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La exasesora de la dirección general de Trabajo María José Rofa llega a los juzgados. / José Manuel Vidal (Efe)
La Junta de Andalucía alega que el mantenimiento «durante tanto tiempo de una conducta irregular en el seno de la dirección general de Trabajo» que concedía las ayudas investigadas en el caso ERE fue posible por la creación de una «estructura paralela sin funcionarios».
«Ningún funcionario público protegido por prerrogativas como la inamovilidad y dotado de presunción de legalidad en su actuación (a diferencia de otros empleados) podía ser compelido a realizar los hechos investigados», señalan los letrados de la Junta en un recurso de apelación contra el archivo de la causa sobre las ayudas dadas al centro geriátrico del Obispado de Córdoba respecto a la exasesora de Empleo María José Rofa.
Rofa es una testigo clave en el caso ERE que declaró esta semana en el juicio de la pieza política contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que, según su testimonio, tenían «información continua» de los conflictos laborales, las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que se daban en la dirección de Trabajo para paliarlos y a qué se destinaban.
Ella misma estuvo investigada en cinco piezas separadas del caso, dos de ellas ya archivadas de forma definitiva para ella, otras dos pendientes del recurso de apelación a la Audiencia por parte de las acusaciones –entre ellas la Junta– y una aún sin archivar por las ayudas a la empresa A Novo.
En el caso de su participación en las ayudas otorgadas al centro geriátrico del Obispado de Cádiz, archivada por la instructora María Núñez y en la que también fue investigado el obispo emérito Antonio Ceballos, la Junta recurrió el archivo de la causa respecto a Rofa y a Jesús Andrés Rodríguez Muñoz, decretado por Núñez el pasado febrero.
En el recurso, al que ha tenido acceso Efe, los letrados de la Junta señalan que «la dirección general de Trabajo, primero con el señor [Javier] Guerrero y después con el señor [Juan] Márquez se dotó de una estructura paralela, sin funcionarios públicos, integrada por personas contratadas como la señora Rofa, el señor Rodríguez Muñoz o el señor [Ramón] Díaz Alcaraz» para mantener una «conducta irregular».
Alega que ello no hubiera sido posible con funcionarios «a los que la ley protege de represalias en caso de que se nieguen a infringir el ordenamiento jurídico».
En concreto, señala a Rofa como «mano derecha del señor Márquez» y como tal, en la tramitación de las ayudas, «actuaba al margen de cualquier procedimiento administrativo». Tanto Rofa como Rodríguez Muñoz «asumieron directamente» junto con su jefe «la interlocución con las empresas, sindicatos, mediadoras y aseguradoras y la decisión de incluir de incluir a unas personas u otras entre los beneficiarios de las pólizas de prejubilación o conceder las ayudas», señala la Junta en su recurso.
La defensa de Rofa, en sus alegaciones al recurso de la Junta, niega cualquier capacidad de decisión de la testigo sobre la concesión de las ayudas y critica que considere a todo personal no funcionario «presuntos delincuentes», tras recordar que en el gobierno andaluz hay «23.899 empleados públicos» de la conocida como «Administración paralela».
Denuncia asimismo que los argumentos de la Junta apunten «a que puedan en cualquier momento y en cualquier departamento crearse una estructura paralela, lista y totalmente engrasada para resolver los trabajos más siniestros dentro de la Administración. Es decir, casi un sindicato del crimen».