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José Fiscal, consejero de Medio Ambiente, interviene en el consejo de participación del Parque Natural de Doñana. / Julián Pérez (Efe)
«El último informe del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del Gobierno central) es muy grave, confirma lo que muchas voces decían acerca de los riesgos sísmicos de introducir gas bajo Doñana y este informe de una organización de tanto prestigio la tenemos en cuenta. Por eso vamos a pedir al Ministerio [de Medio Ambiente] que retire las cuatro evaluaciones de impacto ambiental [en las que se divide el proyecto de gasoducto de Gas Natural] y haga una sola evaluación para todo el proyecto. Y al Ministerio de Industria la paralización oficial del proyecto Marismas Occidental. Si no se hace, iremos a los tribunales».
El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, subió así un grado la oposición que ya venía manteniendo la Junta de Andalucía al proyecto de Gas Natural de almacenar gas en el subsuelo de Doñana y de construir un oleoducto que atraviesa el Parque Nacional, una oposición que ha encontrado más razones en un reciente informe del CSIC que alerta tanto del riesgo de que se repitan episodios como los de la plataforma Castor en el Mediterráneo –que provocó cientos de terremotos en la costa de Castellón hace unos años– como de la circunstancia de que cuatro evaluaciones de riesgo ambiental diferentes en sendos tramos del proyectado oleoducto pueden ofrecer un resultado que no correspondería con el análisis del proyecto gasista en su conjunto.
Uno de los actores interpelados, el Gobierno, expresó a través de su delegado en Andalucía, Antonio Sanz, que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital solicitó «expresamente» al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) un estudio de sismicidad para el proyecto de Doñana.
En declaraciones a la agencia Europa Press, Sanz explicó que el IGME estableció en su informe una serie de condiciones que «debía cumplir» la constructora del almacén de gas para garantizar que no hubiese riesgos sísmicos y que la empresa adjudicataria «introdujo las modificaciones que recibieron el visto bueno del IGME». «Precisamente, esas especificaciones incluyeron que los gasoductos fueran diseñados conforme a un estándar específico resistente a la sismicidad», añade.
Sanz precisó que una vez «obtenido este visto bueno» del IGME, con la declaración de impacto ambiental favorable del Ministerio de Medio Ambiente y la autorización ambiental unificada de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Energía validó el proyecto de Marismas Occidental, el único de los cuatro que cuenta con autorización y en fase de ejecución.
El otro de los aludidos por el consejero, Gas Natural, manifestó a través de su gabinete de comunicación que no efectuará declaraciones.
Otras organizaciones, como Ecologistas en Acción, se congratularon de que Fiscal se haya «sumado» a las tesis que defienden desde hace años. También Podemos Andalucía asimismo celebra que el gobierno andaluz «dé marcha atrás» con el almacén de Gas Natural, espera «que no se quede en el anuncio» y lamenta «el tiempo perdido».
Órgano no vinculante
Fiscal realizó estas declaraciones antes de intervenir en el consejo de participación del Parque Natural de Doñana, un órgano consultivo no vinculante que se reúne dos veces al año y en el que participan todas las administraciones y todos los agentes sociales y científicos vinculados al espacio de Doñana.