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El director del Portal de Transparencia, Manuel Medina, el pasado jueves en su despacho. / Manuel Gómez
«La Ley de Transparencia hubiese evitado muchos casos de corrupción»
El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el mes de enero el nombramiento de Manuel Medina Guerrero (Sevilla, 1962) como director del Consejo de Transparencia tras haber sido designado por el Parlamento con los votos a favor de PSOE, PP y C’s
—La transparencia se presenta como el antibiótico capaz de curar los males de la política y lo público.
—El tema de la transparencia es algo que se ha fomentado en Europa desde los años 90. España se incorporó un poco tarde a esa corriente. El objetivo es recuperar la confianza de los ciudadanos hacia la acción de gobierno, que tome las riendas de la cosa pública, que vuelva a ser el que controle. El ciudadano puede pedir lo que sea, sin motivar. ¿Cómo?, básicamente haciendo algo que parecía muy obvio pero que no se había alcanzado, acceso directo de los ciudadanos a la información dentro de la administración pública, que siempre ha sido el sector de los sectores públicos con más tendencia a la opacidad.
—¿Esa opacidad conduce a la corrupción?
—Ha habido lagunas, efectivamente. Si una norma como la Ley de Transparencia hubiese estado activa hace 15 años atrás, estoy seguro de que muchos casos de corrupción no se hubiesen producido. Impedir la corrupción es imposible, pero reducir las posibilidades es innegable.
—Hemos escuchado esta semana en la comisión de investigación de los cursos de formación quejas por la falta de medios económicos y humanos. ¿Cuenta el Consejo con suficientes?
—En principio estoy bastante satisfecho. Estamos barajando un número de entre 20 y 25 personas dentro del Consejo. Esto es antes de asumir la competencia sobre protección de datos porque después de asumirla necesitaremos una ampliación sustancial de la plantilla porque es una tarea compleja.
—¿Está satisfecho con la ley?
—Es la ley más contundente que existe en España en materia de transparencia. La legislación andaluza va mucho más allá que la norma estatal en temas como por ejemplo la publicidad activa.
—Llega una queja al Consejo. ¿Cuál es entonces el procedimiento a seguir?
—Nosotros instamos el procedimiento sancionador en caso de que veamos un incumplimiento. Luego es tramitado por las organizaciones pertinentes que están obligadas a iniciar ese proceso sancionador. La sanción máxima, de cargos políticos, en casos muy graves, es la destitución de ese cargo y la prohibición de que asuma un cargo semejante en los tres años siguientes.
—¿Han recibido ya quejas?
—Tenemos más de 50 reclamaciones ya interpuestas por los ciudadanos. Tenemos una bolsa importante de quejas y vamos a comenzar con su tramitación en fechas muy próximas. Son muy variadas y afectan especialmente a la Junta de Andalucía.
—¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha encontrado?
—Poner en marcha esto en municipios pequeños y con poca capacidad de gestión, en los que si no hay un apoyo institucional va a ser muy difícil que puedan cumplir con las exigencias de la ley.
—En un momento en el que se debate sobre el futuro de las diputaciones, el Consejo necesita una institución que esté a cargo de los municipios pequeños.
—Uno de los objetivos primeros que me he marcado es ir a las diputaciones para ver qué están haciendo para facilitar la tarea.
—¿Teme presiones políticas?
—Más que preocuparme, sé que puede haber. Haber sido elegido en el Parlamento sin la oposición de ningún grupo político me da cierto respaldo. Frente a las presiones lo único que se puede hacer es no ceder y hacer lo que tienes que hacer. Este órgano trabaja casi como un tribunal de justicia, fallamos en derecho. Tenemos una ley y tenemos que aplicarla.
—Podemos presentó una iniciativa para que el Portal de la Transparencia incluyera todas las cuentas bancarias con las que la Junta opera, pero el Parlamento la rechazó.
—Yo no conozco esa experiencia en ningún otro país en derecho comparado. No sé si sería buena o no, novedoso seguro. No hay precedentes.
—¿Habría que blindar la transparencia en una futura reforma de la Constitución?
Sí. Esa sería una forma de avanzar o de plasmar en el articulado de la Carta Magna la sociedad avanzada que recoge el preámbulo. Ya está como derecho fundamental, aunque no se interprete así por el legislador estatal, pero podría explicitarse y reconocerse.