoba (EMACSA), Cádiz (Aguas de Cádiz), Giahsa (provincia de Huelva) o Emproacsa (provincia de Córdoba), Palma (EMAYA), Gijón (EMA) Tarrasa (Terrassa-Barcelona) o de pequeñas ciudades como Jávea (Xàbia-Alicante) han asignado fondos para paliar las dificultades económicas de familias, autónomos y pymes. Fondos que serán una contribución significativa de los operadores públicos en la recuperación económica y social de sus municipios. El sector público es capaz de liderar la recuperación.
-La patronal del agua durante la crisis presionó al Gobierno para que hubiera cortes de suministro y favorecer la privatización a través de los denominados partenariados público-privados...¿cómo valora AEOPAS esta situación?
-En el debate hay mucho de “teatralización”. Durante el Covid muchos grupos de interés fingen que vivimos en un mundo que probablemente ya no existe. Dudamos de que pueda haber un antes y un después de esta crisis mundial si no se hace un análisis crítico de las políticas individualistas que han despiezado una de las principales estructuras de "integración" de los individuos en nuestros estados: los servicios públicos. El covid-19 puede ser el punto de no retorno antes del colapso como especie, y la apuesta por el agua como un derecho es una de sus vacunas. Para ello los gobiernos deberían, hasta el Financial Times lo sostiene, adoptar reformas radicales, revirtiendo la dirección política que ha prevalecido en las últimas cuatro décadas. Los gobiernos europeos tendrían defender abiertamente los valores de lo público, impulsar su reforma y aceptar un papel más activo en la economía. En este sentido, desde Aeopas apelamos al consenso y creemos que es ineludible que el gobierno impulse un gran Pacto social por el Agua. Un pacto sincero y sin exclusiones que debe de tener, al menos, cuatro ejes básicos: Aplicación del derecho humano al agua, financiación de nuevas infraestructuras que garanticen respuestas exitosas frente a un escenario de cambio climático; innovación y digitalización; y mayor regulación de ciclo integral urbano del agua para la creación de sistemas de gestión más eficaces, resilientes y transparentes. El futuro de nuestros pueblos y ciudades dependerá de este pacto.