La Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto Ley 2/20, de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, que afecta a la industria audiovisual andaluza en muchos aspectos.
Entre las medidas del decreto sobre la ley Audiovisual de Andalucía, aprobada por unanimidad en la anterior legislatura, destacan:
- El permiso para que las empresas privadas puedan gestionar las emisoras públicas locales. “Se elimina la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local del artículo 46.1 de la citada Ley”. Además, permitirán “a las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público para el que se les ha otorgado concesión”, así se refleja en el BOJA.
- La eliminación de la prohibición de que la publicidad institucional se emita en radios no reguladas. “Se elimina la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicación audiovisual que no dispongan del correspondiente título habilitante”, exponen.
- La eliminación de “la obligación de disponer de estudios de producción operativos en el ámbito territorial del servicio de comunicación audiovisual”.
Andalucía ha aprobado esta reforma legal con los votos del PP, Cs y Vox, pero con el rechazo de Adelante Andalucía y PSOE, que avisan de que recurrirán la aprobación de este decreto ley al Tribunal Constitucional.
Asimismo, esta modificación ha sido denunciada por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial y por asociaciones de la prensa, organizaciones sociales, facultades de comunicación y sindicatos. Estas organizaciones denuncian “la ruptura de los consensos políticos y sociales que llevaron a la aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía (2018) y que convirtió a la Comunidad andaluza en un referente en políticas audiovisuales a nivel estatal”. También, “las formas con las que ha actuado el gobierno de la Junta de Andalucía, llevando a Diputación Permanente y en pleno Estado de Alarma por el COVID-19 importantes cambios sin debate alguno”, afirman estas organizaciones en un comunicado.
Carta a Juanma Moreno
FACUA, junto a una veintena de organizaciones andaluzas, denuncian que la Junta haya realizado “un cambio de modelo de actividad económica por decretazo y sin contar con la participación de los agentes sociales”. Por ello, han remitido sus reclamaciones por escrito al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, donde advierten que “el trámite utilizado ha obviado elementos de participación ciudadana que entendemos esenciales para una modificación de tal calado en la regulación andaluza. Para ello, necesitamos que se nos dé la oportunidad de realizar las aportaciones que consideramos necesarias para la correcta y óptima aplicación de la referida reforma normativa. A sabiendas de que ya ha entrado en vigor, pero al no haber sido aún convalidado por el Parlamento de Andalucía, estamos a tiempo de su retirada”, explican en el texto de la carta.