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El exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías. / EFE
La jueza María Núñez, que instruye la causa del fraude de los ERE, ha abierto una nueva pieza separada centrada en las sobrecomisiones que cobraban las mediadoras de los ERE, supuestamente por encima del precio de mercado, y que eran financiadas por la Junta de Andalucía. El auto, hecho público esta mañana, apunta como principal responsable de fijar el precio de las sobrecomisiones a Gaspar Zarrías, exconsejero de la Presidencia de los gobiernos de Manuel Chaves. Zarrías, que ya está siendo investigado (antes imputado) en la pieza política de los ERE por delitos de prevaricación administrativa, aparece ahora en esta nueva investigación sobre “hechos que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación y malversación, al haberse determinado, y pagado por la Junta, primas de póliza y porcentajes de comisión al parecer muy superiores al precio de mercado”, reza el auto. Núñez incoa diligencias previas y da traslado de la nueva pieza investigada al Ministerio Fiscal.
“La cuantificación de la prima”, explica la juez”, sería “el instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervienen en el proceso se garantizarían una participación presuntamente ilícita en el reparto de los fondos de la Junta”. Estas sobrecomisiones “derivarían del hecho puesto de manifiesto en el estudios de las pólizas de rentas y de capital – no sólo en ayudas sociolaborales sino encubriendo ayudas directas empresas (Aglomerados Morell) , pagos de compromisos asumidos (FCC y CESPA) o directamente pagos de deudas previas de empresas (comercial Dhull) – de importes de primas pagados por la Junta.
Núñez no atribuye ningún delito específico a Zarrías, pero le incluye como presunto responsable del pago de las sobrecomisiones de los ERE, junto a otras 15 personas imputadas, responsables públicos y sindicales: el exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, epicentro de la trama fraudulenta; el sindicalista Juan Lanzas, llamado el conseguidor, porque mediaba entre la Administración, las auditoras y las empresas en crisis; el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; Antonio Garrido Santoyo; Damián Jiménez; Luis Javier García de los Reyes; Mariano Martínez; Antonio José Albarracín; Jesús María Bordallo; José González Mata; Eduardo Leal del Real; Beatriz Núñez; Ismael José Sierra y Carlos Leal.
La pieza central del caso ERE ya recogía un apartado concreto sobre las sobrecomisiones que se repartieron las consultoras Uniter y Vitalia, cuyos responsables están imputados en la causa, y que pudieron repartirse alrededor de 66 millones de euros en primas. La Junta pagaba comisiones a las empresas que intervenían en la tramitación de un expediente de regulación de empleo, era una práctica habitual, pero la media del mercado de estas pólizas rondaba el 2 por ciento, mientras que la Consejería de Empleo pagó durante años a las consultoras hasta el 20 por ciento del precio del expediente, según consta en la investigación. Las comisiones, además de estar infladas, contenían irregularidades, como el abono de primas a varios mediadores por una misma póliza o los aportes realizados sin que conste un contrato.
Estos abonos se hacían a través de las aseguradoras y la Junta los asumía entonces como imprescindibles para culminar los ERE, aunque el Gobierno andaluz los eliminó cuando saltó la investigación de Alaya que considera estas sobrecomisiones una pata esencial del fraude.
