La ley que blinda servicios sociales no convence por depender de la economía

Aunque públicamente solo IU ha mostrado su rechazo al Proyecto de Ley de Servicios Sociales y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) –que aglutina al 70 por ciento de las entidades que trabajan en el sector– ha pedido expresamente a todos los grupos que apoyen la norma, lo cierto es que el texto actualmente en trámite parlamentario despierta dudas en el propio Cermi, en los sindicatos e incluso en el Consejo Económico y Social (CES) por el mismo motivo: las prestaciones garantizadas, que la Junta vendió a bombo y platillo como derechos subjetivos que la ciudadanía podrá exigir en los tribunales, estarán sujetas «a la asignación de recursos, la situación económica o el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria». En la práctica, estas entidades consideran que ello equivale a dejar sin efecto el blindaje de las ayudas sociales que la Junta anunció.

Sindicatos y Cermi han presentado alegaciones a la redacción actual del texto y el presidente del Cermi, José Manuel Porras, aseguró que incluso el PSOE se ha comprometido con ellos a modificar esa salvedad en la tramitación parlamentaria. «Se va a cambiar sí o sí porque no lo vamos a consentir», aseveró. Por su parte, el Consejo Económico y Social (CES) –cuya valoración es preceptiva pero no vinculante para todos los proyectos de ley– ha emitido un informe favorable al texto, al que ha tenido acceso este periódico, si bien entre las objeciones que plantea reclama que se incluya la «garantía de los recursos y de la financiación suficiente» para las prestaciones catalogadas como garantizadas en la norma entre las que, además, echa en falta la renta básica, uno de las reclamaciones que también hace UGT en sus alegaciones.

El CES critica además que la memoria económica presentada con la norma «está sustentada en los presupuestos de 2014 que en el momento actual resultan insuficientes para poner en marcha la ley». También denuncia que la norma remite demasiado a un desarrollo reglamentario posterior y fija plazos indeterminados. El texto esboza que entre las prestaciones garantizadas –aquellas teóricamente blindadas como derechos subjetivos– estarán las de la ley de dependencia, la protección de los menores en desamparo y víctimas de violencia de género, «la atención inmediata en situaciones de urgencia social» y «las prestaciones económicas y directas orientadas a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social» –UGT ve inconcreción en esta definición–. Pero remite al futuro Catálogo de Prestaciones Sociales, al igual que para detallar las prestaciones condicionadas – «sujetas a la disponibilidad de recursos»– que según recoge la propia norma deberá aprobarse en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley, al igual que el Mapa de Servicios Sociales que recogerá su distribución por zonas y el Plan Estratégico de Servicios Sociales.

Concierto social

Uno de los aspectos más valorados por Cermi, que sin embargo es rechazado por IU y la patronal aunque por distintos motivos, es la regulación del concierto social por el que, para prestar aquellos servicios a los que la administración no llega por sus propios medios, permite la participación de entidades privadas mediante adjudicaciones públicas en las que será un «requisito» y no «un simple mérito» que la entidad que concurra tenga una trayectoria en la atención al colectivo en cuestión y la presencia en la zona de servicios sociales concreta. El objetivo es que las entidades sociales que llevan años trabajando en el sector tengan prioridad frente a la llegada de grandes empresas sin presencia anterior pero con capacidad para realizar mejores ofertas económicas. De hecho, la ley recoge que en igualdad de condiciones entre varios concurrentes «se dará prioridad a las entidades sin ánimo de lucro» y especialmente a aquellas declaradas «de interés social». También puntuará que aplique a su plantilla medidas de conciliación, la paridad de sus órganos directivos y que reinvierta parte de sus recursos económicos en la mejora del sistema de atención social.

La patronal se opone a estas ventajas para las entidades sin ánimo de lucro mientras que IU lamenta que se renuncie a unos servicios sociales mayoritariamente públicos. El CES alerta de que el concierto social es un «nuevo tipo de contratación pública» que requeriría de una «regulación propia».