En la década de los años 90 fue impulsado desde la Junta de Andalucía un proyecto que se denominó Complejo Medioambiental de Andalucía (CMA) para gestionar los residuos de la industria de Huelva, Sevilla y Cádiz. Por aquel entonces la comunidad autónoma no disponía de una infraestructura para almacenar los residuos tóxicos generados en la actividad industrial sobre todo. Para albergar este vertedero mostraron interés en esos tiempos los ayuntamientos de varios pueblos onubenses como Niebla, Calañas, Alosno y Nerva. En la provincia de Sevilla mostró interés Lebrija y el municipios de Espera en la de Cádiz. Antes de ser “el elegido” el ayuntamiento debía aprobar en su pleno municipal la declaración de interés social de esa infraestructura. En todos los municipios se constituyeron plataformas ciudadanas en contra. “Ninguno de los ayuntamientos consiguió la declaración de interés social debido a la presión de su propia ciudadanía” recuerda Juan Romero, de Ecologistas en Acción. Pero hubo una excepción: la localidad de Nerva.
El Ayuntamiento de Nerva, constituido en esos años por IU, PSOE y PP, se había sido convencido de que el vertedero impulsaría un tejido empresarial en la comarca. Aprobó en pleno y por unanimidad declararlo de interés social con condiciones: se exigía la reducción anual de residuos, un control exhaustivo con una Comisión de Seguimiento ciudadana y que fueran exclusivamente residuos de la industria andaluza, concretamente con origen en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Para sacarlo a concurso, la administración andaluza sólo necesitaba esa declaración de interés social, que permitiría concederle una subvención para desarrollar su primera fase, y una ubicación, así que ya podía hacerlo. Y fue adjudicado a las empresas Abengoa y Terraire.
¿Qué hizo que en Nerva la plataforma ciudadana no lograse impedir que su Ayuntamiento declarase el interés social del vertedero? “El pueblo estaba unido por unanimidad, exceptuando un pequeño grupo del PSOE que apoyaba al entonces alcalde”, rememora Juan Romero, que además de ser uno de los ecologistas históricos de Huelva ha estado liderando desde sus inicios los movimientos sociales contra el vertedero de Nerva. “A punto de hacer al ayuntamiento rectificar, las empresas adjudicatarias y el alcalde buscaron el apoyo de la nueva propietaria de la mina de Riotinto, que era la Sociedad Anónima Laboral (SAL) constituida por el que había sido Comité de Empresa, la cual se había hecho cargo de la mina para que no fuera cerrada”, explica Romero. “Les prometieron entrar en el negocio del vertedero y aceptaron; Eso marcó un antes y un después”.
El vertedero rompió la cohesión social en Nerva. Aunque muchas personas, incluidos muchos mineros, continuaron con las movilizaciones para evitar la construcción del vertedero, otra parte de los vecinos no acudían ya las concentraciones, que tuvieron lugar durante tres años seguidos, todos y cada uno de los días, con cortes de carreteras y huelgas de hambre. La ciudadanía de Nerva batió probablemente un récord inédito: más de 1000 manifestaciones, muchas de ellas incluso prohibidas por la Junta de Andalucía de la época. “Fueron las mujeres, los mayores que la mayoría habían sido trabajadores de la mina y muchos niños y niñas quienes mantuvieron la lucha sin faltar a las concentraciones”, relata Juan Romero que asegura que incluso “hubo que pelear el derecho constitucional de manifestación hasta en los tribunales”. Un ambiente social que creó y alimentó una hostilidad inédita entre vecinos de toda la vida e incluso entre miembros de una misma familia. El vertedero de Nerva aún no se había construido y ya había destruido la cohesión social.
Finalmente, el vertedero se construyó bajo el control y vigilancia de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil. Fue inaugurado el 30 de julio de 1998 por el entonces Consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco, el mismo que años después pasaría a la historia por ser uno de los protagonistas políticos del mayor desastre ambiental de Andalucía: el vertido minero de Boliden en Aznalcóllar.
Desde sus inicios, el vertedero de Nerva estuvo marcada por denuncias de un funcionamiento irregular. El primer incumplimiento fue la llegada de residuos procedentes de toda la geografía española y muy pronto también de países vecinos, como Portugal, Reino Unido, Italia. El transporte no se realizaba en camiones herméticos y se producían derrames constantes en las carreteras, además de accidentes y derrames de la carga al completo, produciendo situaciones de peligro para núcleos de población como ocurrió en Aguafría, en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde hubo que evacuar una buena parte de la aldea. “Precisamente fue por un accidente en el que volcó un contenedor, que tuvimos conocimiento de que Italia tenía previsto traer 90.000 toneladas de nerofumo -un residuo de combustión de petróleo, considerado como susceptible de provocar cáncer- de un vertedero clausurado allí por la Unión Europea por irregularidades, y 25.000 de esas toneladas acabaron en Nerva”, denuncia Juan Romero.
