La Junta restituye a la directora de Minas tras el archivo del caso Aznalcóllar

El Consejo de Gobierno ha restituido en su puesto a la exdirectora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio Coto, que fue cesada de forma fulminante el pasado agosto tras ser imputada por un posible delito de “prevaricación administrativa” en la adjudicación del concurso minero de Aznalcóllar (Sevilla). El nombramiento se produce apenas unas horas después de que la jueza de instrucción número 3 de Sevilla haya archivado “provisionalmente el caso”, y retirado la imputación a Asensio y a otros seis cargos de la Junta. Tres meses después de dictar un duro auto en el que advertía irregularidades en la adjudicación para la explotación del yacimiento minero a la empresa México-Minorbis, la magistrada cierra la vía penal del caso al entender que “el procedimiento observado ha sido el correcto» y que no se puede apreciar que se haya cometido un delito de prevaricación. El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, ha recordado este martes que el Gobierno andaluz siempre defendió la “inocencia” de Asensio y ha explicado que restituirla en su puesto es un “acto de justicia”. Además, Vázquez ha exigido una “rectificación” a los partidos de la oposición que “han hecho un uso partidista de la investigación sobre Aznalcóllar” y ha avanzado que el gabinete jurídico de la Junta estudia posibles acciones legales contra quienes han dañado la imagen de Asensio y del resto de empleados públicos imputados. “Se ha manchado injustamente el nombre de los funcionarios públicos, envueltos en un litigio que ha empañado sus nombres. ¿Quién paga ahora el daño causado? ¿Quién paga por haber dejado la mina cerrada seis meses frenando las expectativas de trabajo de muchas personas?”, ha dicho. Tanto PP como Podemos se han ratificado hoy en sus palabras y mantienen que el procedimiento estuvo lleno de irregularidades.

La investigación judicial y el auto de la Guardia Civil, que apuntaba a un posible amaño del procedimiento de adjudicación de la mina a partir de una denuncia interpuesta por la otra empresa que concursó, se hizo pública justo cuando el PSOE negociaba con el resto de grupos su apoyo a la investidura de la presidenta Susana Díaz, que se prolongó 80 días. Ciudadanos, el partido que finalmente facilitó el nombramiento de la socialista, así como el resto de fuerzas políticas denunciaron el supuesto fraude en la concesión de los derechos de explotación minera, y exigieron la destitución inmediata de los cargos públicos imputados en la causa. El inicio del caso Aznalcóllar tuvo dos consecuencias inmediatas: primero la Junta, sin que se lo pidiera la jueza, ordenó la suspensión cautelar de la explotación minera hasta que se esclareciera el asunto (la mina y la contratación de cientos de personas ha estado paralizada seis meses); segundo, destituyó a Asensio, a pesar de defender desde el principio su inocencia, porque la presidenta Susana Díaz se había comprometido a que no habría ningún imputado en su Gobierno. “Se actuó conforme al protocolo de la Junta y atendiendo a la realidad política del momento”, ha aclarado Vázquez, que sostiene que la ciudadanía y “los medios de comunicación” no habrían entendido que la Junta mantuviera en su puesto a Asensio tras haber sido imputada. “La política tiene esas cosas. Existe una realidad social más exigente y la presidenta tiene un compromiso ético de no aceptar en su Gobierno a imputados por un delito público”, advirtió.

El pasado 4 de agosto, el Gobierno andaluz destituyó a la directora general de Minas en cuanto fue imputada junto a otras seis personas, pero a la vez, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, se mostró seguro de su inocencia, y adelantó que no nombraría a un sustituto y que esperaría a que la jueza desactivara el caso, como finalmente ha ocurrido.

Asensio declaró ante la jueza el pasado 17 de septiembre y un mes después se levantó su imputación y se dio carpetazo al asunto. La decisión de la jueza cierra la vía penal a la investigación, pero existe la posibilidad de que la empresa demandante retome el asunto por la vía contencioso administrativa. “Esto es lo que es: hubo un concurso público objetivo y transparente en el que participaron dos empresas y una de ellas ha elevado el asunto a lo penal. Pero aquí estamos a las puertas de un contencioso administrativo”, auguró entonces el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, para dejar claro que no se estaba ante un asunto de corrupción política. Aun así, el caso levantó muchas críticas y muy duras por parte de los grupos de la oposición, principalmente el PP y Podemos. El líder popular, Juan Manuel Moreno, repitió hasta la saciedad que estábamos “ante un caso de corrupción de libro”, “el primero que se conoce bajo el mando de Susana Díaz”. Este martes Moreno criticó que se cierre el capítulo de Aznalcóllar sin que la presidente haya dado explicaciones. Por su parte, el diputado de Podemos, Juan Moreno Yagüe, insistió en que “el asunto no está cerrado, aunque el Gobierno lo dé por zanjado”. “El archivo es provisional, no definitivo. Evidentemente irregularidades hubo”, asegura.

Susana Díaz se había comprometido a que no hubiera imputados por corrupción en su Gobierno, de ahí el cese fulminante de Asensio. Además, la investigación y posterior imputación de la directora general de Minas hizo que Ciudadanos, el partido que sostiene al Ejecutivo socialista, le recordara a la presidenta el acuerdo anticorrupción que habían firmado juntos, que impedía tener imputados en cargos públicos. Así es como dimitieron los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que renunciaron a sus escaños en el Congreso y en el Senado tras ser imputados de varios delitos en el caso de los ERE irregulares. “El cese [de Asensio] se adopta a pesar del pleno convencimiento de la Junta de la legalidad de la actuación de la directora general de Minas”, explicó el pasado agosto Jiménez Barrios.

Asensio ha lamentado esta mañana, en la cadena Ser, la “paliza mediática” que ha sufrido a raíz de una denuncia por la vía penal “sin fundamento”. “Era clarísimo que esto no iba a ninguna parte, si acaso, a una discrepancia administrativa”, ha advertido.