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Adelaida de la Calle en su comparecencia de este martes ante los medios de comunicación. / Efe
El Gobierno andaluz tiene de plazo hasta el próximo 3 de julio para responder al requerimiento que le ha remitido el Ministerio de Educación advirtiéndole de que el modelo alternativo a la prueba externa de evaluación que Andalucía va a aplicar en 6º de Primaria «incumple la ley a sabiendas». El departamento de Íñigo Méndez de Vigo prepara el terreno a un recurso contencioso administrativo contra Andalucía por incumplir el real decreto de evaluaciones, que regula las llamadas reválidas. «Espero que no lleguemos a eso», ha asegurado este martes la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, tras la reunión del Consejo de Gobierno. La consejera se ha mostrado convencida de que el ministro dará marcha atrás «cuando lea nuestro razonamiento lógico» y que «no pasará nada». En todo caso, De la Calle ha advertido a Méndez de Vigo que «un ministro en funciones debe tener cautela en la toma de decisiones, porque hay cosas que puede hacer y otras que no». La Junta ha retrasado la implantación de la Lomce, una ley de la que abomina y que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, pero a la vez sostiene que no será insumisa.
El Ministerio no lo le así, y denuncia que la fórmula alternativa que ha ideado Andalucía –un informe individualizado por alumno, realizado por sus propios maestros y vigilado por una comisión externa- no se ajusta a lo establecido en la ley. El requerimiento, sostienen desde el Ministerio, es una figura administrativa previa a una denuncia en los tribunales. De la Calle se queja de que el ministro amague con un recurso contencioso administrativo «sin ni siquiera haber leído nuestros argumentos». La Alta Inspección Educativa ya remitió una carta a la consejería dándole de plazo diez días para aclarar si haría o no la reválida. Antes de responder, la Junta ya había remitido a los colegios andaluces unas instrucciones con su propuesta alternativa, y es precisamente sobre esas instrucciones sobre las que el Gobierno central interpondrá un recurso ante el juez en el plazo de un mes.
La Junta confía en que para entonces, apenas una semana después de las elecciones generales del 26 de junio, el panorama político nacional habrá cambiado, y la Lomce penderá de un hilo (todos los partidos, excepto el PP, han prometido paralizarla o derogarla). Habrá que ver si en el tiempo de descuento, y con un Gobierno en funciones, Andalucía se enfrenta a un recurso judicial por no haber realizado la reválida en sus colegios, y qué repercusiones tiene esto. De la Calle ha recordado hoy que 14 comunidades autónomas, incluidas algunas gobernadas por el PP, han desarrollado un modelo de evaluación en 6º de Primaria basándose en interpretaciones propias, no ajustadas estrictamente a lo dispuesto en el real decreto. «Espero que todas las comunidades que han hecho una interpretación diferente de la prueba tengan el mismo tratamiento por parte del Ministerio de Educación», avisa la consejera.