La Autorización Ambiental Integrada ha sido modificada sucesivamente durante los años sucesivos para incluir nuevos tipos de residuos peligrosos y actividades inicialmente no previstas, hasta un listado que abarca 21 páginas. Es decir, que a día de hoy al vertedero de Nerva se puede echar de casi de todo menos material radiactivo.
En 2012, la Junta de Andalucía declaró que el vertedero estaba colmatado desde hacía dos años según la capacidad para la que fue diseñado. Pero siguió funcionando y en 2014, con los vasos de residuos peligrosos llenos, se aprobó una modificación sin participación pública que ha permitido depositar amianto, material altamente peligroso y cancerígeno, en una celda dentro del vaso de no peligrosos, según denuncia Ecologistas en Acción.
Para el portavoz en Huelva de Ecologistas en Acción “la gestión es muy deficiente por no decir inexistente, ya que se dan incontables reacciones exotérmicas, produciéndose incendios y grandes humaredas; se crean enormes polvaredas en las operaciones de descarga y en el transporte dentro de las instalaciones; y se producen filtraciones y vertidos directos al cauce del río Tinto”. Juan Romero recuerda que incluso hubo una denuncia del Seprona de la Guardia Civil, que encontró al director de la planta y tres operarios de madrugada en la Semana Santa de 2011 bombeando aguas de un vaso del vertedero directamente al canal de desagüe al río Tinto. “El Juzgado de Instrucción abrió diligencias y, curiosamente, las causas por lo Penal fueron todas archivadas”, relata. Pese a las denuncias por irregularidades y presuntos delitos realizada por organizaciones ecologistas con el vertedero, lo cierto es que nunca han supuesto sanciones conocidas.
En el momento actual, el vertedero de Nerva está colmatado y sobrepasado. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha sacado a información pública en abril, coincidiendo con el estado de alarma por la pandemia de la Covid-19, la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, debido a que DSM Soluciones Medioambientales de Ditecsa, la empresa gestora desde 2017, propone un proyecto que denomina “de mejora”. Un plan que para Ecologistas en Acción “consiste en una ampliación tanto del volumen de residuos tóxicos que se pueden enterrar, como del tiempo de funcionamiento de la instalación”. De esta manera, denuncian, “se convertiría en una instalación permanente, como un supermercado de residuos”. En efecto, el proyecto planea crear cuatro líneas de negocio nuevas: una planta de fabricación de combustibles sólidos de sustitución a partir de disolventes, piezas de fragmentadora de vehículos fuera de uso y otros residuos, para venderlos fundamentalmente a la industria cementera; una caldera de biomasa que admite cualquier tipo de residuos orgánicos, incluidos neumáticos; una planta de tratamiento de residuos líquidos externos de cualquier tipo de industria; y una planta de tecnosuelos, que consiste en la descomposición al aire libre, mezclado y secado de residuos animales, cenizas, lodos de depuradoras y de la industria papelera entre otros, para crear un suelo artificial.
La propiedad empresarial del vertedero ha ido cambiando en estos años de unas manos a otras. Desde que fue creado mediante una subvención de la Junta de Andalucía como el Complejo Ambiental SA, formado por Abengoa y Terraire, paso a manos de Befesa, filial sevillana de Abengoa, en su rama ambiental años después. En 2013 un fondo de inversiones con domicilio en la Isla Jersey, compró Befesa, incluyendo su línea de medio ambiente y Befesa Gestión de Residuos Induatriales (BGRI) por 1.074 millones de euros. A finales de 2016 la vendió por 1.400 millones de euros. En 2017, la compañía Diseño y Proyectos Técnicos (Ditecsa) adquirió el 100% de la división de gestión de residuos industriales de Befesa (BGRI). En septiembre de 2019, Ditecsa aprobó un plan de viabilidad financiera para los próximos 5 años, pero posteriormente presentó un ERE extintivo que afecta a 60 trabajadores en Andalucía (en Sevilla y en el centro de Nerva, en Huelva). Para los representantes de los trabajadores “este Expediente de Regulación de Empleo supone un incumplimiento del Plan de Viabilidad aprobado para levantar el concurso de acreedores”.
