Uno de los principales problemas de conservación en Andalucía de las especies silvestres era el uso ilegal del veneno para controlar depredadores. El caso del buitre negro y del alimoche entre otras especies, ofrecía datos demoledores de cómo una práctica ilegal estaba llevando a la extinción a las especies andaluzas más emblemáticas. En 2001 se adoptó la decisión de establecer una estrategia para luchar contra el veneno y se preparó un Plan de Acción conocido como Estrategia Andaluza de lucha contra el uso ilegal del Veneno que comenzó a operar en el año 2004.
En aquel momento no había experiencia en los técnicos y los agentes de la autoridad para desarrollar este programa por lo que la formación siempre se ha considerado como básica. Es también el momento de la aparición de las primeras patrullas caninas, perros especializados en detectar cebos envenenados y cadáveres de animales. En el año 2003 también se produjo un avance legislativo interesante con la introducción en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna silvestres, del principio de obligación de los propietarios de los terrenos o los titulares de los derechos reales o personales de adoptar medidas precisas para impedir la existencia o colocación de cebos envenenados, así como cualquier método masivo y no selectivo; y que el hallazgo de cebos envenenados así como el de cualquier método masivo y no selectivo, será motivo para la suspensión cautelar de la autorización del aprovechamiento correspondiente.
«En este sentido se considera fundamental la aplicación de estos principios recogidos en la legislación con la suspensión de los aprovechamientos por parte de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía, así como la retirada de ayudas comunitarias ya que la normativa europea obliga a que no aparezcan los tóxicos en las explotaciones. Tampoco hay que olvidar que estas acciones están consideradas como delito penal y siempre que se localice al culpable debe darse traslado a los juzgados, pero siempre manteniendo la vía administrativa abierta», indica el principal responsable hasta hace unos meses de estos programas en Andalucía, Rafael Arenas.
Se consideró esencial la información al sector cinegético y en menor medida al sector ganadero ya que se creía que el problema estaba más ligado al primero. Y se trabajó con ellos para acercarse al problema. La formación fue mejorando con el transcurso de los años y se incluyeron técnicas de investigación y forense y se especializaron unos 10 agentes de medio ambiente por provincia en el control del veneno y las artes ilegales.
Una de las acciones que se han considerado como estratégicas en la lucha contra el veneno ha sido el constante diálogo con estos dos sectores directamente en el medio rural, en sus dominios para conocer sus problemas y los motivos del uso del veneno. A lo largo de 15 años se han desarrollado 3.421 sesiones de trabajo a pie de tajo con los cotos de caza (presidentes y miembros de la directiva de sociedades, titulares y guardas de cotos) y 3.289 sesiones con ganaderos y pastores. En un primera etapa la dedicación fue mayor con el sector cinegético y en los últimos años se han centrado más en el sector ganadero.
Las inspecciones caninas se realizan de forma preventiva al azar, aunque siempre seleccionando las áreas con problemas. A lo largo del tiempo, entre el año 2004 y 2015, han salido positivas al veneno una media del 48,61% de todas las inspecciones realizadas. A partir de 2016, éstas han bajado a una media del 23,69%, algo más de la mitad del período anterior.
En las inspecciones caninas que la Administración andaluza denomina «urgentes»: cuando se tiene constancia de cebos envenenados o cadáveres; se han mantenido en una media de 10,59%, y en los últimos tres años la media de casos positivos al veneno ha sido del 4,70%, lo que supone un descenso de más del cincuenta y cinco por ciento.
¿Pero que ha pasado con los casos de envenenamiento? En los tres primeros años el número de casos de envenenamiento se incrementaron hasta llegar en el año 2006 al mayor número, en concreto 205. Las medidas adoptadas comenzaron a tener resultados con descensos del número de casos con algunos incrementos en 2008, 2009 y 2012 y algunas estabilizaciones en determinados períodos. En los últimos tres años han descendido de forma más notable y se han alcanzado los mínimos históricos. Si analizamos por períodos y los comparamos podemos decir que entre el 2004-2010 y el 2011-2018 vemos que los casos de envenenamiento se han reducido más del 58%, y en los últimos tres años la reducción ha sido casi del 75%. El último año ha sido el de menor número con sólo 27, cifra que parece difícil de bajar de manera ostensible, si se sigue buscando veneno.
«Claramente ambos indicadores tienden a descender a lo largo del tiempo pero a partir del año 2016 ha habido un inflexión aún mayor al descenso lo que nos indica que estábamos en el camino correcto en la lucha contra el veneno», asegura Arenas, que indica que «la disminución del uso del veneno no debe llevar a bajar la guardia, porque si no se apuesta decididamente en la lucha contra el veneno, volverán los tiempos oscuros».
Queda mucho por hacer, según reconocen los expertos, a pesar que muchos indicadores nos recuerdan que se ha venido trabajando con eficiencia y eficacia por todas las partes implicadas. Es el caso del quebrantahuesos, buitre negro, alimoche o milano real.
