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Reunión de la comisión de investigación sobre los cursos de formación, presidida por Julio Díaz. / Efe
Fue el 31 de mayo cuando la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cerró el ciclo de comparecencias en la comisión de investigación parlamentaria sobre el presunto fraude en los cursos de formación. 112 días han tenido los grupos de la Cámara para redactar sus conclusiones, aunque el ente fiscalizador podría prorrogar el plazo, que acaba hoy a las siete de la tarde, una semana más a petición de Podemos e IU. El PP-A fue ayer el primer partido en presentar su informe final, pero «no se opone radicalmente» a que el resto de fuerzas cuenten con siete días más de margen para su registro en la Cámara.
Pese a que todavía no se conocen los detalles de las conclusiones de los otras cuatro fuerzas, sí se puede adelantar que los partidos de la oposición (PP-A, Podemos, C’s e IU) coinciden en que los cursos de formación sirvieron para enriquecer a la «red clientelar» del PSOE-A. «Las ayudas fueron utilizadas para esa red clientelar, que además contribuyó a la desindustrialización de Andalucía sin crear un modelo productivo alternativo», señalaron fuentes de IU como bosquejo de lo que será su documento definitivo. «En la formación hay un paralelismo claro con el caso ERE. Son ejemplos de la manera de gobernar del PSOE-A. Déficit en el control, falta de medios humanos y materiales, y una concesión de ayudas vinculadas a la red clientelar del PSOE», apuntó ayer la diputada popular Teresa Ruiz Sillero en la presentación de las conclusiones de su partido.
Desde C’s, su representante en la comisión, Marta Bosquet, tiene claro que «ha existido negligencia política desde el momento en el que las subvenciones no han ido destinadas a su fin». Podemos, por su parte, también insiste en el «evidente desinterés por ejercer un verdadero control en la concesión de las ayudas hasta el año 2011». Por contra, el PSOE-A considera que «a lo largo de esta comisión de investigación, se ha puesto en evidencia que no existía ningún tipo de trama».
La última fase de la comisión de investigación sobre los cursos de formación corre en paralelo al más que probable archivo en los próximos días de la pieza política abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en la que están acusados 24 responsables socialistas de la Junta de Andalucía. La oposición recalca que pese al archivo judicial de posibles responsabilidad penales quedan por determinar las políticas.
Responsabilidad de Díaz
El PP-A cifró ayer en 35 los altos cargos de la Junta de Andalucía que estuvieron implicados en la gestión de estas ayudas. Apunta a Susana Díaz, los dos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los actuales consejeros de Hacienda y Empleo. María Jesús Montero y José Sánchez Maldonado; el exconsejero de Educación, Luciano Alonso; cuatro exconsejeros de Empleo (Viera, Fernández, Ávila y Recio); ocho viceconsejeros de Empleo y gerentes del SAE; seis directores generales de Formación Profesional; el director general de la extinta FAFFE; y diez delegados provinciales de Empleo con competencia en materia de Formación Profesional para el Empleo.
La Junta de Andalucía repitió desde que se aprobó la creación de la comisión y en el momento que algunos grupos insistieron en pedir la comparecencia de la presidenta en que la solicitud obedecía «únicamente a un intento de los partidos de la oposición por instrumentalizar la comisión», pues se apuntaba a que en el período (entre 2002 y 2012) la actual presidenta de la Junta de Andalucía no formaba parte del Gobierno autonómico. El PP, ante este argumento, recuerda que el periodo investigado es desde 2002 hasta la actualidad.
Ruiz Sillero consideró ayer que existen «15 hechos probados que demuestran la implicación de la actual presidenta en la gestión de los cursos de formación. Entre ellos citó la falta de colaboración en la comisión, la paralización de los cursos durante cinco años, la pérdida de fondos europeos, su falta a la verdad ocultando la relación directa de familiares con estas ayudas o no actuar para recuperar el dinero defraudado.
Ciudadanos sitúa el nivel de responsabilidad «en el Consejo de Gobierno y los expresidentes anteriores». Sin embargo, Marta Bosquet es «rotunda» al considerar que no existe responsabilidad política por parte de Susana Díaz. Podemos centra la implicación de la presidenta «en cortar la formación para el empleo en la comunidad con la mayor tasa de paro del país. Eso es una brutalidad», apunta el portavoz del grupo morado en la comisión Juan Ignacio Moreno Yagüe.
IU no ha querido adelantar hasta qué nivel y época eleva esas responsabilidades, pero distingue «entre unas más y menos directas». Sí que deja claro que existe responsabilidad política en quienes diseñaron las órdenes por las que se concedían las subvenciones y en quienes establecieron los procedimientos de selección, asignación y fiscalización, y eso se llama «Consejo de Gobierno», apuntan desde la coalición de izquierda.
En las antípodas de la oposición, el PSOE reitera que « las comparecencias y el estudio pormenorizado de los expedientes no concluyen ningún tipo de responsabilidad política en nuestra comunidad autónoma, ni de los funcionarios, ni de los cargos políticos de la Junta en este caso».
El PP recordó ayer que PSOE y Ciudadanos bloquearon la comparecencia de la consejera de Hacienda María Jesús Montero, y ayer los populares subrayaron su responsabilidad política. Según Ruiz Sillero, la consejera recibió «hasta nueve informes de actuación (en uno de ellos se señalaba menoscabo de fondos públicos) y no tomó medidas adecuadas». La diputada del PP planteó que la defensa de José Antonio Griñán en el caso ERE justificó la no responsabilidad del expresidente en que no tuvo conocimiento de los informes de actuación en los que se alertaba de irregularidades.
El PSOE respondió ayer con dureza a las conclusiones que fueron presentadas por el PP. Los dos representantes socialistas en la comisión, Marisa Bustinduy y Rodrigo Sánchez Haro, remitieron un comunicado en el que reprocharon al PP «no querer ver la verdad. Hace el ridículo al intentar mantener a toda costa su estrategia de mentiras». Los socialistas ponen sobre la mesa que la Fiscalía Anticorrupción determinó que «las exceptuaciones son legales y los juzgados están archivando las causas abiertas en distintas provincias».
Los partidos coinciden en que la comisión de investigación ha resultado útil, aunque con matices. El PP, por ejemplo, señala dos «agujeros negros» que no se han tocado : la FAFFE y los consorcios de formación. Podemos insiste en la «falta de voluntad» de la Junta para hacer llegar la información, mientras que Ciudadanos lamenta el «circo» que han montado PP y PSOE durante los trabajos, mientras que por el contrario destacó el papel de Podemos e IU