A partir del año 2016 se comenzó a trabajar en una nueva Estrategia Andaluza contra el Veneno (EAV) adaptándola a la realidad social de Andalucía y extendiendo las acciones también al sector ganadero y un Pacto Andaluz contra el Veneno (PAV). En este último caso se propuso a la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento Andaluz como una Proposición no de Ley que fue aprobada el 21 de febrero de 2017. Este PAV fue ratificado por las principales asociaciones del sector agrícola, ganadero, cinegético y ambientalista con el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el día 6 de junio del 2018.
El Pacto Andaluz contra el Veneno se crea con la idea de potenciar la participación de la sociedad rural en la lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados. Para ello se crean 4 redes: de asociaciones, de ganaderos, de cotos de caza, de veterinarios y de municipios contra el veneno. De esta forma, la lucha ya no será sólo de la administración y los agentes de la autoridad, sino que los diversos sectores de la sociedad colaborarán para erradicar este mal endémico de nuestro solar y así aislar socialmente a las personas que se dedican a envenenar nuestra fauna.
«Queda un largo camino para implantar estas redes en Andalucía y debe ser una prioridad en el futuro, dado que después de la firma de las grandes asociaciones hay que aterrizar en los territorios para crear éstas. Entre unas cosas y otras ya llevamos más de un año de retraso», explica el hasta hace unos meses principal cargo técnico en la lucha contra el veneno que tenía la Junta de Andalucía.
En el caso de la nueva Estrategia, mantiene las líneas antiguas e introduce otras nuevas dado el conocimiento adquirido y la existencia de un borrador de una nueva estrategia nacional. Una novedad que se introdujo fue la necesidad que fuera aprobada por el Consejo de Gobierno para implicar a toda la Junta de Andalucía en la lucha contra el veneno ya que también puede trascender a otros sectores como la salud pública y la seguridad alimentaria. El Borrador de la nueva Estrategia de lucha contra el Veneno fue aprobado por el comité de Flora y Fauna del Consejo Andaluz de Biodiversidad el 9 de noviembre de 2017.
En el apartado de Obtención de información la EAV aporta como novedad el diseño y puesta en marcha de una base de datos con toda la información disponible, incluida la tramitación administrativa y penal, y el diseño de un Sistema Andaluz de Indicadores del Uso del Veneno.
En la Prevención y disuasión se pretende consolidar la Unidad Canina Especializada y sus acciones, el desarrollo del Pacto Andaluz contra el Veneno, la formación básica para todos los agentes de la autoridad (AMA,Seprona y Policía de la unidad adscrita a la Junta de Andalucía), la consolidación y formación especializada de los Equipos de Investigación contra el Veneno y las Artes ilegales de los Agentes de Medio Ambiente, Seprona y Policía, y la formación de técnicos de biodiversidad y de expedientes sancionadores.
«En este sentido durante el año 2019 y primeros meses de 2018 se han formado a todos los agentes de la autoridad de Andalucía, más de mil personas que han adquirido unos conocimientos básicos para la lucha contra el veneno y las artes ilegales y que ha supuesto un esfuerzo importante por parte de todos», explica Arenas.
En el caso de la Comunicación se pretende tener una mayor presencia en los medios de comunicación para dar a conocer el extenso y amplio trabajo que se viene desarrollando desde la EAV: «Durante el año 2018 se ha estado presente casi cada 15 días comunicando las acciones de formación, las inspecciones y sesiones de trabajo con ganaderos y cazadores, y las sentencias condenatorias conseguidas. Desgraciadamente desde marzo, hace ya 5 meses no ha habido ninguna entrada en los medios sobre la lucha contra el veneno», asegura el ex responsable técnico de la lucha contra el veneno en Andalucía.
En relación con el Control de Tóxicos la EAV pretende diseñar una aplicación de consulta de tóxicos disponibles y retirados del mercado para facilitar el trabajo de los agentes de medio ambiente; impulsar medidas legislativas para tipificar la tenencia de productos prohibidos como infracción administrativa y coadyugar para que también sea considerado como un delito penal por su alta peligrosidad; y por tanto también diseñar un sistema de recogida de las sustancias prohibidas para su inertización.
El Borrador aprobado también contiene novedades con respecto a la Persecución del Delito. Entre ellas se encuentran el incremento de la eficacia aumentando la vigilancia, la investigación del delito y la coordinación con el Seprona y Policía Nacional de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía; mejorar la interacción con los órganos judiciales; instaurar un modelo idéntico de tramitación de expedientes sancionadores y extensión de las medidas cautelares; diseñar un protocolo ágil para la personación de los letrados de la Junta de Andalucía en los procedimientos penales y promover la personación de entidades privadas y públicas en los casos de envenenamiento, independientemente sea el caso administrativo o penal; e impulsar la retirada de ayudas europeas ante la aparición de venenos o tóxicos prohibidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas.
En este aspecto ya se ha avanzado en la coordinación entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (hoy en Agricultura) y el Seprona ante la aparición de casos de veneno o envenenamiento para aumentar la eficacia y la eficiencia. Se dispone de un protocolo en el que las provincias juegan un papel primordial en el desarrollo del mismo.
Al finalizar la legislatura el documento de la Estrategia Andaluza contra el Veneno quedó cerrado definitivamente con el borrador del acuerdo del Consejo de Gobierno redactado para sus últimos trámites administrativos y fuese realidad en el año 2019. Ahora resta su aprobación por la más alta instancia, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.